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Saúl Méndez
Colaborador
Un conglomerado de movimientos ecológicos y sociales se concentró frente al Monumento al Derecho Humano al Agua, ubicado sobre la Autopista Norte de San Salvador, para conmemorar el Día Mundial del Agua y exigir a las autoridades la protección de las zonas de recarga acuífera amenazadas por proyectos considerados depredadores. Además, demandaron frenar la sobreexplotación de los mantos subterráneos atribuida, principalmente, a la industria de bebidas.
Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, instaurado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de generar conciencia sobre la crisis hídrica global y promover la gestión sostenible de este recurso esencial para la vida.
En El Salvador, organizaciones sociales y ciudadanos exhortaron al Estado a proteger los bienes hídricos. Según señalaron, la situación del agua en el país es cada vez más crítica y lo acerca al borde del estrés hídrico.
El fray Edison Zamora, vocero de Caminata Ecológica, que articula a distintas iglesias históricas y movimientos ambientales, afirmó que el estrés hídrico obedece, en gran medida, al agotamiento de las fuentes subterráneas y a la contaminación de las superficiales, entre ellas el 95 % de ríos y quebradas.
“Uno de estos afluentes es el río Lempa, que abastece el 75 % del agua potable del Área Metropolitana de San Salvador y constituye una fuente vital para el consumo humano, las actividades domésticas, la agricultura, la pesca, el turismo y otras formas de subsistencia de miles de comunidades asentadas en sus riberas y cuencas”, explicó.
Zamora sostuvo que, como denunciaron diversas comunidades y organizaciones el pasado 14 de marzo, el río Lempa atraviesa un acelerado proceso de deterioro, pese a su relevancia estratégica para el país.
“La contaminación y la reducción de su caudal responden a la sobreexplotación de sus recursos, la degradación de sus ríos tributarios, la destrucción de bosques y humedales, el inadecuado manejo de desechos sólidos en toda la cuenca, la descarga de aguas residuales de centros urbanos, el mal manejo de residuos industriales y agroindustriales, la minería en Guatemala y los efectos del cambio climático”, lamentó.
“Las comunidades y organizaciones también hemos advertido que la muerte del ya agonizante río Lempa podría acelerarse con la eventual reactivación de proyectos mineros en la zona norte del país”, denunció.
Ante este panorama, los movimientos sociales y ambientales exigieron la derogación de la nueva Ley General de Minería Metálica y la suspensión del “Acuerdo sobre Comercio Recíproco” con Estados Unidos, al considerar que facilitaría el ingreso de empresas mineras al territorio nacional.
Zamora advirtió que prohibir la minería metálica sería insuficiente para salvaguardar el río Lempa si no se implementan acciones urgentes de descontaminación y protección de ríos, quebradas, lagos, humedales y otros cuerpos de agua.
“Por eso proponemos la implementación de un plan nacional de recuperación de nuestras fuentes hídricas”, anunció el fraile.
De acuerdo con Zamora, este plan incluiría el tratamiento adecuado de aguas residuales; el manejo y disposición final de desechos sólidos; la prohibición de proyectos turísticos y urbanísticos en las riberas de lagos que amenacen las cuencas y contaminen los cuerpos de agua; la reducción del uso de agroquímicos; la reforestación de cuencas; y la regulación de monocultivos, entre otras medidas.
“En cuanto a las aguas subterráneas, es urgente proteger las zonas de recarga acuífera amenazadas por proyectos que se construyen o pretenden construirse sobre mantos acuíferos. También es necesario frenar la sobreexplotación que realizan, principalmente, algunas industrias de bebidas”, señaló.
Los movimientos sociales advirtieron que, sin estas y otras acciones inmediatas, el Estado salvadoreño continuará lejos de garantizar el derecho humano al agua para miles de comunidades urbanas y rurales que carecen de acceso suficiente y de calidad. Esta situación, subrayaron, vulnera además derechos como la salud y la alimentación, y deteriora las condiciones de vida de cientos de miles de familias.
“Proteger el agua también implica defender a quienes trabajan en su resguardo. Por eso exigimos el cese de la persecución contra ambientalistas y el acoso a organizaciones sociales mediante normativas restrictivas como la Ley de Agentes Extranjeros, que han reducido el espacio cívico y contradicen la obligación estatal de proteger a quienes promueven derechos”, denunciaron.
“No podemos permitir que su deterioro continúe y que El Salvador se convierta en un país sin agua”, expresó Zamora.
“Actuamos ahora, o perdemos el agua y perdemos la vida. El llamado es a tomar conciencia y movilizarnos en favor del agua: comunidades, organizaciones, iglesias, gremios y todos los sectores del país”, concluyó.
