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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Samantha Pineda, directora del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), con sede en Washington D.C., señaló que las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil afrontarán para el próximo año “represión”, así como descalificaciones, cuando “intenten checar al Gobierno del presidente Nayib Bukele”, dijo en exclusiva a Diario Co Latino.
Desde 1994, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), ha venido acompañando los procesos democráticos en el país, al participar con delegaciones de observadores internacionales en un respaldo y garantía, que busca la legitimidad de las elecciones y sus resultados en los últimos 28 años de existencia de este grupo de la sociedad civil.
-Samantha, ¿qué lectura hace frente a la situación política y electoral del país?
Como CISPES, nos hemos venido pronunciando por la confrontación que realiza el Ejecutivo contra el órgano Legislativo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, ahora, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Nos hemos pronunciado -también- contra la militarización que se dio en la Asamblea Legislativa, el pasado mes febrero, sostuvimos varias reuniones con congresistas estadounidenses para que se pronunciaran sobre esta situación irregular. Y durante los primeros meses de la pandemia, también emitimos un pronunciamiento sobre los derechos humanos de las personas que fueron retenidas arbitrariamente. Además, hubo denuncias de otras organizaciones de derechos humanos que dan acompañamiento a Centroamérica, sobre la confrontación que se dio del presidente (Nayib Bukele) y la Asamblea Legislativa, por los fondos para enfrentar la pandemia.
-¿Considera que la confrontación era innecesaria?
¿Y cómo el presidente quería un cheque en blanco? porque hemos sabido por denuncias e información de los medios de comunicación que hay varios casos de corrupción que se dieron en los primeros meses y que se utilizaron fondos públicos para comprar bienes a sobreprecio. Nosotros -como CISPES- nos pronunciamos contra esas confrontaciones, que pusieron en riesgo la institucionalidad en el país.
-¿Qué opina de los señalamientos desde la presidencia al TSE?
Ahora, los ataques del presidente Bukele, desde su partido Nuevas Ideas, en contra de la legitimidad institucional del Tribunal Supremo Electoral, creo que lo esperábamos porque hemos visto cómo ha actuado esta administración. Evidentemente, no hay ningún respeto a las instituciones democráticas que llevan un control al poder presidencial. Y que, más allá de ser instituciones controladas por partidos políticos, son instituciones en donde está presente la pluralidad de ideologías e intereses políticos -al final del día-, esa es la democracia y así como en Estados Unidos se dan esas luchas entre los partidos demócrata y republicano, pero sin llegar el partido demócrata a sacar al republicano a la fuerza de sus posiciones, sería totalmente antidemocrático. Entonces, hemos visto con bastante preocupación esta confrontación que ha generado el presidente Bukele, desde su posición, y también generando descontento general en contra de otras instituciones.
-¿Qué ha hecho CISPES ante esta situación?
Nos hemos pronunciado sobre este manejo; pero, sobre todo, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), denunciando y haciendo un llamado a congresistas y organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos a pronunciarse, sobre lo que consideramos un ataque contra el TSE, como institución garante de las elecciones de El Salvador. Porque es un ataque contra los Acuerdos de Paz; el presidente Nayib Bukele -hace unos días- dijo que estos eran una farsa y sabemos que él ha podido llegar a ser presidente porque se firmaron esos Acuerdos de Paz, que pudo ser alcalde, elegido por un partido de izquierda como resultado de los Acuerdos de Paz. Y que ha podido beneficiarse de un traspaso de poder pacífico, en el contexto de esa firma de los Acuerdos de Paz; entonces, todo esto es resultado de esa lucha social que se dio en esos momentos. Consideramos que estos ataques y los comentarios del presidente Bukele, como en línea con su partido NI, se trata de ir generando descontento y desconfianza en las instituciones democráticas y así poder ir garantizando la concentración del poder estatal. Como organización nos hemos ido pronunciando ante estas situaciones y creemos que estos ataques contra el TSE, especialmente, son preocupantes. Por lo que esperamos que las organizaciones y congresistas en los Estados Unidos puedan ir poniendo más atención, sobre cómo se está desarrollando este proceso electoral en El Salvador.
-¿Qué opina de que, luego de tuits presidenciales sobre un supuesto fraude electoral, la encuesta del IUDOP registró que el 43.6 % apoya la afirmación presidencial?
Creo que no me sorprende. El presidente Bukele es sumamente popular y, dependiendo de cómo utilice esa popularidad, él puede llegar a fortalecer o debilitar el sistema político electoral democrático. Desafortunadamente, lo que hemos visto en los últimos días es a un presidente que le está apostando a ir debilitando el proceso electoral y el sistema democrático institucional de país, para poder ir, cada vez, consolidando más poder en sus manos.
-¿Prevén un solo partido a cargo de todo el Estado?
Nosotros hemos visto las políticas a las cuales apuesta el presidente Bukele, para El Salvador: primero, un Gobierno que está al servicio de los intereses del poder geopolítico del gobierno de los Estados Unidos. Cuando Nayib Bukele fue electo, uno de sus primeros eventos públicos al que asistió en los Estados Unidos fue en una organización de ultraderecha conservadora, con un mensaje de que El Salvador estaba “open for business” (abierto a los negocios), inversión económica extranjera -y creo- que si el presidente Bukele llega a consolidar los tres poderes del Estado, bajo su influencia, podría impulsar políticas de interés geopolítico de Estados Unidos y del capital económico extranjero, sin tener restricciones de parte de otra institución del Estado.
