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Rosario Rivas Redacción Diario Co Latino H an pasado 21 años desde que se reportaron los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero del 2001, que dejaron al descubierto la vulnerabilidad con la que viven miles de familias en el país. Este 13 de febrero la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), se solidariza con las familias que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia e insiste en que esta vulnerabilidad continua. En este contexto insisten en la falta de una visión prospectiva de los riesgos por parte del Estado salvadoreño. “Es inaceptable que, a pesar de toda la memoria histórica nacional acumulada por el impacto de diferentes fenómenos a lo largo de los años, continúe primando el interés económico que transforma zonas de recarga hídrica y las pocas áreas naturales con las que cuenta nuestro país en proyectos urbanísticos y escenario deportivo”, señala la MPGR. Cuando ocurrieron los terremotos, el país se estremeció y el sismo del martes 13 de febrero, de magnitud 6.6 grados en la escala de Richter, sacudió la zona central y paracentral. Los departamentos más afectados fueron Cuscatlán, San Vicente y La Paz. Este segundo terremoto magnificó las afectaciones del primero, que ocurrió justo un mes antes, destruyendo completamente las edificaciones que se habían dañado el 13 de enero. La MPGR llama a retomar esta fecha como una jornada de reflexión y conciencia de que el país es un territorio con múltiples amenazas de origen natural y socio natural. Uno de estos aspectos es el grado de sismicidad, que según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en El Salvador se registran más de 4,000 sismos al año. “Como Sociedad Civil remarcamos que estas amenazas afectan a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad”, afirma la MPGR. El fenómeno geológico de hace 21 años golpeó principalmente a la niñez (315) víctimas. Y hay que destacar que la planificación gubernamental se realiza actualmente sin base en estudios de impacto ambiental, por lo que se proyecta la construcción de infraestructura gris en el corredor seco centroamericano. Esto se hace ver como proyectos del futuro, pero solo contribuirán al detrimento del medio ambiente. Y deja en evidencia que no se están resolviendo los verdaderos problemas ambientales del país. Pese a los discursos que se jactan de megaproyectos, en realidad solo traerán más vulnerabilidad física y social aumentando el impacto en las comunidades más excluidas. Finalmente, la MPGR exhorta a todos los sectores a exigir al Estado salvadoreño que trabaje en el país con una visión enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con enfoque holístico e inclusivo. En ese sentido, como sociedad civil expresan su compromiso en el tema y toda la disposición de aportar en la solución de estos problemas.

MPGR señala vulnerabilidad en que viven miles de familias

Rosario Rivas

Redacción Diario Co Latino

Han pasado 21 años desde que se reportaron los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero del 2001, que dejaron al descubierto la vulnerabilidad con la que  viven miles de familias en el país.

Este 13 de febrero la  Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), se solidariza con las familias que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia e insiste en que esta vulnerabilidad continua.

En este contexto insisten en la falta de una visión prospectiva de los riesgos por parte del Estado salvadoreño.

“Es inaceptable que, a pesar de toda la memoria histórica nacional acumulada por el impacto de diferentes fenómenos a lo largo de los años, continúe primando el interés económico que transforma zonas de recarga hídrica y las pocas áreas naturales con las que cuenta nuestro país en proyectos urbanísticos y escenario deportivo”, señala la MPGR.

Cuando ocurrieron los terremotos, el país se estremeció y  el sismo del martes 13 de febrero, de magnitud 6.6 grados en la escala de Richter, sacudió la zona central y paracentral.

Los departamentos más afectados fueron  Cuscatlán, San Vicente y La Paz.

Este segundo terremoto magnificó las afectaciones del primero, que ocurrió justo un mes antes, destruyendo completamente las edificaciones que se habían  dañado el 13 de enero.

La MPGR llama a retomar esta fecha como una jornada de reflexión y conciencia de que el país es un territorio con múltiples amenazas de origen natural y socio natural.

Uno de estos aspectos es el grado de sismicidad, que según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en El Salvador se registran más de 4,000 sismos al año.

“Como Sociedad Civil remarcamos que estas amenazas afectan a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad”, afirma la MPGR.

El fenómeno geológico de hace 21 años  golpeó principalmente a la niñez (315) víctimas.

Y hay que destacar que la planificación gubernamental se realiza actualmente sin base en estudios de impacto ambiental, por lo que se proyecta la construcción de infraestructura gris en el corredor seco centroamericano.

Esto se hace ver como proyectos del futuro, pero solo contribuirán al detrimento del medio ambiente. Y deja  en evidencia que no se están resolviendo los verdaderos problemas ambientales del país.

Pese a los discursos que se jactan de megaproyectos, en realidad solo  traerán más vulnerabilidad física y social aumentando el impacto en las comunidades más excluidas.

Finalmente, la  MPGR exhorta a todos los sectores a exigir al Estado salvadoreño que trabaje en el país con una visión enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con enfoque holístico e inclusivo.

En ese sentido, como sociedad civil expresan su compromiso en el tema y toda la disposición de aportar en la solución de estos problemas.

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