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Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El panorama no es nada halagüeño, desde hace dos años experimentamos un retroceso en materia de derechos humanos, el aumento en el índice de pobreza y registramos un aumento de los precios de los alimentos”, manifestó, Mhaydeé Recinos, presidenta del IIMU y coordinadora de políticas de la Alianza de Mujeres Rurales.
En el Día Internacional de la Mujer Rural, las organizaciones que integran la Alianza por la Defensa de las Mujeres Rurales (ADDMR) en El Salvador, se pronunciaron en defensa de sus derechos y cimentar su incidencia en políticas públicas y garantizar su pleno ejercicio del poder con los tomadores de decisión de país.
“El 30% de la población en El Salvador vive en la ruralidad y de ese porcentaje, la mitad son mujeres entre campesinas e indígenas”, agregó Recinos, al comentar que desde la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, hace dos años, la ADDMR presentó sus proyecciones sobre una política para mujeres rurales y la propuesta de como solventar algunas de las falencias identificadas en diversas temáticas, sin ningún avance.
“Con la educación -aunque el gobierno anterior- hizo un esfuerzo para ampliar la cobertura de la educación básica, nos quedaban debiendo en materia de educación media, acceso a la tecnología y estudios universitarios”, agregó.
“En la cobertura de atención en Salud Primaria, dos años atrás habíamos avanzado con la estrategia de los ECOS, en las comunidades de la zona rural; pero actualmente tenemos un retroceso significativo”, reafirmó Recinos.
La presidenta del IMU señaló que el contraste del retroceso en salud lo identificaron en el Presupuesto del año 2020, que recibió una reducción de fondos, lo que impactó a la población al dejarla sin cobertura del Primer Nivel de Salud Pública.
“Nos están obligando a volver al modelo de 30 años atrás, donde la mujer o mujeres con sus hijos o hijas, tienen que desplazarse desde los cantones y comunidades a los cascos urbanos de los municipios para ser atendidos y sin tomar en cuenta los medicamentos”, sostuvo Recinos.
Otro de los ámbitos denunciados como un “cierre de espacios”, está en la Mesa de Mujeres Rurales que teníamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que permitía darle seguimiento a las políticas públicas, impulsadas por el actual gobierno.
“Esta Mesa de Mujeres Rurales ha pasado sin pena ni gloria en el período que lleva este gobierno. Y se está reduciendo la base en donde las mujeres rurales eran incluidas en temas de insumos agrícolas, semillas y siembra”, manifestó Recinos.
“Y continúa el no reconocimiento a las mujeres rurales y campesinas como productoras agropecuarias y esto las limita al acceso a la tierra y los programas productivos y créditos. Y encima la pandemia COVID-19, en el 2020, un año escabroso por el confinamiento y el rompimiento de cadenas productivas que solo afectó a los pequeños productores, pero no a las cadenas de supermercados que fueron habilitados a la población”, consideró Recinos.
Zulma Hernández, integrante de CRIPDES y la ADDMR, manifestó que las mujeres rurales, realiza una contribución estratégica en la seguridad y soberanía alimentaria en todos los países del mundo. No obstante, aun continúan invisibilizadas pese a la activación económica que generan con su trabajo agrícola, asalariadas y microempresarias.
“Como lo señala la ONU, las mujeres campesinas aún sufrimos de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, así como mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Ni disfrutamos de un acceso equitativo a servicios públicos como educación, salud o infraestructura para agua y saneamiento”, argumentó Hernández.
Otra de las “barreras estructurales”, explicó Hernández, se encuentran en las normas sociales discriminatorias que limitan el poder de las mujeres rurales en la política dentro de sus comunidades y hogares.
“En El Salvador la situación de las mujeres no es alentadora, datos estadísticos oficiales (DIGESTYC), señalan que las mujeres rurales representan el 19.9% de la población , no obstante, solo el 15% de las mujeres rurales son propietarias de tierra con vocación agrícola, pese a que producen el 50% de la producción de alimentos”, dijo Hernández.
La Alianza por la Defensa de las Mujeres Rurales (ADDMR) , en sus exigencias, fueron enfáticas en que el Estado salvadoreño retomé de inmediato la Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, así como la asignación de un presupuesto digno para la aplicación de esta normativa, señaló, Guadalupe Esquivel, presidenta de FECORACEN.
“Se deben tomar acciones inmediatas para frenar el alza de los productos de la Canasta Básica, se debe apoyar decididamente a las mujeres agricultoras, mediante su acceso a la tierra y servicios de salud y educación”, agregó a Esquivel.
“Y queremos que la Asamblea Legislativa retome con urgencia la discusión de la Ratificación de la Reforma constitucional del artículo 69, por el derecho a la Alimentación y el Agua, así como, la Soberanía y Seguridad Alimentaria. Y desde una discusión transparente y participativa se apruebe una ley de agua para todas y todos”, agregó Esquivel.
