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Promoción de la privatización del agua

Luis Arnoldo Colato Hernández

La carencia del agua, en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de las personas en sus residencias, espacios sanitarios y lugares de trabajo, son un mal endémico que lesiona sus intereses desde siempre y a pesar de la existencia del recurso en las cantidades satisfactorias para conservar un entorno saludable y sustentable, además de resolver las necesidades de la ciudadanía en general.

¿A qué responde esta realidad?

La carencia de agua para atender necesidades humanas es un mal consuetudinario derivado de las malas administraciones que gestionaron y gestionan mal el recurso, simplemente porque no existe la voluntad para resolverlo y si en cambio de agravarlo, respondiendo a una agenda de intereses privados.

De cara, por ejemplo a la pandemia como a la serie de urgencias que impone a cada familia, el desabastecimiento del recurso hídrico no puede solo responder a llana negligencia, sino a una política de carácter criminal por los efectos que esta tiene: desatención de la emergencia dentro de los mismos hogares, donde la prevención adquiere un carácter fundamental por la desatención a la higiene familiar, por carencia de agua como recurso para evitar el contagio, por lo que la ausencia intencionada desde la institucionalidad de ella para favorecer el interés velado de la privatización, solo puede constituirse como el reprobable acto señalado arriba.

¿Cómo favorecer “una agenda velada”?

El sabotaje sostenido de la provisión del agua a las diferentes comunidades desde la institucionalidad, cuando esta demostrado que el recurso existe, (Informe Sobre el Agua en el Mundo, UNICEF, OMM, No. 857), como que su subsistencia dependa de la debida legislación que asegure que esta sea sostenible, se corresponde con el ánimo de establecer en el imaginario de la ciudadanía, la tesis de que al no poder el sector público administrar o ser capaz de manejar tal obligación, “debe ser el sector privado quién lo administre”, a quién se lo debe trasladar con la anuencia y complicidad entre privados y políticos conservadores, lo que ya hemos visto en el pasado –con la telefonía, banca y las pensiones por ejemplo- lo que no derivará en un mejor servicio y sí en que el recurso sea dirigido a satisfacer al sector privado, en el monocultivo de caña o en proyectos de construcción para las élites en los que se garantizará el servicio hídrico 24/7, en menoscabo de las mayorías, quienes a su vez deberán incrementar el gasto dirigido a suplir sus necesidades de agua por la agudización del estrés hídrico que entonces será extremo [ya que el agua es mas cara en nuestro país que en el resto de la región, costando hasta $3.90 el metro cúbico, cuando, para comparar en Nicaragua la misma cantidad de agua tiene un coste de $0.39/ASI, Informe Económico].

Entonces, al continuo aplazamiento de una solución política de la problemática debe imponerse la urgencia de resolver legalmente le tema, garantizando constitucionalmente el derecho humano al agua, como asegurando desde el estado su sustentabilidad vía la constitución.

De otra manera seremos otra Sur África.

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