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Después de una gran perorata del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, donde el irrespeto a los diputados de oposición no dejó de ser la constante, se procedió a la elección de la licenciada Raquel Caballero de Guevara, como la sustituta del procurador Apolonio Tobar, que como dice el dicho popular, “salió con los pies hinchados”, luego de dar un giro a su trabajo como protector de los derechos humanos de los salvadoreños, en aras de la reelección.
Es de decir que en el primer año como procurador, Tobar desarrolló un trabajo bastante aceptable, pues su trabajo se apegó a la Constitución y a los compromisos internacionales sobre la tutela de los derechos humanos en El Salvador. Los salvadoreños, pese a que no se han dado cuenta o no les importa, excepto al famoso “3% de la población” o los “20 seguidores del programa de Julio Villagrán”, han sufrido graves atropellos de sus derechos humanos, en dos grandes coyunturas: durante el encierro obligatorio por la pandemia y por la imposición-prolongación del Estado de Emergencia.
Creemos que el principal fallo del ex procurador Tobar en la segunda “oleada” de violaciones a los derechos humanos fue apegarse a la política del gobierno y negar que en el marco del estado de excepción hubo, hay y habrá violaciones a los derechos humanos.
El propio presidente Nayib Bukele admitió, en un afán de restar impacto pese a las violaciones, que en el marco del Estado de Excepción y de la masiva captura de sospechosos de ser pandilleros se había cometido el 1% de margen de error. Creemos que el porcentaje es superior, a partir de las denuncias ciudadanas a través de las redes sociales y los medios de información. Con el agravante de que 80 de los capturados fueron asesinados dentro de las prisiones, sobre todo en Izalco. Unos por la golpiza de las autoridades, y otros por los mismos reos.
El procurador, no obstante, no abanderó la denuncia ni el clamor de esas familias no vinculadas a pandillas, para denunciar la criminalidad del Estado. Obviamente, había un interés: la reelección, que por supuesto no llegó.
Con la elección de la nueva procuradora, cuyo primer mandato fue muy oscuro y criticado, incluso, llegó hasta las instancias de la censura en el hoy opaco Tribunal de Ética Gubernamental, no solo una vez, sino más, algo que desde el apego a la ley y desde la ética política no debió permitirle haber sido electa.
Una de las acusaciones contra Caballero fue el haber cometido nepotismo y otros atropellos al quehacer sano y transparente del ejercicio de la función pública. En redes sociales, personeros vinculados a la defensa a ultranza del presidente Bukele y de sus decisiones es que la nueva procuradora “nunca fue condenada”. Y es verdad, de que no fue condenada penalmente, pues el nepotismo y otras arbitrariedades no están contempladas como delito, pero sí como faltas a la ética, y esto debió ser suficiente para no elegirla.
Pero todo lo anterior no importaba en esta elección, lo que importaba era garantizarle al presidente Bukele el control real de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), único bastión que la ciudadanía tenía para al menos denunciar las violaciones a los derechos humanos desde las instancias de poder.
Y con el control real de la PDDH, el Gobierno del Presidente cierra el círculo del poder total en El Salvador. A partir del viernes 16 de octubre, el presidente Bukele controla toda la institucionalidad. Más de algún aplaudidor del oficialismo, sino es que todos, criticarán este editorial, aduciendo que es una falsedad. Pero, solo basta que vean la participación de la ahora procuradora en la Comisión que “estudió” los perfiles de los nueve candidatos para darse cuenta de que el único requisito que todos cumplieron fue el de comprometerse a plegarse a las políticas del presidente Bukele, sobre todo, en respaldar el Estado de Excepción.
La pregunta es si los nueve se habían plegado al presidente porque eligieron a Caballero y no a cualquiera de los otros ocho, la respuesta también es sencilla, pues, se ha conocido, al menos así circula en las redes sociales, que el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, es familiar en segundo grado del esposo de la señora procuradora. De ser así podríamos decir, que el otro criterio fue que “todo quedara en familia”, a lo que es lo mismo: las cartas estaban echadas.
