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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En el segundo año del silencio oficial en la conmemoración de los Acuerdos de Paz, diversos sectores de la sociedad civil retomaron la emblemática fecha y se volcaron a las calles para celebrar el 16 de enero de 1992, cuando en Chapultepec, México, que marcó un punto de inflexión en la historia de El Salvador, y dar oportunidad a la construcción de un Estado democrático y erradicar las prácticas represivas y de exclusión social.
“Que todos los órganos del Estado retomen responsable y seriamente sus obligaciones para dar cumplimiento y profundidad al contenido de los Acuerdos de Paz”, exigieron mediante un pronunciamiento organizaciones sociales, aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad, quienes se pronunciaron por una apertura al diálogo y la participación social.
Las organizaciones consideran como una “oportunidad inédita”, para el actual Gobierno, de retomar el contenido de los Acuerdos de Paz, puede llevar al centro los derechos de las víctimas y la sociedad civil en general, y fortalecer los aspectos socioeconómicos, demandaron las organizaciones.
Irene Gómez -abogada de CRISTOSAL- afirmó que ante el discurso de “negación” del presidente Nayib Bukele, diversos sectores de la sociedad civil, lo celebraron de manera diferente con el objetivo de demostrar dos realidades concretas: que los “Acuerdos de Paz no son farsa” y la “guerra fue un negocio”, señalamientos que consideró revictimizantes.
“Por los Acuerdos de Paz se crearon instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un Policía Nacional Civil, que desligaba de los cuerpos anteriores, un nuevo mandato para la Fuerza Armada que la subordina al poder civil; pero, también hubo muchos aspectos que no se cumplieron y es con las víctimas y la superación de la impunidad, que todos los gobiernos desde 1993 hasta el actual han negado el acceso a la justicia a las víctimas, la verdad, la suspensión de las reparaciones a víctimas y que no existan concretamente garantías de no repetición de esos actos de lesa humanidad”, expresó.
Rafael Segura, del Comité de Presos Políticos de El Salvador, sobreviviente de la tortura y encarcelamiento, lamentó la sistemática exclusión institucional en temas tan delicados como la justicia y la reparación a las víctimas.
“Queremos que la Asamblea Legislativa reinicie inmediatamente el proceso de aprobación de Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, en el contexto del Conflicto Armado. Que analicen los argumentos expresados en el veto presidencial y que fundamentalmente, atiendan los contenidos y propuestas presentadas por las víctimas y organizaciones de derechos humanos”, mencionó.
En cuanto al presidente Nayib Bukele le solicitó garantizar el acceso a los archivos militares -de ser necesario- la reconstrucción de estos, específicamente los vinculados al conflicto armado de los años ochenta. Y abrir un proceso de diálogo y consultas reales con la comunidad de derechos humanos y los comités de víctimas a nivel nacional.
“Sabemos que el presidente Bukele ha designado el 16 de enero, como el día de las víctimas, ¿nos consultó a nosotros como víctimas esa decisión? No. Lo que hizo, fue algo antojadizo y populista.
Es necesario que reivindique el dolor de las víctimas, y queremos que se abstenga de dar mensajes nocivos a la población, si no sintió en carne propia los vejámenes de la Fuerza Armada o Escuadrones de la Muerte, le pedimos que nos respete como víctimas”, sostuvo.
Las organizaciones recalcaron, además, la deuda del órgano Judicial, que no activa los procesos judiciales relacionados a los graves casos de violación a los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, y la falta de preparación de jueces y juezas en materia jurisprudencia internacional en esta materia. Y a la Fiscalía General de la República, demandó mayor dinamismo en la investigación de estos casos, aplicando su política de persecución penal, que el ente fiscal aprobó en 2018.
“Debemos tener como ciudadanía muy presente una cosa, la condición de víctima se atribuye por la agresión y el daño sufrido de una persona y no por quien se lo causó, -es una atrocidad- decir que las víctimas del FMLN son de derecha y las víctimas del Estado son de izquierda. Basta ya de esa manipulación, de ese juego político con el dolor y sufrimiento de las víctimas, su condición es por el daño que se le ha causado”, explicó Eduardo García, de Pro-Búsqueda, al referirse a la verdad, justicia que le ha sido negada a este grupo poblacional.
Por otro lado, consideró que ante un segundo año consecutivo de suspensión del acto conmemorativo de los Acuerdos de Paz, la población retomó la fecha como suya, y dejó de ser un “acto presidencialista”, para convertirse en un “acto popular”, que denota, agregó García, que la sociedad civil ha identificado que fue dañada por el conflicto armado y se necesita una reconciliación, sin importar que bando le causó el daño.
“Son víctimas y por tanto, necesitan reunificarse y necesitan justicia y reparación y, sobre esto, ya hay jurisprudencia en el país, ya la Sala de lo Constitucional ha dicho que todo lo que haga en favor de las víctimas, tiene que ser con su participación, atendiendo sus reivindicaciones y poniéndolas al centro según sus intereses. Que haya un X o Y presidente, que se saca de la manga un día conmemorativo a las víctimas, sin pasar por la participación de ellas en la iniciativa es solamente un acto político-partidario e insulto a las víctimas. Porque las víctimas ya propusieron una Ley de Reconciliación en la Asamblea Legislativa, que fue vetada y desde el año 1994, vienen reivindicando el 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, ese es el contexto que tenemos”, manifestó.
Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso, expresó que las organizaciones quieren dejar dos ideas centrales sobre los Acuerdos de Paz, la primera es que si representan un hito histórico importante para las víctimas y para el proceso salvadoreño, por tanto, rechazan cualquier intento de menoscabar o desvalorizar esta fecha nacional.
“En segundo lugar, ningún órgano del Estado desde la firma de los Acuerdos de Paz, y más recientemente con la derogación de la Ley de Amnistía (2016), ha sido capaz de atender realmente las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que las víctimas han externado. Y cuestionan la actitud del presidente (Bukele) frente a las víctimas, con el bloqueo de los archivos militares en las inspecciones judiciales”, puntualizó.
