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El presidente Nayib Bukele ante la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 32 que contenía medidas de salud y de apertura económica, pero que afectaba derechos constitucionales, prefirió implementar un nuevo plan económico, en lugar de dialogar con los diputados de la Asamblea Legislativa, para llegar a un acuerdo y, así, elaborar una ley que le permita al Ejecutivo nuevas herramientas para combatir el COVID-19, pero, sobre todo, respetando derechos constitucionales. El anuncio del nuevo plan económico, compuesto de siete fases, varias de las cuales están en marcha desde hace varias semanas, fue presentado por el presidente Bukele en una cadena de radio y televisión y en redes sociales el pasado domingo.
Como ya es costumbre, el mandatario utilizó una de las dos horas y un cuarto que duró la cadena, para fustigar a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional, por “haberle quitado las herramientas para una apertura económica ordenada”. Lo anterior en referencia al primer plan económico que contenía cinco etapas y que en un principio comprendía del 16 de junio al 6 julio, la primera etapa, que se había venido prorrogando, hasta el 23 de agosto, por lo que el resto de etapas se postergaban automáticamente.
Las veces que habían sido postergadas las siguientes etapas, fueron justificadas por el alza de los contagios por COVID-19, que El Salvador ya superó los 21,000 contagios. Estas etapas estaban establecidas en el decreto 32, pero fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque varias de las acciones debieron ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, y no por voluntad del Ejecutivo.
La Sala de lo Constitucional en su resolución de inconstitucionalidad, orientaba al Ejecutivo para que se pusiera de acuerdo con el Legislativo para dialogar, y de llegar a un acuerdo de la necesidad de restringir derechos constitucionales, impulsar un nuevo decreto Ejecutivo conteniendo lo avalado por el Congreso.
El presidente Bukele en lugar de buscar el diálogo con el Órgano Legislativo, que ha sido firme en no restringir nuevamente los derechos constitucionales por los abusos que se cometieron al principio de la cuarentena, anunció la puesta en marcha de un nuevo plan para la apertura económica. Como hemos escrito arriba, al menos tres de esos puntos del plan están en marcha desde hace más de dos semanas.
Una de esas etapas del plan es la toma de muestras ambulatorias en lugares públicos, para detectar a los positivos con el COVID-19. Esta fase inició, entonces, una semana antes de que finalizara el mes de julio.
Otra de las fases o etapas del nuevo plan es la entrega de otro paquete alimenticio para la mayor parte de la población, que también fue iniciado una semana antes de que el presidente Bukele realizara la cadena de radio y televisión.
Otra de las etapas comprende la entrega de un kit de medicamentos a domicilio, en los lugares donde los habitantes, por medio de consultas telefónicas con personal del Ministerio de Salud, reporten los primeros síntomas del nuevo coronavirus. Este mecanismo, por cierto, fue implantado desde hace más de dos meses en el municipio de San José Villanueva, con el apoyo de una universidad privada.
El presidente Bukele también anunció la entrega de carnés de inmunidad a las personas que se recuperaron de la enfermedad viral y quienes serán contratados por el Gobierno, temporalmente, para entregar los paquetes de alimentos o los medicamentos. La carnetización ha sido criticada no solo por la oposición política, sino también por algunos especialistas de la medicina. La crítica de los especialistas es que no existe evidencia científica de la inmunidad total de los que se han recuperado de la enfermedad.
Otra de las fases, que también ha sido cuestionada, es la creación de las “burbujas sociales”, con la que cada ciudadano puede formar grupos de hasta diez personas, dejando fuera al grupo familiar, para reunirse, con la idea de evitar contagios masivos y de esa manera superar la cuarentena de forma ordenada.
Más allá de las críticas o cuestionamientos, con o sin fundamentos, al nuevo plan económico anunciado por el presidente Bukele, y que entrará en vigor en su totalidad a partir del 24 de agosto, es necesario decir que es de aceptar que el Gobierno ha buscado salirle al paso a una situación incómoda luego de la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 32, sobre todo, porque el Gobierno no recurrió, como lo hizo en otras ocasiones, a elaborar un nuevo decreto, calculando que estuvieran en vigencia hasta que la Sala nuevamente lo volviera a declarar inconstitucional.
Es de lamentar -también- que en las alternativas u opciones del Ejecutivo no está la voluntad o la apuesta al diálogo, porque a pesar del supuesto respeto a la institucionalidad, el mantener un discurso agresivo contra los otros órganos del Estado, al final, deteriora la institucionalidad.
