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German Rosa, s.j.
Movilizarse para lograr o conquistar mayores espacios que hagan posible la justicia es un acto de esperanza contra toda desesperanza que fácilmente nos invade en nuestros tiempos. Pero, además, ésta es una labor interminable e ineludible en la actualidad. Por esta razón, es fundamental pensar sobre las perspectivas políticas que se imponen ante la flagrante realidad de la injusticia en todos los ámbitos de nuestra sociedad, sin caer en la trampa del desánimo, ni claudicar a esta importante labor de la justicia porque es inagotable y siempre está por realzarse. Si queremos construir el reino de la justicia y de la paz hay que trabajar inagotablemente sin esperar que los logros sean irreversibles, pues no hay una evolución histórica lineal en la gran tarea por alcanzar la justicia, sino que existen grandes avances, rupturas, retrocesos, grandes adquisiciones y nuevos retos para afrontarlos y superarlos. De ahí que hay que invertir todas nuestras capacidades y talentos para hacerla posible.
La mística para trabajar por la justicia es la del atleta que participa en la carrera de obstáculos para superarlos hasta llegar a la meta. Sabiendo que siempre habrá nuevas competencias atléticas y otras carreras de obstáculos. También desde la fe cristiana la justicia es don, tarea y compromiso de servicio vinculado al amor fraterno. San Romero de América citando al Concilio Vaticano II lo expresó así: “Es de suma importancia que este servicio al hermano vaya en la línea que nos marca el Concilio Vaticano II: ‘cumplir antes que nada las exigencias de la justicia, para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia; suprimir las causas, y no sólo los efectos de los males y organizar los auxilios de tal forma que quienes los reciben se vayan liberando progresivamente de la dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos (AA 8)” (Mons. Oscar Arnulfo Romero, Misión de la Iglesia en Medio de la Crisis del País, Cuarta Carta Pastoral, Arzobispado de San Salvador, Fiesta de la Transfiguración, 6 de agosto de 1979, Nº 67).
Si el quehacer de la política va en la dirección de construir sociedades justas, las instituciones sociales y las leyes deberían ser una expresión de la justicia, y éstas por muy eficientes que sean si no son justas deben ser reformadas, transformadas o abolidas (Cfr. John Rawls, Una teoría de la justicia). Pero, ¿quién decide sobre estos cambios o aboliciones institucionales? ¿Es una responsabilidad solamente de la sociedad política? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? En el contexto actual esto supone un amplio debate para lograr un juicio político reflexivo sobre las instituciones del país. Y esto es más aún apremiante en un contexto de confrontación y crisis política que se vislumbra de larga duración. Muchas cosas están cambiando y continuarán los cambios por lo que es urgente un amplio debate y un diálogo nacional.
Una sociedad justa es aquella en la cual las instituciones fundamentales son justificadamente aceptadas y razonablemente no refutables por todos aquellos miembros que forman parte de la sociedad o de la polis (República). De ahí la importancia de tener claridad en los criterios del juicio para valorar las instituciones, los procedimientos políticos, las opciones y deliberaciones de los que gestionan los poderes públicos (Cfr. Veca, S. 2010. La filosofia política. Bari, Italia: GLF Editori Laterza, pp. 35-36).
Pero, el problema es cuando se reduce la justicia a maximizar la utilidad colectiva o el bienestar de un grupo político y económico sin tener en cuenta la sociedad en su conjunto. Si la justicia se concibe como aquella que busca el mayor bien para el mayor número posible de los ciudadanos, entonces la justicia cae en la trampa del utilitarismo legal, institucional y social. De modo que la justicia sería reductiva y excluyente de grandes grupos de la sociedad que no están incluidos en “el mayor número posible” o de quienes no pertenezcan al grupo político y económico o al grupo de quienes gestiona el poder o administran la misma justicia institucional. Así se apreciaría una compresión limitada de la justicia y una valoración empobrecida de las acciones y de las opciones políticas en la gestión pública para concretar la misma justicia. Desde esta perspectiva, el riesgo de la arbitrariedad es real en la aplicación de la justicia legal, conmutativa, social y distributiva. La luz de la justicia resplandece cuando no existe ninguna sombra de arbitrariedad.
La justicia va más allá de intereses y preferencias particulares, de grupos de poder, de opciones políticas, pues la igualdad moral es de todos los ciudadanos, aunque desgraciadamente no sea reconocido así en todos los casos ni en las mismas legislaciones.
La administración del Presidente Bukele ha creado grandes expectativas positivas, pero no podemos obviar que ya han comenzado una frecuencia de manifestaciones sociales que piden cambios profundos en la dirección de la justicia. Por mencionar algunos movimientos sobre distintos temas: el agua, los recursos naturales, los pensionados, los veteranos, los sindicatos, las víctimas del conflicto armado, etc.
