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Liderazgo de mujeres campesinas, rurales e indígenas del Foro Nacional de Salud, exigen a los gobiernos municipales y al central, medidas reales para Soberanía Alimentaria y la prevención de los impactos del cambio climático. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana.

“Queremos que el gobierno central trabaje por la seguridad alimentaria”: Omelina Méndez

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Omelina Méndez es una mujer indígena nahua pipil, y agricultora en la zona rural del municipio de Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, integrante del Foro Nacional de la Salud, y es clara en exigir de las autoridades municipales y a la administración del presidente Nayib Bukele un trabajo auténtico en Seguridad Alimentaria, luego de los estragos que dejó la Tormenta Tropical Julia en el territorio nacional.

Las mujeres que integran la Mesa Sectorial de Prevención de la Violencia Social, del Foro Nacional de la Salud se pronunciaron como lideresas comunitarias frente a la situación de vulnerabilidad que afecta la realidad de las mujeres rurales, campesinas e indígenas de El Salvador.

“Las vulnerables somos las mujeres que vivimos en las zonas rurales y la niñez, y la Tormenta Julia, vino a provocar la pérdida de nuestros cultivos y hubo bastante afectación en la alimentación”, comentó.

“Esa situación nos debilitó porque antes de la tormenta ya la Canasta Básica venía subiendo su precios cada día más. Y ahora, después de la tormenta los cultivos se han perdido esto nos vulnera la alimentación de la familia”, argumentó Méndez.

Para la lideresa del FNS de Occidente otro elemento grave detectado es la ausencia del trabajo territorial del gobierno local, al relatar que las familias que habían sido impactados por la Tormenta Julia, les pidieron que se auto albergaran en casas de familiares porque no pudieron articular un albergue municipal para atender a la población.

“Pese al gran impacto en el municipio no hubo un albergue común, lo que dijeron (alcaldía municipal) es que los llevarían hasta Sonsonate para que se albergarán sino tenían familia donde hacerlo. Solo significa que no hay interés de los gobiernos locales y nacional por solucionar esta triste situación?”, cuestionó.

“Todas esas afectaciones las vivimos las mujeres como la niñez de nuestro municipio, también afecta porque no hay planes ni políticas o proyectos para que se minimice un poco la vulnerabilidad que vive el país con cada evento de estos, y esta situación existe en muchos temas sociales”, acotó Méndez.

Como mujer rural y agricultora, Méndez mencionó el obstáculo de la “tenencia de la tierra” para cultivar los alimentos de la dieta familiar entre las comunidades más empobrecidas del país. “Somos mujeres de las comunidades que alquilamos las tierras para un tiempo y hemos perdido las cosechas y hemos pagado 15 o 20 dólares (arrendamiento) por cosecha y eso no es barato para nosotras, somos mujeres sin tierra para cultivar ”, dijo.

“Con la Tormenta Julia hemos perdido maíz, frijoles y el maicillo, lo esencial que cultivamos porque nuestra cosecha no es para hacer negocio, nosotras cultivamos para subsistencia, y no son manzanas de terreno, son pequeños espacios de tierra. Por esto pedimos al gobierno local y nacional que atienda las necesidades de las mujeres agricultoras indígenas”, indicó Méndez.

Mientras, Claudia Maribel Flores, lideresa a cargo del pronunciamiento del Foro Nacional de Salud, mencionó que como espacio colectivo expresaban su “sororidad” y acompañamiento ante la violencia social, económica, ambiental y estructural en la que viven miles de mujeres en los territorios.

“La deastención de la emergencia provocada por la Tormenta Tropical Julia, principalmente en las comunidades rurales, que obligó a las mujeres a multiplicar sus responsabilidades para salvaguardar la vida de los suyos, ante la ausencia de los Comités Municipales y Departamentales de Protección Civil, y la instalación de albergues sin recursos u orientación clara de funcionamiento”, señaló Flores.

Asimismo, mencionó que ante la pérdida de cultivo por las intensas lluvias, según sus estimaciones por registros en sus territorios creen que el daño ha sido de un 60% para la zona occidente y un 50% para el oriente del país.

“Los cultivos más afectados son el maíz, frijol, plátano y loroco, se estima que se ha pedido 29 mil 675 manzanas, situación que solo vendrá a aumentar la vulnerabilidad económica que enfrentan las productoras, quienes invirtieron casi el triple en los insumos agrícolas por el aumento de su precio”, sostuvo Flores.

En cuanto al costo por pérdidas, la lideresa mencionó la deteriorada subsistencia alimentaria en miles de hogares de la zona rural por la implementación del Estado de Excepción que lleva más de 7 meses, en donde sus comunidades han tenido que enfrentar los “arrestos arbitrarios” de hijos, padres, esposos, tíos o hermanos núcleos de familia que se han quedado sin ingresos económicos.

“La desatención de la salud de las mujeres en la zona rural, principalmente en el acceso a servicios especializados de salud sexual y reproductiva, como pruebas de tamizaje y seguimiento de casos de cáncer cérvico uterino, desabastecimiento de medicamentos, métodos de planificación familiar y el cierre de establecimientos del priver nivel de salud (ECOS)”, denunció.

“Hay un aumento de la muerte materna en los municipios empobrecidos, situación que no se ha solucionado a pesar de la implementación de la Ley Nacional con Cariño, que no posee infraestructura orgánica para implementarla y solo han sobrecargado a los hospitales nacionales con 3 programas de monitoreo de mujeres embarazadas, estimulación temprana y banco de leche”, manifestó.

El Foro Nacional de Salud (FNS) expresó también su preocupación por el recorte presupuestario y desmantelamiento de las instituciones y dependencias que históricamente se han encargado de implementar políticas que tienen como objetivo apoyar a mujeres en situación de violencia en el desarrollo de sus medios de vida y salud, así como en la defensa de sus territorios.

El Foro exigió al gobierno la “construcción colectiva” de un modelo de país que apoye a las mujeres, a sus familias y grupos de pequeñas productoras que viven en las zonas rurales. Y garantizar la participación en la formulación e implementación de “políticas públicas” que vengan a apoyar la agricultura familiar, las prácticas económicas comunitarias de los Pueblos Indígenas, así como la conservación de semillas autóctonas enmarcado en una verdadera “soberanía alimentaria” de las comunidades.

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