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Buenos Aires/AFP
La justicia argentina revocó el viernes la prisión domiciliaria otorgada en diciembre al torturador Miguel Etchecolatz, emblemático exjefe policial de la dictadura condenado a perpetuidad, un beneficio que generó numerosas manifestaciones de repudio.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le quitó el beneficio tras una audiencia en la que la querella y la fiscalía justificaron su oposición a que Etchecolatz goce de privilegios, según el fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Dos de los tres jueces entendieron que «el estado de salud de Etchecolatz no le impide permanecer alojado en un establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados», precisó el CIJ.
Desde que el 27 de diciembre Etchecolatz recibió el beneficio de la domiciliaria alegando problemas de salud, residía en una cómoda casa en un coqueto barrio de Mar del Plata, la mayor ciudad balnearia argentina, a 400 km al sur de Buenos Aires.
Con este fallo que será notificado a la justicia de primera instancia, deberá regresar a la cárcel el excomisario de 88 años, que recibió cinco condenas a prisión perpetua desde 2006 tras la anulación de las leyes de amnistía, por crímenes de lesa humanidad.
El excomisario fue director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977 y tuvo a cargo 21 cárceles clandestinas que funcionaron en ese distrito, el más grande del país.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura (1976-1983), según organismos humanitarios.
En su pedido de revocatoria, el abogado querellante Pablo Llonto sostuvo que «Etchecolatz en su domicilio es una causal de peligro para la víctimas».
Entre los hechos por los cuales fue condenado Etchecolatz figura un episodio conocido como «La noche de los Lápices», el secuestro, tortura y asesinato de un grupo de estudiantes secundarios en La Plata, 60 km al sur, llevado al cine en 1986.
En enero pasado, en plena temporada veraniega en Argentina, miles de turistas se sumaron a marchas y «caravanas contra la impunidad» para denunciar la presencia de un torturador en la zona.
En Argentina, la prisión domiciliaria es un beneficio para mayores de 70 años, aunque se estudia en cada caso.
En noviembre 2017, los últimos datos publicados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de los 1.064 detenidos (entre condenados y procesados), 533 gozaban de prisión domiciliaria y 449 estaban en cárceles, además de 38 prófugos.