Un tema peliagudo es el hecho de que todos somos iguales ante la ley, pero no a todos se les aplica la misma ley. No se trata de quien está en el gobierno y quien no, se trata de la importancia y de la centralidad de la justicia en una sociedad democrática. Esto nos advierte que no se puede construir la justicia con la injusticia cuando no se aplica la ley para todos por igual, no se puede justificar que las acciones de la justicia no sean universalmente aplicadas para todos los ciudadanos, pues sería una injusticia. Y no se puede proceder injustamente para lograr la justicia. Esto sería una contracción in terminis. Los ciudadanos y los gobernantes justos no pueden realizar acciones injustas. Las perspectivas de la justicia en una sociedad políticamente democrática abren un debate amplio para fundar la sociedad sobre fundamentos sólidos, independientemente de quien está o no está en el poder.
¿Se puede pensar en un contrato social o un acuerdo de país en un contexto de crisis política sin un conceso básico y sin desarrollar un sentido común de la justicia en la sociedad? Sabemos que la confrontación, la polarización social y política evidencia, entre otras cosas, una sensibilidad que manifiesta un rechazo a la arbitrariedad y la injusticia como punto de partida entre las partes involucradas. Pero, debemos tener en cuenta que una forma democrática para afrontar y resolver los problemas de carácter nacional es mediante el diálogo, los acuerdos políticos y un contrato social o de país que involucre tanto la sociedad política como la sociedad civil. Muy difícilmente se puede lograr y garantizar la gobernabilidad sin acuerdos y un gran contrato social de país que se base sobre la justicia estable y duradera para que se logre la paz en el conjunto de la sociedad. Por eso es importante tejer relaciones de justicia en todos los ámbitos de la sociedad. La educación tiene un papel fundamental para cultivar la justicia en la sociedad. Y si vivimos en una sociedad democrática, o en proyecto de democracia, cuanto más se favorezca el sentido de la justicia más se consolidan las relaciones humanas y sociales con la sensibilidad de la justicia. Sabiendo que lo justo no es solamente maximizar el bien de la justicia para un grupo mayoritario, pues ignora el bien común o del conjunto de la sociedad (Cfr. https://www.diariocolatino.com/la-democracia-en-el-contexto-del-covid-19-la-voz-de-los-sin-voz/). La filosofía política de Platón en la República trata explícitamente el tema de la justicia, y recordemos que una de sus grandes aportes es que los ciudadanos justos construyen la sociedad justa y el Estado justo, cuyas leyes deben ser justas. No defendemos la República como la entendía el mismo Platón, sino que recuperamos su gran aporte ético sobre los ciudadanos justos y también que el Estado debería ser justo.
Además recordemos que su planteamiento es que la injusticia lleva a la crisis de la polis o la República. El fin del Estado es la justicia que es el cumplimiento del bien común para todos los ciudadanos. La justicia es la base de la convivencia política. Así lo entendió el gran filósofo Platón en la República que es su gran obra de madurez.
No queremos ser profetas de mal agüero. Todo parece indicar que, después de las últimas elecciones, el país se encamina hacia la construcción de un nuevo contrato social nacional o un acuerdo de país. Deseamos y esperamos lo mejor para el país. Por ejemplo, un tema fundamental y de primera importancia es la reforma constitucional que ha creado grandes controversias y desencuentros. La falta de diálogo y de acuerdos exige y pone en evidencia la necesidad de un nuevo contrato social nacional para garantizar la estabilidad política e institucional en el país.
Buscar una solución a los graves problemas políticos por la vía del contrato social o un acuerdo nacional para lograr una mayor justicia supone el reconocimiento de todas las partes implicadas respetando las libertades y la igualdad de derechos. Desde la perspectiva de un acuerdo nacional o de país, la comprensión de la justicia no puede ignorar la pluralidad de las personas, ni tampoco las diferencias, las desigualdades sociales y económicas, las desventajas que existen en la igualdad de oportunidades y las inequidades en el reconocimiento de los derechos de los demás.
Hay que ir más allá de la justicia que propone la perspectiva utilitarista porque es reductiva y excluyente, y dar lugar a un ejercicio democrático que universalice la justicia en el país, teniendo una visión inclusiva, participativa y constructiva con el horizonte del bien común. En nuestro contexto es importante no olvidar la “fraternidad” democrática, que se basa en la reciprocidad y solidaridad entre todos los ciudadanos. Pues todos somos semejantes en dignidad, derechos y obligaciones, que merecemos el mismo respeto y consideración. Una sociedad justa se basa sobre la cooperación, la estabilidad durable, modelada según el principio de reciprocidad de los ciudadanos. Tenemos la esperanza que el pueblo salvadoreño saldrá fortalecido y crecerá con la actual crisis política, pues ha demostrado históricamente que tiene la capacidad de superar grandes problemas y también puede construir su futuro con dinamismo y creatividad de manera ejemplar.
