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Joaquín Salazar
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El proyecto gubernamental denominado “Control Territorial”, que en su primera fase recuperará el control en doce municipios, inició a las cero horas de este jueves 20 de junio, acción que a juicio del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, “permitirá dar un golpe a las finanzas de los terroristas, detener las extorsiones y debilitar a las estructuras criminales”.
Rivas, explicó que esta serie de medidas que se implementan se basan en tres ejes del Plan Cuscatlán, acciones realizadas de manera conjunta con la Fuerza Armada de El Salvador. Estos ejes principales son el combate a la delincuencia, la recuperación de los centros históricos y la reinserción de los privados de libertad.
“Está vez el resto de instituciones del órgano Ejecutivo, se unirán y articularán el trabajo preventivo de la violencia y la recuperación del tejido social. Antes con la llegada de la PNC y la FAES, se recuperaba el territorio pero no había una secuencia en el trabajo, es decir, ahora que estos espacios serán retomados por el Órgano Ejecutivo de manera conjunta y articulada”, explicó el ministro.
“Estamos seguros que debilitaremos las fuentes de financiamiento, y tendrán la dificultad de financiar a las estructuras. El Gobierno dará un giro en la política de seguridad”, agregó.
Mauricio Arriaza Chicas, Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó que el trabajo territorial de los elementos de seguridad se enfocará inicialmente en doce municipios: San Salvador, Apopa, Mejicanos, Soyapango, Ilopango, San Martín, San Miguel, Santa Ana, San Marcos, Colón y Ciudad Delgado.
“Hemos focalizado el trabajo donde están los centros de flujos financieros, para proteger a los trabajadores y habitantes de estas comunidades”, sostuvo el director. Agregó, que no es solo llegar a los territorios y luego retirarse, sino que ahora se harán relevos, principalmente en aquellos lugares donde se requieran más presencia policial. En el centro histórico de San Salvador, Arriaza Chicas confirmó que se desplegarán elementos de seguridad en 200 cuadras. “Se les va hacer difícil, ya que se hará uso de la fuerza necesaria con base a cumplimiento de la ley y todos los principios legítimos de defensa”, comentó.
Para esta Primera Fase participarán efectivamente 3 mil 936 miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Autoridades de la cartera de seguridad, anunciarán gradualmente la extensión del proyecto a otros municipios del país.
Penales
Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales, informó que bajo las medidas del Plan que ejecuta el gabinete de seguridad, se giró la orden de bloquear toda forma de comunicación desde los Centros Penales. “Hay planes de seguridad que se están haciendo, habrá reubicaciones de urgencia (traslados de reos), con la finalidad de evitar que salga alguna orden desde los centros penitenciarios, que entorpezca las labores de la PNC y FAES”, explicó.
La Dirección General de Centros Penales, informó ayer sobre la suspensión de la comunicación al exterior en todos los centros penitenciarios. “No se aceptará el depósito para pago de servicio de telefonía en el sistema penitenciario a nivel nacional”, dicta un escrito difundido en todas las sedes penitenciarias y áreas administrativas.
La población opina
Diario Co Latino consultó ciudadanos ayer, en esta capital, quienes dieron su opinión respecto al despliegue policial, militar y al resto de medidas orientadas a recuperar el control territorial del Estado, en zonas de alto índice delincuencial.
“Todo lo que venga a abonar para seguridad es bueno”, comentó un transeúnte consultado en la Plaza Cívica Gerardo Barrios, quien dijo esperar que las medidas contempladas en el Plan, se repliquen en el resto del país, tanto en el área urbana como en la rural. En tanto, otra persona abordada ayer en las cercanías de la Plaza Libertad, decía “no percibir mayores cambios”, en el área del centro histórico capitalino y la presencia militar y policial, más bien debería estar focalizada en colonias y comunidades, en aquellas en las que el diario vivir de sus habitantes se desarrolla en constante zozobra.
Otro de los consultados recordó que el problema de delincuencia y violencia, no se limita a las áreas urbanas por lo que recomendó a las autoridades de seguridad, que las zonas rurales sean intervenidas de la misma forma, pues en cantones y caseríos de municipios lejanos a las grandes ciudades, también existe un alto número de individuos pertenecientes a estructuras criminales.
En general, la población recibe el inicio del proyecto de seguridad con beneplácito y manifestaron su expectativa de ver resultados a corto y mediano plazo, considerando que el flagelo de las pandillas lleva más de dos décadas asediando a los salvadoreños, teniendo en cuenta las aseveraciones del gabinete de seguridad de actuar contundentemente en contra de estos grupos. Los consultados coincidieron en que las medidas implementadas, deben ser de carácter sostenido en el tiempo dada la gravedad de la problemática que constituyen las pandillas.
