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Piden retomar discusión sobre el monocultivo de la caña de azúcar

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

“Todo mundo sabe que Sonsonate es un departamento de monocultivo de caña de azúcar, donde las comunidades nos preocupamos por la situación que vivimos; atentan contra nuestra soberanía alimentaria. El monocultivo de caña está agarrando más territorio, en vez de cultivar maíz y frijol”, comentó Sonia Gutiérrez, una líder de Sonsonate que llegó junto a la Campaña Azúcar Amarga en las afueras de la Asamblea Legislativa para que este Órgano de Estado trabaje por la seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, que vuelva a retomar la discusión sobre los monocultivos.

En el Día Mundial de la Alimentación, diversas organizaciones aglutinadas en la Campaña Azúcar Amarga sostuvieron que dicha soberanía, en esencia, significa el derecho inalienable de la población a acceder a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, producidos de manera sostenible y sustentable. Alejando Labrador, miembro de la campaña ciudadana sostuvo que “es evidente los diferentes impactos negativos que las comunidades vienen denunciando, respecto a la salud, la calidad del suelo, agua, alimentos, donde hay monocultivo de la azúcar”.

Azúcar Amarga señaló que en el caso de la realidad salvadoreña, “es triste constatar que el derecho a la alimentación sigue siendo una ilusión y un proceso pendiente, especialmente en medio de la peor crisis alimentaria que ha enfrentado el país en su historia”, ya que ellos plantearon que, en julio, los precios de los alimentos de la canasta básica alcanzaron $193.98 en el área rural y $255.36 en la zona urbana. Según encuestas oficiales, en 2022 el 26.7% de los hogares del país no tuvo los ingresos suficientes para cubrir el costo de dos Canastas Básicas Alimentarias (CBA). Además, el 8,5% de la población está subalimentada y el 47.1%, o sea 2 millones 880 mil personas padecen inseguridad alimentaria moderada o grave.

“Esta situación, lamentablemente, tiende a empeorar debido a la dependencia y vulnerabilidad con la que subsiste el sistema alimentario salvadoreño. Ante la crisis política en Guatemala, nuestro principal abastecedor de frutas y verduras, el cierre de sus fronteras y carreteras se ha generado desabastecimiento a proveedores en nuestro país y así también las pérdidas ocasionadas por la sequía, que ya alcanzan los 18,360 quintales de frijol y 545,713 quintales de maíz, amenazan con desencadenar una auténtica hambruna con impactos severos en la calidad de vida, salud y nutrición de las personas”, planteó Azúcar Amarga.

Las razones detrás de esta crisis “son múltiples”, catalogó el colectivo, ya que, en medida, son producto de políticas económicas neoliberales que han favorecido la apertura del mercado a las importaciones de alimentos, dejando a la agricultura nacional en un estado crítico.

“De manera irónica, el actual gobierno no cambia los planes y continúa implementando políticas fracasadas. Además, tolera de forma irresponsable el avance de los monocultivos, en particular la caña de azúcar, que explota las mejores tierras del país y desplaza a comunidades y sus cultivos fundamentales como granos básicos, frutas y verduras”, señaló la campaña.

Estos monocultivos agotan los recursos hídricos y contaminan suelos, aire y agua mediante prácticas como la quema de cultivos y el riego aéreo de agroquímicos tóxicos, y también agravan la inseguridad alimentaria y hacen más vulnerables ante el indetenible cambio climático.

En ese contexto, la campaña comunitaria hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para tomar decisiones políticas que permitan avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria. Estas decisiones incluyen detener la expansión de monocultivos como la caña de azúcar, prohibir prácticas dañinas como el riego aéreo de agroquímicos y las quemas de cultivos, así como prohibir la importación, comercialización y uso de productos peligrosos como el glifosato. Además, es imperativo promulgar una ley que fomente la agroecología.

 

Labrador sostuvo que uno de los pasos estratégicos que puede dar El Salvador, es prohibir los agrotóxicos y aplicar la ley como se debe en caso de malas prácticas ya reguladas. En ese sentido, pidieron que se retome la discusión del Proyecto de Ley de Prohibición de Agrotóxicos.

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