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Miembros de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares no pueden “celebrar” el día de los derechos humanos si no que lo conmemoran con mucha preocupación y espíritu de denuncia por los graves retrocesos en su cumplimiento durante estos diecisiete meses del Gobierno del presidente Nayib Bukele. Foto Diario Co Latino/Ricardo Chicas Segura

Movimientos populares denuncian retrocesos del Gobierno en cumplimiento de derechos humanos

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

En el Día de los Derechos Humanos, las organizaciones que integran la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares afirmaron que poco o nada hay por celebrar; sino, más bien, este año se conmemora con mucha preocupación y espíritu de denuncia, debido a los retrocesos con el actual Gobierno, cuyo proceder en muchos sentidos es violatorio de derechos.

Morena Murillo -coordinadora de la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud- indicó que la administración de Nayib Bukele bloquea a los medios de comunicación y a toda aquella persona que crítica o señala la forma en la cual está gobernando; especialmente, descalifica a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales, opositores políticos y a cualquiera que no esté a favor de sus acciones.

“El Gobierno está cerrando los espacios de información pública y la posibilidad de conocer de primera mano cómo se están manejando los fondos públicos, ya que no quiere dar cuentas; la gestión gubernamental es opaca y se caracteriza por el manejo anómalo de los fondos públicos; en los últimos días, la Fiscalía y la misma CICIES creada por Bukele han señalado que hay claros indicios del uso irregular de los recursos”, afirmó Murillo.

Las organizaciones consideraron que el irrespeto a la independencia de poderes, por parte del Ejecutivo, también ha derivado en violaciones a derechos humanos; sobre todo, el desacato a resoluciones judiciales y el cumplimiento de decretos legislativos orientados a resolver los problemas del país.

Según Tatiana Oliva, representante de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, en el área ambiental parte de las vulneraciones a los derechos humanos es que este gobierno tiene una lógica mercantilista, donde busca lograr un desarrollo económico a costa de los bienes naturales y ambientales del país, pues a pesar que las comunidades y organizaciones están en continua protesta por la ejecución de proyectos inviables, se les sigue dando luz verde.

“Con la excusa que no puede detenerse el desarrollo, el Ejecutivo está autorizando proyectos ecológicamente inviables, como la urbanización Valle El Ángel, en una zona de riesgo en las faldas del volcán de San Salvador y sobre mantos acuíferos subterráneos que alimentan la distribución del agua potable en la zona norte de San Salvador; así como la represa en el río Sensunapán”, sostuvo Oliva.

Además, señalan que el Gobierno no impulsa programas de saneamiento ambiental y tampoco gestiona en la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley General de Agua, a pesar de las crisis hídricas generadas en la actual administración.

Entre tanto, Moisés García, del sector salud de la Coordinadora, enfatizó que durante esta gestión gubernamental se ha privilegiado el interés privado sobre lo público, al destinar durante la pandemia y otras situaciones los fondos del Estado para favorecer a las farmacéuticas y empresas dedicadas al comercio de la salud.

“En este período se ha utilizado la pandemia para promover un sistema hospitalario céntrico y despreciando todas aquellas iniciativas relacionadas a la construcción de la salud desde la comunidad. Con este Gobierno se ha retrocedido en la ampliación de servicios y cobertura, que ya había avanzado un poco en los períodos anteriores, y solo se concentra a nivel de hospitales la asignación de recursos”, denunció García.

La representante del sector juventud, Gabriela Turcios denunció la militarización y rol de la Policía Nacional Civil (PNC) que violenta los Acuerdos de Paz, debido a que Bukele ha instrumentalizado políticamente a las Fuerzas Armadas y ha desnaturalizado a la corporación policial; lo cual, durante el confinamiento por la COVID-19, se generó una serie de violaciones a derechos humanos, documentadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Señaló el bajo perfil del INJUVE en la protección de los jóvenes, pues básicamente ha desaparecido en toda la pandemia y no logró tener una respuesta contundente sobre la crisis de educación y empleabilidad de la juventud. Tampoco ha tenido un papel contundente en cuanto a la violación de los derechos humanos, ejecutada por la PNC en las comunidades donde la juventud es la más vulnerable.

Luis González, del sector ambiental, exhortó a los tomadores de decisiones a buscar el beneficio de las grandes mayorías y no a pequeños grupos económicamente fuertes; en la medida en que esto se implemente, habrá un fortalecimiento del Estado Democrático y bienestar a la mayoría de los salvadoreños.

En cuanto a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes y durante la guerra civil, el Gobierno no ha cumplido su promesa de procurar el conocimiento de la verdad, acceso a la justicia y reparación moral, evidenciado con su negativa de no permitir el acceso a los archivos militares, que podrían aportar información relevante en el juicio por la masacre de El Mozote, uno de los peores crímenes cometidos por el Estado contra población civil.

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el cual proclama los derechos inalienables a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, posición económica u otra índole.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, para este año el Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de la COVID-19, donde se ha dado un agravamiento de la pobreza, aumento de las desigualdades y discriminación estructural arraigadas; solo las medidas para cerrar las brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y reconstrucción de un mundo más resiliente, justo y sostenible.

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