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Por Leonel Herrera*
El oficialismo legislativo -integrado por Nuevas Ideas y sus acólitos de GANA, PCN, PDC y algunos disidentes de ARENA- aprobó esta semana, por orden de Casa Presidencial, una nueva prórroga del régimen de excepción.
Es la decimosexta vez que los parlamentarios gobiernistas avalan esto que, en la práctica, es ya un estado permanente de suspensión (y violación) sistemática de derechos y garantías constitucionales.
Esta ratificación mensual del mal llamado régimen de excepción, que viene desde marzo de 2022 tras la ruptura de la negociación del actual gobierno con las maras, genera dudas sobre si su verdadero objetivo es la persecución contra esos grupos criminales.
Digo esto porque, si la propaganda gubernamental es que las pandillas ya están desarticuladas ¿para qué se mantiene el régimen de excepción? ¿Es para mantener un estado de impunidad para detener a cualquier persona sin causa justificada y sin seguir el debido proceso judicial?
¿Es para mantener a la sociedad atemorizada con la amenaza de ser detenida con el régimen de excepción si critica, protesta o hace cualquier cosa que no guste al gobierno? ¿Es para evadir la transparencia y rendición de cuentas? ¿Es una estrategia política-electoral que se mantendrá hasta febrero de 2024?
¿Por qué el gobierno no usa el marco legal anti pandillas que ya provee las herramientas necesarias para combatir a estos grupos criminales? ¿Por qué no implementa verdaderas políticas de seguridad que combinen integralmente persecución del delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia?
¿Por qué el gobierno de Nayib Bukele no aborda las causas estructurales de la violencia relacionadas con exclusión, marginación y desigual que son terreno fértil para las pandillas? ¿Por qué no impulsa medidas para reducir la concentración de la riqueza que es la causa estructural de la injusticia en el país y de la cual deriva la pobreza, la violencia, migración, etc.?
Volviendo a la persecución contra las maras, también hay otra duda: ¿por qué la ofensiva gubernamental se centra únicamente en la base pandilleril y no en las estructuras de mando? La decisión de excarcelar cabecillas condenados y no extraditar a los solicitados por la justicia estadounidense es sintomática de la selectivo de la estrategia anti maras del gobierno bukelista.
Ojalá más temprano que tarde la población sea consciente de lo ilegal, insuficiente, inhumano, demagógico, inmediatista, engañoso y efímero de las acciones del actual gobierno contra la violencia pandilleril.
La población debe exigir verdaderas políticas de seguridad que combatan eficazmente la criminalidad en todos los ámbitos (pandillas, narcotráfico, evasión tributaria, corrupción gubernamental), respete los derechos humanos y el debido proceso, proteja a las personas inocentes y ataque las causas estructurales de la violencia e inseguridad.
*Periodista y activista social.
