Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Saúl Méndez
@DiarioCoLatino/Colaborador
Este 29 de enero se cumplió un año desde que los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, integrantes de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), se encuentran en exilio forzoso en el País Vasco, España, donde recibieron estatus de refugiados políticos. Ambos abandonaron El Salvador luego de que una jueza ordenara su captura bajo el señalamiento de pertenecer a una supuesta “agrupación criminal”.
De acuerdo con Cruz, la orden de detención responde a una persecución directa contra UNIDEHC, derivada de las denuncias que la organización ha realizado sobre la violación sistemática de derechos humanos en El Salvador desde la instauración del régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele.
“Exactamente este día se cumple un año de mi salida del país. Lo que parecía ser un viaje de incidencia en el Estado español tenía previsto mi regreso a El Salvador el 3 de marzo de 2025”, explicó la abogada.
Cruz recordó que su viaje a España tenía como objetivo visibilizar ante organizaciones y sectores políticos europeos la situación de derechos humanos en El Salvador, pero terminó convirtiéndose en un exilio forzoso ante el riesgo de ser detenida a su regreso.
Durante su labor en UNIDEHC, Cruz participó en la defensa de personas que posteriormente denunciaron torturas y actos de corrupción en centros penitenciarios. Entre ellos se encuentra Fidel Zavala, quien fue recapturado el 25 de febrero de 2025.
La detención de Zavala se dio en el marco de un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad, un colectivo acompañado legalmente por esta organización.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los detenidos de delitos como agrupaciones ilícitas, venta irregular de parcelas, limitación a la circulación personal y amenazas. En el caso de Zavala, también se le imputa el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Las autoridades los señalan de haber comercializado parcelas en perjuicio de Joni Laurde Cisneros Mancía y Óscar Armando Góchez.
Cruz relató que el 29 de enero de 2025 ofreció su última conferencia de prensa como abogada de UNIDEHC frente a la sede de la FGR, en la que abordó el caso Acomatic, relacionado con presuntos actos de corrupción de funcionarios del Gobierno. “Esa misma noche salí rumbo a Madrid”, recordó.
La defensora subrayó que su viaje no fue una huida, como sostiene la narrativa oficial. “El boleto de Iberia fue comprado el 26 de octubre de 2024, ya que las invitaciones de organizaciones y sectores políticos se realizaron con bastante anticipación. Incluso tenía pasaje de retorno para el 3 de marzo de 2025, el cual se perdió ante la amenaza de captura”, explicó.
Asimismo, cuestionó la actuación de la Fiscalía al señalar que, pese a existir una investigación abierta desde 2024 identificada con el expediente 01343-UDPP-2024-ST, nunca fue notificada durante su última visita a la sede fiscal. “Surge la pregunta: ¿por qué, si ese día estuve en la Fiscalía, no se me informó de un proceso en mi contra?”, cuestionó.
Cruz aseguró además que, según una fuente interna de la FGR, en ese momento no existía una orden de captura en su contra. “Sabían que no tenían nada contra mí. Nunca visité la comunidad La Floresta, ya que otros colegas estaban a cargo. Pero mi papel como una de las principales vocerías de UNIDEHC me colocó en la mira del Gobierno desde que empecé a denunciar corrupción de funcionarios”, afirmó.
A juicio de la abogada, el caso de La Floresta fue fabricado para criminalizar su labor y la de la organización. “El tema de derechos humanos no les importa, pero que se conozcan los actos de corrupción en cooperativas y centros penales, eso sí no lo toleraron”, sostuvo.
Cruz y Joya se encontraban en España cuando se inició el proceso judicial en su contra, por lo que un tribunal salvadoreño solicitó la emisión de una alerta roja de INTERPOL. Sin embargo, UNIDEHC informó que a finales de noviembre la oficina central de INTERPOL notificó la eliminación de dicha alerta, tras gestiones del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y del Colegio de la Abogacía Española.
