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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de diferentes organizaciones feministas se pronunciaron en ocasión del cumplimiento de los primeros cien días de gestión del presidente de la República Nayib Bukele, período en el cual afirmaron que el Ejecutivo muestra desinterés por erradicar la violencia contra las mujeres.
Las defensoras de derechos de las mujeres consideran que acciones como las de Alejandro Muyshondt, asesor de seguridad del presidente y quien destruyó un automóvil e intimidó mediante el uso de armas a sus propietarias, evidencia que el Gobierno no garantiza la seguridad de quienes representan más de la mitad de la población.
“El Gobierno muestra desconocimiento y minimización de la violencia feminicida, así como abordaje del plan Control Territorial con poca transparencia y participación ciudadana, que advierte la inexistencia de un enfoque de derechos humanos y diferencial para la inseguridad que enfrentan las mujeres en el país”, dijo Celia Cornejo, de Red Fem.
Cornejo sostuvo que hechos como los cometidos por el asesor presidencial de seguridad son muestra de la masculinidad hegemónica que persiste en el país, misma que representa un factor de grave peligrosidad contra la población en general, y en particular contra las mujeres.
Las organizaciones externaron que para 2018, 3,753 mujeres se reportaron ante las autoridades como víctimas de expresiones de violencia, un delito contenido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), convirtiéndose en el ilícito con más alto porcentaje de denuncias.
Las mujeres defensoras de derechos reconocieron la disminución en los homicidios reportada en los primeros cien días de gestión gubernamental, pero consideraron que una política de seguridad exitosa tiene que erradicar también el imaginario cultural que perpetua y naturaliza la violencia contra las mujeres.
Margarita Posada integrante de la Resistencia Feminista se refirió a los despidos desarrollados en todas las instituciones estatales, que afectan a una gran cantidad de mujeres, muchas en estado de embarazo o con enfermedades crónicas como otra de las muestras de violencia.
“Consideramos que es importante y debe cumplirse el mandato constitucional, de que el principio y fin de la actividad del Estado es la vida, y en el caso de las mujeres cuenta con una ley especial; vemos que se despide a una mujer embarazada o que regresa de su descanso posparto, hechos que violentan una serie de derechos, aquí el sistema judicial debe actuar”, afirmó Posada.
Para las organizaciones feministas es indispensable que en las políticas de seguridad se consideren el machismo, misoginia y sexismo como factores de peligrosidad contra la población en general, y particularmente contra las mujeres.
Las representantes de organizaciones de mujeres, además, reiteraron que como parte de los deberes del Estado es urgente erradicar el fuero patriarcal, impunidad y amnistía que gozan los agresores, como expresiones de violencia institucional y obstáculos para que las víctimas accedan a la justicia.
