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Pronta y cumplida justicia convertida en juguete de los aplicadores de la ley

Rafael Cabrera C.

La enciclopedia que recopila Nuestra Historia en lo relacionado a la aplicación de la justicia nos presenta un panorama desalentador el cual parece ser un mal endémico de nuestra sociedad.

En las últimas décadas los salvadoreños hemos visto como policías, jueces, magistrados y fiscales han atentado contra el ESTADO DE DERECHO poniendo en entredicho la Justicia Salvadoreña a nivel nacional e internacional.

Nuestra Constitución Política determina que es la Corte Suprema de Justicia la máxima autoridad en la aplicación de las leyes, conocer de los procesos de amparo, derimir las competencias que se suscitan en los tribunales, vigilar porque se administre una pronta y cumplida justicia, conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes. Nombrar a los magistrados de segunda instancia, jueces, médicos forenses.

La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, y reglamentos en su forma y contenido y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.

También nuestra Legislación cuenta con un Ministerio Público ejercido por el fiscal general de la República y que tiene la potestad de defender los intereses del Estado y de la sociedad; promoverá de oficio o a petición de parte de la acción la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley y todas las atribuciones citadas en el Artículo No. 193.

Sin embargo nuestra justicia siempre ha sido cuestionada y los líderes de la opinión pública muestran la fortaleza y debilidades de la Corte Suprema de Justicia, la ciudadanía ha señalado a los magistrados como corruptos. La retardación de justicia y resoluciones amañadas o politizadas. Esta percepción negativa se ha mantenido durante las últimas décadas.

La anterior Sala de lo Constitucional que concluyó sus funciones en el año 2018 con sus Resoluciones atentó contra la seguridad económica del pueblo salvadoreño, negándole al Gobierno central la opción de obtener ingresos tributarios con los que atendería urgentes problemas sociales. Atentó contra los salvadoreños en lo relacionado a los Deberes y Derechos Políticos consagrados en nuestra Constitución Política en los Artículos 72 y 73 como lo son: EJERCER EL SUFRAGIO, ASOCIARSE PARA CONSTITUIR PARTIDOS POLÍTICOS DE ACUERDO A LA LEY O INTEGRARSE A LOS YA CONSTITUIDOS, OPTAR A CARGOS PUBLICOS cumpliendo con los requisitos que determina la Constitución, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República y servir al Estado de conformidad con la Ley.

Dicha Sala de lo Constitucional atentó contra el honor y dignidad de profesionales del Derecho, que fueron seleccionados por la honorable Asamblea Legislativa para ocupar cargos públicos y que fueron juramentados para servir a la Patria y no para hacer política; PERO LOS SEÑORES DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL con argumentos vacíos de legalidad se refirieron al Art. 218 el cual es incompatible con dichos nombramientos ya que este reza: “Los Funcionarios y Empleados Públicos están al servicio del Estado y no de una Fracción determinada. No podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política. El mismo argumento sirvió para destituir a otros Funcionarios Públicos que prestaban sus servicios en otras dependencias.

Se puede comprobar que nuestra Historia en materia Jurídica está contaminada de mucha corrupción y ABOGADOS CONSTITUCIONALISTAS, señalan que las deficiencias que corrompen la aplicación de la justicia empieza por la falta de personas idóneas para ejercer sus cargos, pero además recalan que entre los Jueces y Administradores de la Justicia hay corrupción y mediocridad.

También existen razones poderosas para hablar mal de la aplicación de las leyes y pareciera que existe un patrón que dicta las medidas a tomar, por lo que a la vista de todos los salvadoreños se puede comprobar en los Centros Penales guardan prisión cientos de personas inocentes. El Ministerio Público que tiene la obligación de defender los intereses del Estado y se la sociedad ha provocado gran desconfianza en sus funciones presentando a TESTIGOS CRITERIADOS, para justificar su trabajo en la investigación de delitos, pero algunos testigos cuentan con actos delictivos”. POR TODO LO ANTERIOR SE PUEDE LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE ESTAMOS MUY ALEJADOS DE QUE SE CUMPLA UNA PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA COMO LO DEMANDA NUESTRA CONSTITUCIÓN.

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