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Redacción Nacionales
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El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, solicitó a la Fiscalía General de la casa de estudios que realice un análisis sobre un posible impacto de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el oficialismo para que el Estado incaute el 30% de los fondos internacionales donados a Organizaciones No Gubernamentales.
“Le hemos pedido a la Fiscalía General de la Universidad de El Salvador que haga un análisis al respecto, precisamente porque hay preocupación en la cooperación internacional”, dijo Juan Rosa Quintanilla en declaraciones a la prensa.
Quintanilla informó que se ha reunido con varios funcionarios internacionales que le han mostrado su preocupación por el tema. “Están a la expectativa de cuál va a ser el impacto para nosotros, por supuesto, si eso sucede, afectará a la universidad”.
Es de hacer notar que la Universidad de El Salvador también funciona a través de la gestión de proyectos de la cooperación internacional que “en el año 2024 nos permitió tener la posibilidad de inversión de equipo, movilidad académica e investigación de más o menos $13 millones con 30 proyectos de investigación que habíamos gestionado ante diferentes organismos internacionales”, informó Quintanilla.
La prensa consultó a Quintanilla sobre qué proyectos estarían en riesgo ante la Ley de Agentes Extranjeros; el rector del alma mater señaló que no han hecho esa valoración aún.
“Por el momento no hemos hecho esa valoración, únicamente el análisis del impacto de la ley. Yo no he profundizado en la misma, (pero) según información preliminar, al parecer hay excepciones en el cual entra la universidad, pero precisamente es la opinión que hemos solicitado a la Fiscalía General de la Universidad de El Salvador para que nos dé un contexto de eso”, agregó Quintanilla.
El rector expresó que, dependiendo del análisis de la fiscalía de la UES, harán gestiones ante la Asamblea Legislativa “para que se hagan los ajustes a la ley”.
La propuesta de Ley de Agentes Extranjeros contempla un impuesto del 30 % a cada transacción financiera, desembolso o transferencia provenientes del extranjero, según se lee en artículo 11 de la ley aprobada. Ese 30% que serán captados a las oenegés, el Ministerio de Hacienda los destinará, supuestamente, para fines de interés público o social.
La ley aplicará a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio salvadoreño realice “actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”.
