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Por Leonel Herrera*
Hoy se cumplen dos semanas del asesinato -supuestamente accidental- de Jessica Solís, perpetrado en pleno Centro Histórico de San Salvador, el lugar central del “país seguro”, la atracción turística y el relato propagandístico del bukelato. La joven chalateca cayó y murió al instante, frente al Palacio Nacional, tras recibir un certero disparo en su cuello.
El régimen, sin escrúpulos, intentó culpar a una pobre mujer que nada tenía que ver con el crimen, exhibiéndola públicamente como sospechosa. Sin embargo, ante la presión en redes sociales no tuvo más opción que admitir que el asesino era un miembro de la Fuerza Armada y presentó al soldado Deman Fernando Jorge Benítez.
La ocasión es oportuna para reflexionar sobre quién realmente asesinó a esta joven inocente, quien -según su hermana que la acompañaba- sólo busca tomar unas fotografías en el publicitado sitio del centro capitalino.
Al respecto, podría decirse que Jessica Solís fue asesinada por el militarismo imperante. En el actual gobierno los militares han sustituido a la Policía Nacional Civil (PNC) en las funciones de seguridad pública y han recuperado el reconocimiento, el protagonismo y la beligerancia proscrita por los Acuerdos de Paz que pusieron fin a cinco décadas de dictaduras militares.
El centro histórico y demás lugares del país deberían estar custodiados por policías, no por soldados. Según la Constitución (aún vigente) las funciones de la Fuerza Armada son: defender la soberanía nacional ante posibles invasiones externas, auxiliar a la población en caso de desastres y apoyar excepcional y temporalmente a la Policía en tareas de seguridad pública.
El desmantelamiento de las pandillas y la mejor situación de seguridad actual hacen innecesaria la participación militar en actividades de seguridad pública, por lo que ya no se justifica la presencia de soldados en calles, plazas, parques y otros lugares públicos. Hace tiempo los militares debieron regresar a sus cuarteles.
También es válido afirmar que a Jessica Solís la mató el estado permanente de suspensión de garantías constitucionales mal llamado “régimen de excepción”, el cual ha perpetuado la presencia militar en tareas de seguridad pública.
El tiempo y los hechos han demostrado que el “régimen de excepción” no es una política de seguridad, si alguna vez lo fue. Este régimen inconstitucional se ha convertido en carta blanca para cometer cualquier ilegalidad, abusos de poder y violaciones de derechos humanos contra personas inocentes.
El régimen también se volvió un mecanismo de control social que intimida, amenaza e inmoviliza a la población para no protestar contra el agravamiento de problemáticas del país, sobre todo problemas referidos a la economía de la gente: alto costo de la vida, desempleo, salarios bajos, inacceso a viviendas, falta de agua potable, caminos vecinales en mal estado, etc. El régimen, además, anula el debido proceso penal, facilita la corrupción y consolida el autoritarismo.
Finalmente, el responsable general del asesinato de Jessica Solís es el régimen autoritario que menoscaba sistemáticamente derechos humanos, irrespeta la legalidad, viola permanentemente la Constitución y pone al Estado al servicio de un clan familiar que busca enriquecerse y perpetuarse en el poder.
Este régimen dictatorial, profundamente aporofóbico, desprecia la dignidad y la vida de las personas humildes como Jessica. No es casualidad que el régimen haya borrado inmediatamente la escena del crimen y pusiera precio a la vida de la víctima: 200 mil dólares que ni siquiera los pagará el soldado o sus jefes militares, sino los contribuyentes.
El asesinato de Jessica Solís ni siquiera contó en la estadística oficial de homicidios porque “fue un accidente” y Nayib Bukele (como Comandante General de la Fuerza Armada) ni siquiera se refirió el hecho. Para desviar la atención de la población, el funcionario en cuestión repitió un anuncio propagandístico sobre protección de perros y gatos callejeros.
Una semana después del asesinato de Jessica, el iluminado y glamuroso Centro Histórico de San Salvador fue escenario de un exclusivo evento internacional sobre Bitcoin. Todo fue como si ahí nunca se cometió un crimen ni se perdió una vida humana.
Así que, probablemente, el soldado Derman Fernando Jorge Benítez fue quien disparó (accidental o intencionalmente) contra Jessica Solís. Sin embargo, en la historia quedarán registrados como responsables contextuales del crimen el militarismo, el “régimen de excepción” y la dictadura.
Por eso, la mejor manera de reivindicar la dignidad y la memoria de Jessica sería cuestionar la militarización del país, exigir el fin del inconstitucional e innecesario “régimen de excepción” y emplazar al gobierno autoritario y dictatorial que pretende perpetuarse en este sufrido El Salvador.
*Periodista y activista social.
