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‘Panamá es vulnerable a una serie de amenazas, que nos preocupan, especialmente aquellas relacionadas con el tránsito a través de sus fronteras. Es la puerta para el resto de Centroamérica y Norteamérica y algunas de estas amenazas vienen de afuera de la región, incluso del hemisferio oriental’, afirmó al diario local La Prensa.
En consonancia con la habitual política estadounidense de atemorizar para obtener beneficios, el funcionario habló de la posibilidad de peligros para la nación centroamericana, tal vez porque el actual gobierno istmeño se negó rotundamente a un acuerdo de ‘tercer país seguro’ para ofrecer asilo a migrantes rechazados por Estados Unidos.
El propio presidente Laurentino Cortizo lo confirmó en declaraciones a periodistas, al señalar que ‘yo no veo eso viable’ y agregó, ‘con lo que ya tenemos es suficiente’, al referirse a los ilegales que permanecen detenidos en centros de reclusión cercanos a las fronteras este y oeste.
Resultó sintomático que no hubo entrevista entre McAleenan y Cortizo, algo hasta ahora habitual en la política doméstica cuando viene al país una alta autoridad de la nación norteña y solo fue recibido por el canciller, Alejandro Ferrer y su homólogo Rolando Mirones.
Para mostrarle al visitante la situación, como parte del programa de la reunión lo llevaron hasta Darién, en el extremo oriental, donde extranjeros permanecen detenidos tras su entrada ilegal a través de la frontera selvática compartida con Colombia, y cuya cifra ascendió a más de 13 mil 600 personas, de enero a julio pasado.
En aquel lugar, el también comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, apreció que las condiciones difieren de la barbarie en Estados Unidos con el tratamiento inhumano a padres e infantes, lo que para McAleenan es la manera de cumplir ‘la responsabilidad de proteger a las familias y a los niños’, según dijo a principios de agosto.
En una entrevista con The New York Times, justificó las crueles acciones de su presidente Donald Trump sobre el tema, porque consideró que la oleada migratoria es una táctica de engaño de los narcotraficantes que usan a grupos familiares para distraer a las autoridades, mientras introducen drogas a través de la frontera.
Este defensor de semejantes políticas aseveró a La Prensa que su país es socio en la protección de Panamá frente al crimen organizado y reveló la colaboración directa de sus especialistas en puertos, aeropuertos y zonas marítimas.
Pero en sus propias palabras se traslució que el objetivo real no son los panameños, sino velar por los intereses estadounidenses en el Istmo, como el canal de Panamá y su efecto para la economía del vecino del norte, por el alto tránsito de barcos en rutas comerciales que enlazan a Estados Unidos con el mundo, aseveró al medio.
McAleenan rehuyó decir su criterio al periódico sobre la negativa del gobierno panameño a firmar un acuerdo similar al de Guatemala, y se limitó a informar: ‘lo que nos ha manifestado nuestra contraparte panameña es que tienen la intención de trabajar en conjunto para combatir el tráfico de seres humanos’.
El gobierno de Panamá, que asumió el primero de julio pasado, canceló el proyecto de la administración anterior para construir un centro de detención de migrantes por valor de nueve millones de dólares, a la vez que anunció una nueva política para los ingresos de extranjeros a su territorio, bajo el derecho de admisión del país receptor.
Con el pretexto humanitario, el expresidente Juan Carlos Varela toleró y apoyó el paso de decenas de miles de ilegales por el territorio panameño, lo que favoreció al crimen organizado el cual domina el corredor del tráfico de personas hasta la frontera de Estados Unidos; al parecer, el actual mandatario está dispuesto a cortar el acceso irregular.
Controlar la línea divisoria ubicada en medio de la inhóspita jungla de Darién será la única forma de interrumpir la ruta terrestre y desestimular así a quienes pretendan usar a Panamá como puente para recorrer Centroamérica rumbo a Estados Unidos.
