Por Leonel Herrera*
El 9 de febrero de 2020, hace seis años, el presidente (en ese momento todavía constitucional) Nayib Bukele tomó violentamente la Asamblea Legislativa, acompañado de militares y policías. Supuestamente buscaba presionar a la mayoría opositora para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su desconocido “Plan Control Territorial”.
Después se supo que se trataba de un acto de comunicación política que buscaba desviar la atención de problemas que afectaban la imagen del gobierno, sobre todo una grave crisis de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador. Así lo reveló el semanario digital El Faro en la nota “La historia detrás del día en que Bukele se tomó la Asamblea Legislativa”, publicada el 11 de marzo de 2020.
https://elfaro.net/es/202003/el_salvador/24110/la-historia-detras-del-dia-en-que-bukele-se-tomo-la-asamblea-legislativa
Aquel acto de vandalismo político se ajustaba al guión propagandístico de crear un enemigo (la Asamblea opositora), el héroe arremete contra ese enemigo (toma del palacio legislativo) y hace una demostración de fuerza (declarar que él tiene el control de la situación). El héroe, además, es muy creyente, por eso ora y luego dice que Dios le pidió “tener paciencia”.
Desde un significado histórico-político y viendo en retrospectiva los hechos posteriores, el 9F fue la advertencia de lo que vendría después. Ahí el autócrata se quitó la máscara democrática, mostró sus garras autoritarias y expresó claramente el tipo de régimen que buscaba instalar.
El 9 de febrero de 2020 Bukele dejó claro que él no aceptaba gobernar con contrapesos, que no iba a dialogar ni rendir cuentas, que no permitiría la separación de poderes y se aseguraría el poder total. Poco más de un año después, el 1º de mayo de 2021, aprovechando la nueva súper mayoría legislativa oficialista, tomó el control de todo el aparato estatal.
El verdadero golpe fue cuando los servientes parlamentarios del autócrata destituyeron ilegalmente al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional; luego aprobaron una ley para destituir a un tercio de los jueces y en las siguientes semanas y meses siguieron aprobando normativas como la nefasta “Ley Alabí” para no rendir cuentas, la Ley del Bitcoin, entre otras.
El nuevo fiscal general bukelista suspendió las investigaciones sobre las negociaciones con las maras, decenas de casos de corrupción y otras diligencias que afectaban al gobierno. Mientras que los nuevos magistrados avalaron la reelección presidencial continua, a pesar de estar prohibida en varios artículos de la Constitución de la (ahora ex) República.
Así que, ciertamente, el verdadero golpe fue aquel aciago 1º de mayo de 2021, pero el fallido golpe del 9 de febrero de 2020 había sido el anuncio y la advertencia que muchos no entendieron, le restaron importancia o prefirieron ignorar sus consecuencias.
Por eso este sexto aniversario del 9F no debe pasar desapercibido y debería provocar nuevas perspectivas, convicciones y compromisos democráticos de la ciudadanía salvadoreña. Ojalá que el clima de temor, las amenazas del régimen de excepción o los conciertos de Shakira no postergen más el necesario y urgente despertar ciudadano.
*Periodista y activista ambiental.
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