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Distintas organizaciones sociales entre ellas UNES, ADES, CRIPDES y ACAFREMIN exigen que se cumplan las deudas de prohibición de la minería metálica. Fotos Diario Co Latino/Fernando Velásquez.

Organizaciones demandan cumplimiento a Ley de Prohibición de Minería Metálica

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Dos años después de que se aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aún existe una deuda en su implementación”, explicó Rodolfo Calles de CRIPDES/ACAFREMIN, que junto a un grupo de organizaciones ambientalistas demandaron del gobierno del presidente Nayib Bukele, retomar los avances en esa materia y dar protección a la población que resultó afectada con esta industria extractiva de metales preciosos.

Entre las peticiones puntuales de las organizaciones, UNES, ADES, CRIPDES y ACAFREMIN se encuentra la asignación de recursos económicos suficientes para ejecutar diversas acciones como los cierres técnicos de las minas, la reconversión del desarrollo económico de los mineros artesanales (güiriceros) y la redacción del reglamento que aplique la Ley de Prohibición de Minería Metálica en el país.

La lucha antiminera en El Salvador tiene un rostro social; con iniciativas de las comunidades y organizaciones no gubernamentales inició una lucha de doce años de resistencia pacífica contra una de las industrias más contaminantes y conflictivas que se conocen en el planeta. El 14 de octubre 2016, luego de siete años de un litigio en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial (BM), el Estado salvadoreño superó la demanda de 250 millones de dólares que reclamaba Oceana Gold (antes Pacific Rim), por negarles el permiso de explotación en la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas.

Estos acontecimientos permitieron que la Asamblea Legislativa, en marzo de 2017 y de manera unánime, determinara la prohibición de la minería metálica en el territorio nacional; pero aún carece de los instrumentos técnicos y legales para su implementación a fondo, señaló Calles.

“Lamentamos que el cierre técnico de las minas no se este realizando. Nosotros como ACAFREMIN estamos aportamos en ese sentido elementos para realizar estas acciones, la Mesa Nacional frente a la Minería también lo está haciendo; entonces solo le queda al Gobierno asumir su responsabilidad para realizarlos como lo establecen las normas técnicas y la Ley. Esto es importante porque son entre trece a quince minas que no han sido tratadas adecuadamente para su cierre definitivo con este procedimiento”, indicó.

Asimismo, los representantes de las organizaciones contemplan elevar a rango constitucional la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, para asegurar cualquier intento posterior de reforma o derogar este marco jurídico, con algún tipo de “inversión extranjera” en ese rubro en el país.

Luis González de UNES aceptó que aún existe la “amenaza de la minería” en el territorio nacional, que existe posibilidad de manipular o frenar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica por réditos económicos, que a la larga solo llenan los bolsillo de los inversionistas y afecta a las mayorías en sus comunidades.

“Mientras haya oro en el país, habrá una amenaza de explotación minera, porque la ley que la prohibió fácilmente la pueden derogar. Nos parece entonces urgente que de cumplimiento a lo que falta para implementarla. Y nos preocupan fuertemente las declaraciones o planteamientos del nuevo Gobierno, de cara a las inversiones de cara a los temas económicos que pueden afectar el tema ambiental, porque tenemos muchas leyes, como la Forestal y de Avenamiento, que no se aplican ni se implementan a totalidad o no se monitorean”, consideró.

Sobre la población que fue afectada por la incursión de las exploraciones mineras, como fue en San Isidro, Cabañas. Miguel Rivera, hermano de Marcelo Rivera (RIP) señaló que es una herencia de violencia, amenazas y rompimiento del tejido social, que tocó fibras sensibles con el asesinato de defensores ambientalistas y liderazgos comunitarios como Marcelo, desaparecido y asesinado en junio de 2009; y los posteriores de Dora Sorto el 26 de diciembre, y Ramiro Rivera el 20 de diciembre de 2009.

“En reiteradas ocasiones hemos venido haciendo distintas actividades y peticiones a la Fiscalía General de la República (FGR), para que abra el caso y retome la investigación, para que aclare quiénes estuvieron involucrados en esos casos. Cuando se dieron esos asesinatos, no sabíamos ciertamente de dónde venían esas agresiones, pero en noticias posteriores conocimos al famoso -descuartizador- (Rodrigo Chávez Palacios) quien, precisamente, era presidente de la Pacific Rim; en ese momento uno ata cabos, no digo que él haya sido; pero sí lo hayo capaz de haber orquestado esa ola de violencia por la resistencia contra la minera Pacific Rim”, reseñó Miguel Rivera.

Las demandas de las organizaciones señalan, también, que el Gobierno a través de la cancillería, debería negociar y aprobar un acuerdo regional sobre las “cuencas compartidas” con Guatemala y Honduras, a fin de prevenir la contaminación transfronteriza que provocan los proyectos mineros o monocultivos.

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