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Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
Al iniciar un nuevo año, deseamos que haya más justicia y equidad, más respeto a las diferencias, menos confrontación y fanatismo. En 2019 tendremos elecciones presidenciales y el nuevo Gobierno puede contribuir a lograrlo, garantizando el carácter laico del Estado. Para ello no hacen falta cambios legislativos ni más presupuesto, sino compromiso y voluntad política.
Un conjunto de organizaciones de mujeres han presentado a los/as candidatoso/as presidenciales, la Plataforma “Nada sobre nosotras, sin nosotras”, incluyendo demandas para garantizar el carácter laico del Estado. Son una buena propuesta que les comparto de forma resumida.
Garantizar el carácter laico de la educación, en cumplimiento a la Resolución 22-2011 de la Sala de lo Constitucional “el Estado no pueden imponer ninguna visión particular del bien, de la espiritualidad o de la moral religiosa”. El pensamiento religioso será abordado, únicamente, como fenómeno histórico, sociológico o filosófico.
Acceso a servicios de salud a toda la ciudadanía, con trato digno y respetuoso a sus convicciones personales y morales, incluidas, orientación sexual, preferencia sexual, pudor, intimidad y creencias religiosas.
Formación al personal de la PNC y FAES sobre el derecho constitucional a libertad de pensamiento, creencias y no discriminación, combatiendo todo espíritu de intolerancia y odio a la diferencia.
Normativas gubernamentales que garanticen neutralidad del Gobierno ante diferentes credos e ideologías, no utilizando instituciones públicas, para realización de cultos, rezos e imágenes religiosas.
Eliminación de rituales religiosos en actos oficiales, garantizando la separación entre el Gobierno y las iglesias, respetando la pluralidad religiosa y de pensamiento, de toda la ciudadanía.
Normativas para uso de espacios públicos y regulación acústica en las actividades de las instituciones religiosas, para no invadir la intimidad y descanso del resto de ciudadanía.
Revisión del “Convenio Entre la Santa Sede y la República de El Salvador sobre jurisdicción eclesiástica castrense y asistencia religiosa de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad”, que privilegia a una iglesia particular y compromete recursos públicos para pago de personal religioso en el seno de las FAES y la PNC.
