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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Voceros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), representantes de los colectivos estudiantiles y docentes de la Universidad de El Salvador (UES), e investigadores del área económica expusieron un preocupante y riguroso diagnóstico sobre el acelerado deterioro de las condiciones laborales, salariales y sociales que afecta a los profesionales salvadoreños. Las organizaciones denunciaron que el modelo socioeconómico impulsado durante el gobierno de Nayib Bukele ha descargado sobre los trabajadores el costo de sus decisiones presupuestarias, traduciéndose en despidos masivos en el sector público, pérdida severa del poder adquisitivo frente a la inflación y el paulatino desmantelamiento de los servicios esenciales del Estado.
Diagnóstico general del sector profesional
Durante la apertura de la conferencia, Inés Claudio dio lectura a la declaración oficial y enfatizó que el sector profesional, científico, artístico y técnico del país no es ajeno a la compleja crisis socioeconómica que golpea a las mayorías. «Las y los profesionales salvadoreños no somos ajenos a la realidad de nuestro pueblo. También sufrimos las consecuencias de un modelo que precariza el trabajo, reduce las oportunidades, deteriora los servicios públicos y coloca sobre las espaldas de las mayorías el costo del poder», sostuvo Claudio.
La pérdida nula de empleo es el pilar de la denuncia. Entre 2024 y 2025, el número de profesionales y científicos ocupados cayó en 2,567 personas (1.5%), mientras que en la categoría de técnicos y personal de nivel medio la reducción fue de 7,357 plazas (4.2%). El colapso del empleo público tuvo un impacto especialmente crítico en el sistema de salud: las gremiales medicas contabilizaron solo en 2025 la cifra de 7,772 trabajadores despedidos en el ISSS, MINSAL, FOSALUD y la red de hospitales nacionales, abarcando cerca de 7,000 médicos, personal de enfermería y técnicos.
Las cifras por institución revelan la magnitud del recorte: 3,500 despidos en el MINSAL, 1,800 en FOSALUD, 1,800 en el Hospital Rosales y 672 en el ISSS. A esto se suma el despido de 400 estudiantes de medicina que realizaban sus pasantías en el Hospital Rosales, separados tras solidarizarse con la destitución de una médica especialista, medida arbitraria que les impide concluir su formación universitaria. Asimismo, aproximadamente 400 médicos han presentado su renuncia ante la falta de seguridad jurídica y el temor a arbitrariedades. Todo esto ocurre mientras el escalafón salarial del MINSAL se ha restringido a quienes devengan menos de $1,500, vulnerando derechos adquiridos por ley. Finalmente, se denunció la supresión total de las Casas de la Cultura en 2025, con el despido de 300 profesionales del arte y la gestión cultural.
El colapso en la educación pública y la crisis universitaria
Al abordar el impacto del modelo sobre el sistema de enseñanza nacional y la educación superior, Vicente Cuchillas fue enfático al contextualizar que las dificultades que enfrentan los estudiantes y docentes no son fallas circunstanciales. «El problema no son las becas; el problema es el modelo económico y educativo que asfixia a la universidad pública y recorta las capacidades docentes del país», aseveró.
El informe presentado evidencia que la población ocupada en la rama de enseñanza (pública y privada) sufrió una contracción masiva entre 2019 y 2025: disminuyó en 17,476 personas, lo que equivale a un desmantelamiento del 19% del personal educativo. Esto representa no solo un cierre drástico de oportunidades para graduados y docentes, sino el debilitamiento estructural de un servicio fundamental para el desarrollo del país.
Específicamente en el Ministerio de Educación, la administración gubernamental recortó 829 plazas presupuestarias entre 2019 y 2025. El 95% de las plazas eliminadas en la cartera de Educación pertenecían a los niveles ejecutivo, técnico, docente y administrativo. Cuchillas enfatizó que recortar recursos, congelar plazas y debilitar presupuestariamente a la Universidad de El Salvador (UES) degrada el futuro de la juventud salvadoreña y sustituye la formación integral por soluciones cosméticas.
Desmantelamiento del agro, recortes institucionales
En el bloque económico y del sector agrario, César Villalona detalló la severa reducción de la presencia técnica del Estado en el campo salvadoreño, así como la ola de despidos e inestabilidad laboral en las carteras económicas y regulatorias.
En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la plantilla de trabajadores se redujo drásticamente a la mitad entre 2019 y 2026, pasando de 1,026 a solo 514 plazas. La caída fue igual de severa en sus instituciones adscritas: el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) sufrió una reducción del 38% de sus puestos técnicos, mientras que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) perdió el 48% de su personal. En conjunto, el sector público agropecuario pasó de 1,821 empleos en 2019 a 1,014 en 2026, lo que representa una reducción neta del 44%, combinada con una alta precarización al aumentar la proporción de plazas por contrato sin estabilidad.
Villalona expuso además que entre 2019 y 2026 las plazas presupuestarias cayeron aceleradamente en múltiples dependencias: Ministerio de Economía (-73%), CONAMYPE (-22%), Defensoría del Consumidor (-26%), ISDEMU (-23%), CNR (-4%), ANDA (-14%), CEL (-11%) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (-10%, pasando de 615 a 563 plazas). La mayoría de puestos suprimidos correspondían a profesionales de los niveles directivo, ejecutivo, técnico y administrativo.
Finalmente, se denunció la drástica caída en la inversión en capital humano para la formación del personal del Estado. En 2025 se asignaron $158 millones para este rubro, pero en 2026 la partida presupuestada bajó a $107 millones. Al cierre del primer semestre de 2026, el Gobierno solo había ejecutado $29 millones, lo que proyecta un gasto anual de apenas $58 millones (aproximadamente $100 millones menos que en 2025). «Un país que recorta la formación de su personal técnico y destruye sus capacidades agrícolas está comprometiendo seriamente su soberanía y su capacidad de desarrollo a largo plazo», subrayó Villalona.
Movilización nacional el 15 de septiembre
Frente al panorama expuesto, los sectores profesionales, académicos, artísticos y sindicales reafirmaron su negativa a normalizar la precariedad laboral e hicieron un firme llamado a la organización popular. «Defender nuestros salarios, el empleo digno, la estabilidad laboral, las pensiones dignas y los derechos adquiridos no es defender privilegios: es defender derechos y asegurar el futuro de El Salvador», concluyeron las organizaciones.
