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“Las medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana deberían ser obligatorias por parte del Estado, porque El Salvador le ha dado competencia al firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, independientemente quien sea el gobernante de turno”
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La investigadora y consultora, Celia Medrano, manifestó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, las cuales deben ser de cumplimiento obligatorio por parte del Estado salvadoreño.
“La CIDH tiene competencia para poder pronunciarse a situaciones que evaluando podrían violar derechos humanos, el Estado de El Salvador le ha dado competencia al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos que fue ratificada por la Asamblea Legislativa del país”, aseguró Medradon durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
La también abogada dijo que las medidas cautelares buscan prevenir un daño irreparable, porque las personas ya detectadas por la Comisión están viviendo una situación irregular y una violación a derechos humanos.
“Las medidas cautelares de la CIDH deberían ser de obligatorio cumplimiento para El Salvador y cualquier otro Estado, sin embargo, el caso en Honduras de Juan López, un defensor del medio ambiente asesinado el año pasado y tenía medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, externó.
A los abogados López y Anaya les están violentando el debido proceso legal, ya que cualquier persona detenida y acusada de un delito determinado tiene derecho a la visita regular de su abogado y que le pueda dar la orientación adecuada; asimismo, tienen derecho a ser visitados con regularidad por sus familiares.
Según Medrano, tanto Enrique Anaya como Ruth López tienen meses que no reciben visitas de sus abogados ni familiares, lo mismo sucede con otros defensores de derechos humanos detenidos, ya que el gobierno les ha aplicado el régimen de excepción, el cual solo debería ser implementado a personas acusadas de cometer un delito vinculado con las pandillas.
“El régimen de excepción no es para aplicarlo a criminales, es una herramienta de control social y se aplicará contra cualquiera que eleve su voz y sea crítica a hechos de corrupción, hechos de violaciones a derechos humanos, abusos cometidos por el actual régimen. Eso lo estamos comprobando ahora con el caso del pastor José Ángel Pérez, Fidel Zavala, Alejandro Henríquez, Ruth López, Enrique Anaya, entre otros”, ejemplificó.
En la resolución de la CIDH que otorga medidas cautelares al abogado constitucionalista Enrique Anaya, no se puede verificar las condiciones sobre su salud y si lo que dice el gobierno a la Comisión es real, por qué no recibe visitas de sus abogados y familiares, y precisamente esta es la forma de constatar que el detenido aún sigue con vida, en especial durante un contexto donde ya son casi 500 personas las que han sido asesinadas en las cárceles desde la vigencia del régimen de excepción.
“En el caso de Ruth López y Enrique Anaya, el Estado ha dado respuesta a las solicitudes y requerimientos de información por parte de la CIDH y ha dicho que no hay ningún problema, que ellos están bien dentro de las cárceles y, por lo tanto, no tendrían por qué estar con alguna medida alternativa a estar presos”, citó la consultora.
Sin embargo, mientras más antidemocrático sea un Estado, menos va a acatar y cumplir resoluciones o sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o de cualquier otra instancia internacional, por el contrario, procurará de deslegitimar a esos organismos cuyo mandato es señalarles que son violadores a derechos humanos.
El Salvador en varias ocasiones se ha negado a asistir a audiencias convocadas por la CIDH a solicitud de organizaciones de derechos humanos.
Migración
Medrano indicó que The Guardian, un medio de comunicación con mucha credibilidad, tiene la práctica de publicar aquellas informaciones que son dudosas en su veracidad, hizo un chequeo de falsedad con respecto a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en Naciones Unidas, donde agradece a El Salvador haber recibido a personas criminales en Estados Unidos.
The Guardian ha planteado que el 85% de personas migrantes venezolanas que fueron expulsadas desde Estados Unidos y recibidas por El Salvador, no tenían ningún tipo de antecedente delincuencial, mucho menos criminal.
No pertenecían al famoso Tren de Aragua o a una banda criminal venezolana, y no habían llevado ningún proceso o tipo de investigación que los vinculara con cualquier actividad delictiva.
“Lo que sucedió con el grupo de venezolanos que fue tratado como criminales y de manera inhumana en El Salvador, fue parte de toda una narrativa en donde se nos quiere convencer de que cualquier persona migrante es equivalente a un criminal y no son meritorios a que se les respete sus derechos. Una narrativa fascista, tremendamente peligrosa, en la que El Salvador y el gobierno actual de los Estados Unidos actúan como cómplices”, afirmó.
A la vez, calificó de inhumana, ilegal, inconstitucional y muy grave, las acciones ejecutadas por ICE, la policía migratoria, y responde a la intencionalidad de plantear que los males en Estados Unidos son responsabilidad de “hordas de maleantes” que cruzan la frontera. El presidente Donald Trump justifica el uso de legislaciones y normativas que respondían a una época de guerra y ahora las está aplicando a personas migrantes.
En el caso de El Salvador, el número de vuelos de deportados desde los Estados Unidos es mayor al número de vuelos en su totalidad del año 2024, el mes de agosto de 2025 superó la cantidad de vuelos con deportados de todo el año pasado.
