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Prevención, palabra olvidada

José M. Tojeira

El paso lateral del huracán Julia por nuestro país ha creado un desastre severo para muchas personas. Una vez más se constata la debilidad que tenemos en la prevención del desastre, en unos tiempos en los que el indetenible proceso de calentamiento global augura tanto tormentas como sequías más violentas y duraderas. Después de cada desastre se habla siempre de prevenir, pero el siguiente acontecimiento destructivo que nos sacude nos encuentra siempre mal preparados. No hay un censo efectivo de lugares en riesgo ni una normativa que planifique modos de superación del riesgo. No hay planes estatales de vivienda campesina que evalúe lugares peligrosos y que ayude a los campesinos a construir en lugares seguros y con calidad de materiales.

En general el riesgo de los pobres no se tiene en cuenta hasta que el huracán, el terremoto o la sequía afecta. En cambio se otorgan con facilidad los permisos ambientales para construir casas caras, a las que no tienen acceso el sesenta o setenta por ciento de los salvadoreños, pero que afectan humedales, reservorios de agua o incluso el acceso al agua de sectores vulnerables. Las construcciones en ladera acumulan y acrecientan las corrientes de agua hacia las partes bajas en algunas ciudades como El Salvador. Pero parece que los problemas que se generen no importan, cuando se trata de beneficiar negocios particulares.

La prevención ha estado también ausente en la agricultura. El uso de pesticidas y agroquímicos continúan siendo un problema para el país. Las ventas de glifosatos, paraquat o compuestos de 2, 4-D, continúan siendo usados en agricultura sin mayor control, a pesar de las evidencias de que han sido, al menos parcialmente, la causa de la enfermedad crónica renal, verdadera plaga existente en El Salvador. Si bien la prevención de la enfermedad ha avanzado en El Salvador con el uso de vacunas, la prevención en enfermedades no transmisibles, que afectan a intereses económicos del gran capital, no cuentan con el compromiso serio del estado para prevenirlas.

La diabetes y la ateroesclerosis, causadas con frecuencia por una dieta cargada de grasa y azúcares, y muy frecuentes en El Salvador, no cuentan con medidas adecuadas para prevenirlas, ni siquiera en campañas nutricionales que el Estado debería emprender. Los intereses económicos tienen con demasiada frecuencia mayor peso que la salud pública. La palabra prevención está escrita con letra pequeña en el diccionario del lenguaje salvadoreño, y es con frecuencia difícil encontrarla.

El Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si, señalaba que hay en el mundo demasiadas personas pobres o vulnerables, cuyos  “medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales”. Advierte también de la cada vez más baja calidad del agua de consumo en favor de la privatización y comercialización de la misma que pone en grave riesgo la salud de los pobres y les niega “el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”.

La situación en El Salvador no es ajena a la denuncia del Papa. La necesidad de actuar en la prevención del desastre no solo es una responsabilidad ciudadana coherente con los derechos humanos, sino que además es, para todos los cristianos, una exigencia derivada desde el mandato evangélico del amor. Agravada la situación por la enfermedad evitable y por el desastre, así como por la debilidad de nuestros sistemas de protección social, a los pobres y vulnerables no les queda más remedio que emigrar o morir en medio del abandono, dada la situación de nuestros sistemas de salud. Con razón insiste el Papa Francisco en que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”.Un tema grave porque el conjunto de pobres y vulnerables ronda con facilidad el 75% de nuestra población, aunque no todos se vean absolutamente afectados con gravedad por la crónica irresponsabilidad del Estado en el terreno de la prevención.

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