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La Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado a causa de la Violencia (MCDF) demandó del presidente Nayib Bukele se pronuncie favorablemente sobre la atención a favor de las víctimas.
En 2017, las organizaciones que conforman la MCDF registraron 144 casos de desplazamiento forzado, y para el año 2018, el número asciende a 289. Entre las causas más frecuentes estuvieron las amenazas, homicidios, desapariciones, ataques armados, violencia sexual contra las mujeres o acosos provenientes tanto de grupos en conflicto con la ley, como por agentes estatales de seguridad.
David Ortiz representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) expuso, que brindar una respuesta integral a todas las víctimas de la violencia, requiere del involucramiento de todos los actores clave, especialmente de las instituciones del Estado, para la prevención, atención y medidas que garanticen la seguridad y protección de las víctimas.
Ortiz comunicó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas, que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos en situación de vulnerabilidad de distintas zonas geográficas del país controladas por pandillas, y en las afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales.
Si bien, la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado a causa de la Violencia reconoció avances en el tema de seguridad como el descenso de homicidios, afirmó que también se han identificado elementos de preocupación en torno a los abordajes que han sido planteados por el actual gobierno durante los primeros 100 días de gestión.
Bianka Rodríguez de la organización COMCAVIS TRANS puntualizó en la ausencia de transparencia en torno al “Plan Control Territorial”, del cual se desconoce si dentro sus componentes se incluye el abordaje de las necesidades especialmente de las víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia. “Hay escasas capacidades para operar políticas de atención y protección a población desplazada a causa de la violencia, por falta de protocolos de atención estandarizados, que permitan promover la protección y asistencia a las víctimas”, dijo la activista.
Además de pedir al mandatario salvadoreño el pronunciamiento favorable sobre la “Ley de Atención Integral a Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno a Causa de la Violencia”, que se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa, pidieron al ejecutivo la adopción de una política pública integral que garantice la protección de los derechos de las personas víctimas de la violencia y permita la participación activa de diversos actores y sectores para el diseño.