O sea, sin ningún bloqueo político o legal de otras instituciones. Y lo hemos comprobado en los primeros meses de su administración, ha entregado permisos ambientales a megaproyectos que estaban siendo todavía investigados, sabemos de las denuncias de comunidades y organizaciones sociales sobre la extracción de recursos naturales, la concentración de la tierra y la comercialización del agua. Y le está apostando a la represión militar, más que a los programas sociales de inclusión o recuperación. Asimismo, la aplicación de represión migratoria que son políticas antimigrantes de los de Estados Unidos, que las adoptan para seguir recibiendo la inversión económica extranjera prometida. Si el presidente Bukele llega a consolidar los tres poderes del Estado, sería su oportunidad para hacer lo que quiera, sin tener oposición política en contra.
-¿Qué otras observaciones tienen de su administración?
Es importante decir que el presidente Bukele -este año- ha dado un giro sobre los fondos de programas sociales que se han ido cancelando. Programas sociales históricos que, más allá de ser programas implementados por el gobierno del FMLN, son históricos porque se enfocaron fondos públicos para invertir en la población. Y el presidente Bukele ha ido cerrando esos programas y los ha reinvertido en la militarización y propaganda mediática. No nos sorprenden, entonces, que la población ahora coincida con esa afirmación sobre un fraude electoral que ha hecho el presidente Bukele, pese a que no ha proveído ninguna evidencia concreta de esa afirmación. Solo es una denuncia mediática que ha hecho, con el fin de obtener un impacto en la población en estos meses antes de las elecciones. CISPES se ha pronunciado también ante la presión que ha estado dando el presidente Bukele, y su partido Nuevas Ideas, para tratar de obligar al TSE a registrar a candidatas o candidatos que no tienen las calificaciones o no cumplen con los requisitos legales, para poderse postular a cargos en las elección popular.
-¿Cuáles son los señalamientos a los aspirantes a cargos públicos del partido NI?
Algunas personas están siendo investigadas en casos de corrupción o que existen aspirantes que son tránsfugas de otros partidos. CISPES ha denunciado estas acciones porque consideramos que, más que un fraude electoral, es el presidente Bukele quien está tratando de utilizar su popularidad e incidencia para que su partido Nuevas Ideas presione al TSE de hacer algo ilegal. Esto, en sí, es preocupante y es irregular que el presidente Bukele no denuncie ante las instancias a donde puede acudir, para una investigación judicial. Lo que ha hecho es tener una incidencia en la opinión pública sobre crear desconfianza sobre el proceso electoral a su favor.
-¿Cuál es su opinión sobre la baja participación de mujeres en el próximo evento electoral?
Creo que a nivel nacional hay mucho que trabajar todavía para que las mujeres puedan participar en los procesos electorales y tomar posiciones políticas estratégicas y en cargos de política e incidencia, y creo que la pregunta no solo es la baja de participación en la política electoral, porque no hay mujeres dispuestas. En los procesos políticos, las mujeres son las que lideran muchas luchas sociales como la tenencia de la tierra, el agua, el territorio, la seguridad. Allí está Milena Mayorga como embajadora de El Salvador ante los Estados Unidos, que está en posición de poder, pero las oportunidades son pocas. Claro Mayorga es una mujer de derecha, ultraconservadora, hasta fascista -dirán algunos-; pero creo que este ejercicio se debe hacer –aunque falta mucho-, se deben abrir espacios políticos en donde tengan incidencia las mujeres de clase pobre y trabajadora, para que lleguen a estos espacios políticos y puedan impulsar estas demandas históricamente pospuestas. Es un trabajo del movimiento progresista y de izquierda, ir fortaleciendo esta participación de mujeres en espacios políticos y toma de decisión.
-¿Qué valoraciones tiene del tema migratorio; del presidente estadounidense electo, Joe Biden, y Centroamérica?
Creo que los beneficios que alcanzan estos gobiernos que firmaron el acuerdo de Tercer País Seguro, con el presidente (Donald) Trump, es asegurar que la inversión económica siga llegando y el apoyo político. Mientras esos gobiernos autoritarios y violadores de derechos humanos apliquen esas políticas antimigratorias, Estados Unidos enfocará su mirada hacia otro lugar. Hemos comprobado durante la pandemia, donde hubo violaciones a derechos humanos, como en El Salvador, el presidente Trump, más allá de pronunciarse sobre lo que sucedía,felicitó a la administración por su trabajo, y les donó unos respiradores; o sea, los gobiernos de la región reciben apoyo económico y protección política. Además, la forma en que se firmó estos acuerdos con El Salvador y los otros países fue ilegal, la administración Donald Trump utilizó presión política, porque violan el derecho humano a buscar refugio, así como Convenios Internacionales y acuerdos regionales; como CA- 4, que permite a personas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador transitar en la región con solo el DUI. Y con la administración de Joe Biden habrá un regreso a la política migratoria de Barack Obama, donde hubo grandes deportaciones desde los Estados Unidos. Es más, Obama se ganó el apodo “Deporter in Chief” (Jefe de Deportaciones), porque fue un número histórico de personas, pero también hubo algunas políticas de protección migratoria como el “Dream Act”, entonces esperamos que esta nueva administración tenga este tipo de políticas y que el discurso racista y xenofóbico durante la última administración no se vea tanto.
