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Doris Rosales
@DiarioCoLatino
El Frente Nacional Agrario (FNA), expuso los principales puntos de lucha por “las demandas más sentidas del sector campesino agropecuario, para contribuir a la mejor estabilidad económica de los más desposeídos”. La asociación espera que “el nuevo gobierno los asuma en su totalidad, con la intención de mejorar o mantener la dieta alimenticia de los salvadoreños y el despegue absoluto del sector productivo salvadoreño”.
Carlos Rodríguez, presidente del FNA, expresó que con el gobierno anterior, se obtuvo varios logros como en la alimentación del pueblo salvadoreño, que “no hubo escasez y esto fue producto de la política de garantizar esa producción de granos básicos, ahí va incluido el programa de paquetes agrícolas. Eso tiene que ver con el entusiasmo que pusieron los funcionarios, para asegurar que ese agricultor cultivara sus tierras”.
También manifestó que hay una política en el Banco de Fomento Agropecuario, que consiste en otorgar el 4 % de interés “al pequeño agricultor”, que va a sacar un crédito. Otro logro fue que las pequeñas cooperativas contaron con proyectos de desarrollo y “siguen trabajando con el fondo que se les dio en los programas que implementó el gobierno”. “Eso se llama empoderamiento y distribución de la economía, en aquel que no tenía oportunidades. Por eso tememos se de un retroceso en estos temas y todo vuelva a ser como antes de 2009, cuando había escasez de grano y teníamos que recurrir a los países vecinos para traer comida aquí”, concluyó Rodríguez.
Osmín Aldana, miembro de la dirección de Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, dijo que “lo que nosotros estamos plateando fue presentado al gobierno anterior, una buena parte fue ejecutada. Con ese gobierno hubo muchos avances. También aseguró su preocupación frente a la ausencia de propuestas presentadas por el presidente, para beneficiar al sector campesino, y esto pueda representar un “retroceso de todo lo que se ha logrado en estos diez años”.
Entre las peticiones expresadas se encuentra la ejecución de la segunda etapa de la Reforma Agraria; la pronta definición de una línea de créditos “justos”, para la producción conservación y comercialización de alimentos; “eliminar la estructura oligopólica en el comercio de insumos agropecuarios”; que el Estado destine “al menos” el 40 % de inversión pública en desarrollo de estructura social del área rural; la mejora y ampliación de paquetes agrícolas, entre otras.
