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Fidel Zavala fue detenido el 25 de febrero de 2025, cuando autoridades de la Fiscalía allanaron la sede de UNIDEHC y capturaron a más de 20 líderes comunitarios que acompañaban procesos de defensa territorial. Foto Diario Co Latino / Cortesía

Nueva prórroga en investigación del caso La Floresta, acusados llevan un año detenidos

Saúl Méndez

Colaborador

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) denunció una nueva prórroga de seis meses en el plazo de instrucción en el caso de la comunidad La Floresta, solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) y aceptada por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, Juez 3, pese a que los 23 habitantes de la comunidad procesados ya cumplieron un año de detención.

Según UNIDEHC, la ampliación del plazo fue solicitada de forma arbitraria e injustificada por la FGR y admitida por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, sin respetar las garantías procesales. Ante esta situación, los abogados y voceros de la organización que se encuentran en el exilio, Ivania Cruz y Rudy Joya, informaron que denunciarán el caso a nivel nacional e internacional por presuntas irregularidades en el proceso judicial relacionado con la comunidad La Floresta.

“Denunciamos y condenamos una situación que demuestra que en El Salvador se están cometiendo delitos de lesa humanidad. En el caso de nuestro vocero Fidel Zavala, quien valientemente dio su rostro para denunciar torturas y corrupción en centros penales, continúa injustamente detenido sin que se le garantice un proceso justo”, denunció Cruz.

“Es importante señalar también que este proceso ya lleva más de un año de investigación por parte de la Fiscalía”, agregó.

Cruz también enfatizó en que “todo el equipo de abogados de UNIDEHC en El Salvador, que representa a los líderes comunitarios de La Floresta y a Fidel Zavala, ha solicitado diversas diligencias e incluso ha ofrecido pruebas y testigos que la Fiscalía no ha querido entrevistar ni incorporar al proceso, a pesar de que se supone que se trata de un debido proceso o de un juicio justo”.

“Sabemos que Fidel no tiene acceso a un juicio justo, tampoco los líderes comunitarios lo tienen, y ahora la Fiscalía está pidiendo seis meses más de investigación”, manifestó.

Según la abogada, la solicitud fiscal responde a “la excusa de que se trata de un proceso complejo debido a las reformas en la ley contra el crimen organizado, se está prolongando el caso. Basta ya de dilaciones en el proceso de La Floresta. La Fiscalía no tiene una sola prueba de los delitos que se le atribuyen a la comunidad ni mucho menos a nuestro vocero Fidel Zavala”.

“Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, junto a mí, vamos a seguir denunciando este tipo de arbitrariedades que continúan ocurriendo en el sistema de justicia salvadoreño”.

También señaló que el caso de ellos, actualmente fuera del país, es un “caso ya es considerado persecución política al habérsenos concedido asilo. Por lo tanto, sostenemos que este proceso fue fabricado por la Fiscalía. Condenamos esta situación y solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas y a Amnistía Internacional que continúen dando seguimiento y que se garantice la vida de Fidel Zavala, quien corre riesgo dentro del sistema penitenciario después de haber denunciado hechos de tortura y corrupción”.

Fidel Zavala fue detenido el 25 de febrero de 2025, cuando autoridades de la Fiscalía allanaron la sede de UNIDEHC y capturaron a otros líderes comunitarios que acompañaban procesos de defensa territorial.

Un mes después, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó prisión provisional contra 24 personas vinculadas al proceso judicial, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de usurpar el inmueble denominado finca La Floresta, ubicado en San Juan Opico, además de otros delitos.

A los acusados se les atribuyen los supuestos delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de parcelas o lotificaciones, ejercicio ilegal de la profesión, limitación ilegal a la libertad de circulación, usurpación de inmuebles y amenazas con agravación especial.

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