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Organizaciones sociales de El Salvador condenan el intento de golpe de Estado en contra de los diputados de la Asamblea Legislativa, acción ordenada y ejecutada por el presidente de la República, Nayib Bukele el pasado domingo. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Organizaciones sociales condenan atentado a la democracia del país

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Nosotros estamos a la espera del pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional, porque el presidente (Nayib) Bukele hizo de la manera más irresponsable uso del cuerpo policial y del ejército para cumplir un berrinche. Y, si ahora (la Sala de lo Constitucional) no se pronuncia, estas mismas organizaciones nos vamos avocar a ella; porque aquí se violentó la institucionalidad y ese no puede ser el mensaje a la población”, declaró Margarita Posada, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares.

La mesa por la Soberanía Alimentaria, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, la Alianza contra la Privatización del Agua, el Movimiento de ONG para el Desarrollo Solidario de El Salvador, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales y la Vía Campesina se pronunciaron ante los eventos del fin de semana, que llevaron a la militarización de la Asamblea Legislativa, hecho que no sucedía desde los años setenta, previo al conflicto armado que duró doce años en el país.

La activista social expresó la preocupación por dicha acción, frente a los derechos de la población salvadoreña que no cuenta con el “fuero institucional” como los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa; “es como un mensaje de que nadie puede oponerse a su voluntad”, dijo, y agregó que eso contraría las normas de un Estado de Derecho.

“Si ha violentado a un órgano del Estado, -el mensaje- es que puede llegar donde él quiera con la Policía o la Fuerza Armada y llevarse a todos por delante; y esto es grave, porque por eso hubo guerra en este país. Y no queremos que se retroceda a esto”, refirió Posada.

Mientras, Zulma Larín (RACDES) señaló que si bien existía un grupo poblacional que apoyaba las acciones del mandatario, como derecho que otorga la Constitución, opinó que era un “pueblo joven”, que por falta de conocimiento de la historia reciente del país pedían una insurrección, que fue promovida por el mandatario desde el principio.

“El país ha transitado 28 años desde los Acuerdos de Paz hacia una incipiente democracia y Estado de Derecho, no podemos dar un paso atrás; porque solo los que vivimos la guerra, que sentimos en carne propia los momentos de la dictadura, la represión y la angustia, sabemos de los esquemas dictatoriales.

Es por esto que la juventud -los que nacieron después de los Acuerdos de Paz- no pueden celebrar este show al presidente; y él también debería leer la historia y memoria de nuestro país, y los jóvenes comenzar a formar su pensamiento crítico, porque han sido 75,000 víctimas y 10,000 desaparecidos. No podemos volver atrás”, señaló Larín.

Adalberto Blanco, de la Vía Campesina aseguró que la función constitucional del presidente Nayib Bukele es garantizar la armonía social, profundizar la democracia y trabajar de manera consensuada con los actores sociales y del Estado, los problemas estructurales de país, que incluya la participación ciudadana y la fiscalización social en función de la transparencia gubernamental.

Representantes de diversas organizaciones sociales se pronuncian ante el intento del golpe de Estado provocado ayer por el presidente de la República, Nayib Bukele en contra de la Asamblea Legislativa para la aprobación del préstamo destinado para la fase III del plan Control Territorial. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

“Nosotros exigimos que la Fiscalía General de la República (FGR) -de oficio- investigue los delitos cometidos y que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, le remarque los límites constitucionales al mandatario. Exhortamos al diálogo entre órganos del Estado y que lleguen a acuerdos nacionales en seguridad pública, pero también en temas prioritarios como una Ley General de Agua, desprivatizar el sistema de pensiones y que se apruebe una reforma fiscal progresiva en donde los que tienen más, paguen más impuestos; que, por cierto, no hemos visto interés del Ejecutivo en un reclamo para su aprobación”, expresó.

Sobre el préstamo de 109 millones de dólares para seguridad, y cuyo retraso en la aprobación llevó al mandatario a invocar el artículo 167 de la Constitución de la República, para que el Consejo de Ministros exigiera  a la Asamblea Legislativa a reunirse y aprobarlo; Luis González (UNES) consideró que esta es válida solamente cuando las condiciones son de calamidad pública, guerra o emergencia nacional, de las cuales quedó comprobado que no ameritaba su petición.

“De ese préstamo aún no está clara su utilización, solo que son cámaras de vigilancia, buques y helicópteros; es claro que decidieron como diputados aprobar o no este préstamo, entonces no aplica la urgencia. Y el llamado a la insurrección es reprobable, porque ese derecho es del pueblo y no del funcionario como él lo utilizó; es lamentable en la concentración del domingo, que fueron movilizados, que muchos eran empleados públicos obligados a llegar, para que después él desmienta el llamado a la insurrección y diga que llegó a calmar al pueblo; la institucionalidad del Estado debe respetarse”, manifestó.

Sobre las declaraciones del presidente Nayib Bukele, de llamar “grupos de fachada” a los  foros, organizaciones y asociaciones de abogados que llamaron al diálogo y respeto del Estado de Derecho, Omar Flores, de FESPAD, consideró: “el presidente Bukele fue mal asesorado”, en la invocación que hizo de los artículos de la Constitución de la República.

“Creo que fue mal informado de las organizaciones que nos pronunciamos ante esta crisis, porque tenemos más de treinta años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos y un récord importante en la defensa de la institucionalidad y del Estado de Derecho”, puntualizó.

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