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El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha asegurado que la drástica reducción de homicidios en El Salvador, desde que inició su periodo presidencial, se debe a “la efectividad del Plan Control Territorial”. En efecto ha habido una sustancial reducción de los homicidios en un 50 % en comparación con el Gobierno anterior. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo recientemente que El Salvador registraba, a mediados de 2019, una tasa de 52 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero con la aplicación del plan Control Territorial al cerrar 2019, se lograron reducir los homicidios a una tasa de 36 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. El promedio diario de homicidios, según el Gobierno, es de 3.6.
Y aunque las autoridades de seguridad y el mismo presidente Bukele aseguró que la disminución se debe al “Plan Control Territorial”, una investigación del periódico digital El Faro, asegura que esa disminución de los homicidios se debe a una tregua lograda con la mayor estructura criminal del país, la “Mara Salvatrucha”. Muchas de las fuentes que utiliza el periódico El Faro son de carácter oficial, salidas de Centros Penales, desde donde el Gobierno ha operativizado las negociaciones con los cabecillas de esa estructura criminal.
Hay fotos, también, en las que se han captado al comisionado del Tejido Social, Carlos Marroquín, y al candidato a alcalde por San Salvador, Mario Durán, reunidos con reconocidos mandos medios de las pandillas en restaurantes de la capital. Estos materiales están en posición de la inteligencia policial y del Estado. La drástica y rápida reducción de los homicidios solo pueden entenderse producto de una negociación o pacto, como el ocurrido en el Gobierno de Mauricio Funes, en 2012, cuando hubo una reducción del 50 % de los homicidios. La diferencia es que ese pacto entre pandillas, facilitado por el Gobierno, fue aceptado por este, mientras que ahora, aseguran, es por el plan Control Territorial.
Y lo cierto es que según el mapa analítico criminal de El Salvador, la mara salvatrucha está asentada en los catorce departamentos del país, y en las colonias o barrios controlados por ellos, la presencia policial ocasionalmente no significa nada. Los que tienen el control son los pandilleros.
Solo basta hacer un recorrido por populosas colonias de Soyapango o Ilopango, para darse cuenta de que en los territorios controlados por los grupos delincuenciales siempre hay jóvenes o niños con celular en mano, para avisar que anda rondando la policía o ha entrado un desconocido a la colonia o a “su cancha”.
El verdadero control del territorio lo tienen las maras o las pandillas; así lo puede atestiguar cualquier vecino de los lugares controlados por esas estructuras. Esto significa que el plan Control Territorial puede ser un plan de seguridad pero no controla nada como su nombre lo indica.
Solo basta con tener en cuenta que el 31 de enero fue atacada una ambulancia en la que se conducía personal de Médicos Sin Frontera, en el reparto Las Cañas, de San Bartolo, Ilopango, en la que salieron dos lesionados, un médico y un auxiliar de enfermería. De todos es conocido que esa zona está bajo control de las pandillas. Y si fuera la autoridad la que controlara esta zona representativa por la presencia de estructuras criminales, este y otros hechos no ocurrieran. La verdad es que en los territorios donde están asentadas las estructuras criminales no controla la autoridad, si no los delincuentes.
Por eso, el nombre del plan de seguridad del Gobierno del presidente Bukele responde a su bien diseñada estrategia de propaganda, encaminada en asentar en el imaginario colectivo una idea irreal, en este caso, el control territorial.
Lo que sí es cierto, y eso hay que reconocerle al Gobierno, es que los homicidios se redujeron de 6 a 3.5 diarios en el último año y eso, por supuesto, no es producto del Plan Control Territorial, sino, de un posible pacto o negociación con una de las estructuras criminales. Lo anterior no es desconocer el trabajo de seguridad que hace la Policía Nacional Civil (PNC) con el acompañamiento de una parte del ejército, pero de todos es sabido que la represión difícilmente va a terminar con estructuras como la MS o la 18, para terminar con su vida criminal deben utilizarse otras estrategias.
