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“Comunidades de fe en 27 países se solidarizan con la lucha anti minera de El Salvador, ya que, en diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa derogó la prohibición de la minería metálica”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Líderes sociales y representantes de organizaciones religiosas internacionales rechazaron la derogación de la ley que desde 2017 prohibía la minería metálica en El Salvador, porque el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, no una mercancía; además, se pronunciaron por la defensa de la casa común y los derechos de las personas defensoras de la tierra.
Sean Keary, de la iglesia católica en la ciudad de Brisbane, Australia, señaló que en diciembre de 2024 se aprobó en El Salvador una nueva ley de minería, la cual faculta al Ejecutivo reanudar operaciones extractivas con financiamiento de cooperaciones multinacionales, sin exigir estudios de impacto ambiental ni procesos de consulta previa, libre e informada.
“Esta decisión representa una grave amenaza para las ya escasas reservas históricas de agua en el país, en particular pone en riesgo al río Lempa, que atraviesa dos terceras partes del territorio nacional y abastece del agua potable a gran parte de la población del Gran San Salvador”, aseguró Keary.
Keary dijo que tras meses de intensas protestas las cuales afectaron la popularidad del presidente Nayib Bukele, en junio de 2025, el gobierno implementó la Ley de Agentes Extranjeros con la intención de desmovilizar y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil, al mismo tiempo que intensificó la campaña de criminalización contra defensores de derechos humanos.
Liderazgos del movimiento ambiental como la abogada Ruth López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez continúan bajo detención arbitraria después de más de seis meses, a la vez, los cinco defensores de Santa Marta y ADES permanecen a la espera de una resolución absolutoria, luego de haber sido sobreseídos por segunda ocasión en julio.
A criterio de Scott Wright, representante de Pax Christi, un movimiento global católico por la paz en Washington, D.C., Estados Unidos, aunque la presión de las organizaciones sociales ha disminuido, la iglesia católica, fiel a la tradición de San Romero de las Américas, continúa siendo la voz de los sin voz y ha reiterado su firme defensa de los recursos hídricos del país.
En agosto, durante su homenaje de las Fiestas Agustinas, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, instó nuevamente al gobierno a reestablecer la prohibición minera, más recientemente, el Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), emitió un comunicado expresando su preocupación por la acelerada expansión de la industria minera en toda la región centroamericana.
“Organizaciones religiosas internacionales siguen de cerca la postura de las iglesias salvadoreñas, y el primero de diciembre publicaron una carta abierta dirigida a las comunidades de fe del país para expresar su solidaridad con la defensa del agua y de la casa común del pueblo salvadoreño”, señaló Wright.
En la misma carta llamaron al gobierno a restituir la prohibición minera, a cesar la criminalización de personas y organizaciones que cumplen con su deber de proteger el agua, la tierra y las comunidades, y a retirar de manera inmediata los cargos contra los defensores del agua, del territorio y de los derechos humanos.
Miguel Castro, pastor de la iglesia Emmanuel, participante del Foro de las iglesias protestantes ecuménicas y miembro de la Caminata Ecológica, agradeció a todas estas organizaciones, pero principalmente a iglesias hermanas de diferentes países, por su solidaridad con la situación de los derechos humanos, situación medioambiental, la defensa de la tierra, y del agua en el país.
“Como iglesia tenemos este compromiso, que es un compromiso con el Evangelio y con la causa del reino de Dios, que es un compromiso con el proyecto de vida. Todas nuestras iglesias, nuestras organizaciones, el mismo pueblo, está preocupado porque prevalezca el proyecto de vida abundante del que habla Jesús en el Evangelio, mientras los poderes nos imponen un proyecto de muerte”, recalcó.
Alfredo Leiva, de la Comunidad Santa Marta, manifestó que en septiembre de este año 2025 los lideres ambientales de Cabañas fueron absueltos por segunda vez por un tribunal, en este caso el Tribunal de San Vicente, pero la resolución por escrito ya lo ha postergado por tres veces, el 8 de octubre, el 28 de noviembre y ahora lo ha trasladado otra vez para el 19 de diciembre.
“Este proceso no se cierra a partir de que el sistema judicial como que tuviese una doble intención de dilatar el proceso, de esa manera no cerrarlo y que los compañeros no vuelvan a incorporarse a sus tareas, a través de estos medios exigimos al sistema judicial salvadoreño que de una vez por todas pueda cerrar el caso y que los compañeros queden en completa libertad”, destacó Leiva.
