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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, señaló serias deudas en materia ambiental, las que deben ser abordadas de inmediato por el Estado salvadoreño.
En su pronunciamiento reseñan la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución del 15 de diciembre de 1977, de llamar a la reflexión a los gobiernos de los Estados miembro a preservar y proteger la naturaleza y medios de vida, que se ven mayormente afectados en la actualidad ante el impacto del Cambio Climático, que se acrecenta por la depredación ambiental, agrotóxicos, crecimiento urbano desordenado y la explotación de bienes naturales.
“La sobrexplotación de los bienes ambientales ha llegado a un punto crítico. Frecuentemente, se conoce sobre denuncias por la tala indiscriminada en zonas boscosas o de recarga hídrica como el Cerro El Águila en Juayúa, Sonsonate; el otorgamiento de polémicos permisos ambientales en diferentes proyectos como Ciudad Valle del Ángel o Paseo del Prado, ambos en Apopa, San Salvador”.
A lo anterior, “se suma el poco o nulo interés del Estado en el acompañamiento y respeto a poblaciones comprometidas con la protección de la biodiversidad, como las comunidades indígenas de Nahuizalco, cuando sus territorios están amenazados por la construcción de la octava represa en el río Sensunapán, o la destrucción del sitio Arqueológico Tacuscalco, también en Sonsonate”, cita el pronunciamiento.
Asimismo, FESPAD retoma la problemática del río Lempa, que se considera una de las principales fuentes que abastecen el agua de consumo de la población en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS): sin embargo, se encuentra en un constante acometida por plásticos en sus aguas y sustancias químicas que contaminan y son potencialmente nocivas para la salud humana, animal y la flora.
Esto pone en riesgo un caudal de 11,538.8 metros cúbicos de agua o que se trate de preservar su aporte del 56.9 % del agua en un año; sin que el Estado salvadoreño, tome acciones o medidas que salvaguarden. Además, existe de manera permanente la minería transfronteriza como la mina Cerro Blanco en Guatemala, que contaminará con arsénico las aguas del Lempa.
“Además, el 2020 se vio marcado por la negativa del órgano Ejecutivo de suscribir el Acuerdo de Escazú, el cual constituye una herramienta importante que promueve el acceso a la información, acceso a la justicia y participación en asuntos ambientales, así como la protección de las personas que ejercen la defensa del medioambiente”, indicaron.
En cuanto al medioambiente y el Sistema de Justicia, al referirse a los Juzgados Ambientales, la Cámara Ambiental y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, FESPAD señaló que enfrentan importantes desafíos en la protección de los bienes naturales y la participación ciudadana, luego de antecedentes claros de incumplimiento de procesos como la “Consulta Pública”, regulada en la Ley de Medio Ambiente y su Reglamento, ante el otorgamiento de concesiones a empresas que desarrollan megaproyectos.
“Es definitivo que el medioambiente no puede seguir siendo gestionado de la misma forma; hacerlo implicaría obviar problemáticas como la causada por el COVID-19, ya que para tomar medidas de bioseguridad se necesita tener acceso a agua potable de calidad”.
“Es indispensable una política de agua sustentable, con enfoque de derechos humanos; sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático optó por archivar las propuestas hechas, a pesar de que estas eran fruto del esfuerzo y trabajo de muchos años con participación de miembros de las comunidades más afectadas por la injusticia hídrica”, reiteraron.
En sus sugerencias, FESPAD aduce las deudas ambientales, por lo que recomienda aplicar el Principio 10 de la Declaración de Río, que señaló “El mejor modo de tratar cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda”, con el fin de generar diálogo entre el Estado y sociedad civil.
Pidieron “retomar el estudio de la Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos y ratificar la reforma al Artículo 2 y 69 de la Constitución de la República que reconoce el derecho humano al agua. Y un abordaje integral de las problemáticas causadas por los agrotóxicos, el monocultivo de caña de azúcar y la aprobación de permisos ambientales con impacto altamente negativo para los ecosistemas y la vida humana”.
