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Redacción Nacionales
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El Juzgado de Sentencia de San Vicente pospuso para el 10 de septiembre la lectura del fallo de la nueva vista pública contra los cinco ambientalistas de Santa Marta que se desarrolló a finales de julio. El fallo debía darse a conocer este jueves 21 de agosto.
La comunidad Santa Marta y miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social, señalaron en un comunicado de prensa que la única resolución legal y justa es la absolución de los líderes ambientalistas.
Señalaron que una característica del cuestionado proceso judicial contra los defensores ambientales, durante estos más de dos años, “ha sido la dilatación y postergación del mismo, como estrategia para alargar el sufrimiento de los procesados, sus familias, su comunidad y sus organizaciones”.
La comunidad espera que esta suspensión y reprogramación del fallo, por parte del Tribunal de Sentencia de San Vicente, no responda “a esa lógica y que más bien sea para asegurar un fallo apegado a derecho”.
Es de recordar que a los ambientalistas se les señala de cometer un supuesto asesinato durante el conflicto armado.
La comunidad organizada señala que la acusación “sin pruebas” montada por la Fiscalía General de la República “es en represalia” por la denuncia de Santa Marta y ADES sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica.
Las comunidades y organizaciones que respaldan la demanda de libertad definitiva de los activistas ambientales reafirmaron que la única resolución legal y justa es la absolución, debido a la falta de pruebas de la existencia del supuesto hecho imputado y de la participación de los procesados.
En el comunicado también reiteraron la libertad para los demás activistas y defensores de derechos humanos que son presos políticos, tales como Ruth Eleonora López, Enrique Anaya, Alejandro Henríquez, Ángel Pérez y otros que fueron capturados por la FGR.
La comunidad recordó su lucha en contra de la minería en El Salvador, por lo que hizo un llamado a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a derogar la Ley General de Minería Metálica “que mantiene al país en vilo frente al peligro de la reactivación de proyectos mineros”.
“Junto a la inmensa mayoría de la población salvadoreña nos manifestamos a favor del agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones”, concluyó ADES.
Incluso, la iglesia católica ha pedido a la Asamblea que derogue la ley y ha presentado 150 mil firmas como respaldo de la población salvadoreña.
