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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Carmen Argueta, Eneida Abarca y Sandra Chafoya, madres que integran el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fueron contundentes en sus declaraciones de no abandonar sus acciones para encontrar el paradero de sus hijos Herbert Argueta, Joshúa Natanael Romero Chafoya y Carlos Abarca.
Las madres también reiteraron sus exigencias al Gobierno, para que den cumplimiento a sus obligaciones de Estado sobre las personas desaparecidas, que pasa por la investigación, localización de las víctimas, sancionar a los perpetradores del delito y reparar a las familias.
En el marco del 188o período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado jueves 9 de noviembre fue el turno para las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, abordaron el tema de las “Personas Desaparecidas en El Salvador”.
En la audiencia presencial en la ciudad de Washington, sede de la CIDH, integrantes del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas presentaron la documentación de casos de las desapariciones forzadas. Y por parte del Estado, su representación estuvo a cargo del comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, y otros funcionarios de gobierno.
Las distintas perspectivas de la misma realidad de país, ante la CIDH, dejó a las madres con una sensación de un desencuentro y agraviadas por el discurso oficial que fue enfático en afirmar la inexistencia de estos casos y rechazar las cifras presentadas por la sociedad civil, sobre este fenómeno.
“Nosotras vamos a seguir en la lucha, porque rendirnos, no está dentro de nosotras”, dijo Carmen Argueta, al rechazar las declaraciones del comisionado presidencial, al concluir la audiencia ante la CIDH.
“Esta sería nuestra misión seguir la lucha de búsqueda, con más énfasis, haciendo incidencia en la población y visibilizando este problema, porque ellos (el Gobierno) lo están negando. Como madres nuestra meta es no desfallecer”, agregó.
Sandra Chafoya busca desde el 11 de septiembre de 2021 a su hijo Joshua Natanael, desaparecido en el Paseo El Carmen, Santa Tecla. No se mostró sorprendida por la negación del Gobierno ante la CIDH, al señalar que “no era nada nuevo”, desde su vivencia con la institucionalidad salvadoreña que va de la indiferencia a la revictimización.
“Aquí, solamente lo que ha pasado es que ya lo hicieron público, y no solamente a nivel nacional, sino internacional en la audiencia con la CIDH. Como madre no estoy dispuesta a dejar a mi hijo abandonado y realmente después de escuchar semejantes declaraciones de los representantes del gobierno, menos dejaré de buscarlo”, resumió Chafoya.
Estas madres que integran el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, le proponen al Gobierno que luego de escuchar el “su discurso oficial” sobre los casos de desapariciones y desapariciones forzadas, que ellos convoquen a una reunión para escucharlas a ellas sobre la situación que viven con sus familiares desaparecidos y buscar coincidencias y apoyos en su localización.
“Esta clara la realidad de todas nuestras familias. Hay un completo abandono de parte del Estado salvadoreño, cuando la obligación de ellos es buscar, encontrar a nuestros hijos y juzgar a los perpetradores”, expresó.
“La búsqueda de Carlos no se va a detener, voy a continuar con todo el grupo de familias en lugares como penales, albergues, hospitales y la búsqueda en terreno. Es la que más carga emocional tiene porque lo hacemos en cementerios clandestinos, un zapato, DUI, cualquier cosa que lo identifique, esa es nuestra realidad”, expresó Eneida Abarca, madre de Carlos Abarca, desaparecido el 1 de enero de 2022, cuando salió a trotar en la Colonia Monserrat.
Jeaneth Martínez, abogada de CRISTOSAL, calificó de “grave” la respuesta del Gobierno salvadoreño en términos de obligatoriedad de un Estado democrático y mucho más ante un escenario internacional como las audiencias de la CIDH, para negar la existencia de personas desaparecidas y desapariciones forzadas en el marco de aplicación del régimen de excepción.
“Sólo CRISTOSAL ha recibido 209 denuncias de personas detenidas en donde no se recibe ningún tipo de información sobre su situación y ubicación de las víctimas. Y el IDHUCA suma 118 denuncias en este mismo tema, no se puede negar”, acotó.
“CRISTOSAL ha documentado cuatro casos en donde estas personas fueron detenidas, desaparecidas y encontradas fallecidas en fosas comunes. Nos parece grave, entonces, que la Procuraduría General de la República (PGR) dijera que estaban brindando toda la información a los familiares en su búsqueda y también negar la existencia de las desapareciones”, argumentó.
En la intervención que realizarán los magistrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia, destacan las vertidas por la magistrada Julissa Mantilla Falcón, quien reiteró al Estado salvadoreño sus obligaciones en materia de justicia y reparación.
“Agradecemos la asistencia y presentar el contexto, al Estado de El Salvador, que en cada audiencia nos trae la información y ojalá que algún día autorice la visita que la Comisión ha solicitado en muchas ocasiones. Yo como relatora lo he hecho, y lo reitero en esta audiencia, porque sería mejor la posibilidad de ver la información que ustedes nos traen muy amablemente”, afirmó.
En cuanto al desacuerdo en las cifras de personas desaparecidas entre el Estado de El Salvador y la sociedad civil, la magistrada Mantilla apuntó que el hecho que el Estado diga que no había una sola denuncia ante la Fiscalía (FGR), le recordó al Estado que pueden investigar de oficio las denuncias.
“La CIDH ha establecido, sobre todo, en desapariciones forzadas que el Estado no puede descargar su responsabilidad de búsqueda en la iniciativa de los familiares, sobre todo, por el contexto de miedo que implica la desaparición”, explicó.
“Por otro lado, escuché al Estado decir que no reconocía las cifras o información que la sociedad civil había traído. Y les recuerdo que el hecho que un Estado no reconozca cifras, ni número de víctimas, no significa que no exista, sino que, no los reconoce”, advirtió Mantilla.
La magistrada de la CIDH le previno sobre la diferencia de las desapariciones al Estado salvadoreño, en donde la desaparición en general puede ser cometida por particulares.
Y la desaparición forzada está vinculada a un agente estatal o una persona en aquiescencia (consentimiento) con el Estado, en donde sustraen a la víctima de su espacio y se niega información.
“Cuando se niega información, cuando se dice que eso no existe o no se reconoce, se está configurando la figura de la desaparición forzada”, reafirmó la magistrada Mantilla.
