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Redacción Nacionales
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El Comité de Solidaridad con El Salvador en México manifestó que la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla de prolongar por tres meses la instrucción contra Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, es una medida arbitraria y constituye un castigo anticipado que evidencia la persecución política del gobierno de Nayib Bukele contra los defensores de la tierra.
La prórroga de la instrucción, regulada en el artículo 310 del Código Procesal Penal, solo es procedente en casos de complejidad investigativa o por diligencias en el exterior, pero, en ninguno de estos requisitos se cumple este caso, ya que la investigación no es compleja, no hay un número elevado de imputados o víctimas, y no existen diligencias pendientes en el exterior.
“Esta decisión arbitraria evidencia una negligencia voluntaria de la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), que ha omitido diligencias básicas, como tomar declaraciones a testigos o recabar material audiovisual, y constituye un castigo anticipado con el claro objetivo de mantenerlos en prisión preventiva el mayor tiempo posible, sin condena y sin pruebas”, señaló el Comité de Solidaridad en México.
Alejandro Henríquez y José Ángel fueron detenidos ilegalmente por la Policía Nacional Civil (PNC) durante una vigilia pacífica de la Cooperativa El Bosque, donde la UMO y la Policía Militar reprimieron a más de 150 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos.
Pese a la existencia de evidencia audiovisual y testimonial que demuestra la violencia de las autoridades, ambos fueron enviados a prisión preventiva bajo acusaciones infundadas de desórdenes públicos y resistencia agresiva.
“Solicitamos al Estado Salvadoreño y al Juzgado de Instrucción que, en cumplimiento de la ley, otorgue de inmediato medidas sustitutivas a la detención para Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez”, expresó.
Human Rights Watch (HRW) denunció que las detenciones del pastor y líder comunitario José Ángel y el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, fueron arbitrarias e infundadas, una jueza ordenó su detención provisional, primero en una delegación policial y luego en el centro penal La Esperanza conocida como Mariona, donde permanecen incomunicados, sin acceso a familiares ni abogados, en condiciones inhumanas.
Según Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, las pruebas revisadas revelan que estos líderes comunitarios fueron detenidos simplemente por ejercer su derecho de reunión pacífica, “cuando las autoridades criminalizan la protesta pacífica el mensaje para la sociedad es inequívoco: guardar silencio o enfrentar la cárcel”, recalcó.
La Fiscalía los acusó de resistencia agresiva y desórdenes públicos, pero HRW, tras analizar 16 videos, fotos, redes sociales y documentos judiciales, concluyó que no hubo violencia ni obstrucción real del tráfico, la policía fue quien inició los incidentes y las pruebas presentadas por la Fiscalía carecen de fundamento.
