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Redacción Nacionales
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El informe presentado por Cristosal es un documento relevante porque intenta sistematizar algo que desde hace varios años se discute en el país: si en El Salvador existen o no persecución política, manifestó el antropólogo y analista Marvin Aguilar.
El valor principal del estudio radica en que no se limita a denuncias aisladas, sino que trata de establecer criterios y categorías comparables con estándares internacionales para identificar cuándo una persona puede ser considerada víctima de persecución política o incluso preso político, manifestó Aguilar en Encuentro con Julio Villagrán.
El informe presentado por Cristosal documenta 247 casos de criminalización y persecución política en El Salvador entre 2019 y 2025. El estudio, titulado “El precio de disentir: criminalización y persecución política en El Salvador”, analiza distintos mecanismos utilizados para limitar o castigar la crítica al poder político.
El documento fue presentado esta semana y recoge análisis de contexto sobre casos que involucran a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y figuras consideradas opositoras al gobierno.
El informe examina el fenómeno dentro de un marco conceptual que describe un “deterioro democrático” y un proceso de “consolidación autoritaria” en el país. A partir de ese análisis, clasifican diferentes modalidades de persecución política, entre ellas acciones extrajudiciales, procesos judiciales prolongados y la utilización de mecanismos legales no penales para presionar o castigar a personas críticas.
Uno de los elementos centrales del estudio es que intenta aplicar criterios doctrinales e internacionales utilizados por organismos de derechos humanos para determinar cuándo una persona puede ser considerada víctima de persecución política o incluso un preso político, dijo Aguilar.
Según el analista, estos parámetros permiten ir más allá del debate político entre quienes denuncian persecución y quienes la niegan, al evaluar si existen patrones sistemáticos de uso del aparato estatal contra determinadas personas.
El estudio menciona diversos casos que, según los investigadores, ilustran diferentes modalidades de criminalización. Entre ellos aparecen procesos judiciales contra figuras públicas como el juez Antonio Durán Cabrera, Ruth López, Lorena Peña y el caso de Ramón Roque Martínez.
Entre otros casos el informe cita a Mario Gómez, especialista en tecnología y redes, y la investigadora en seguridad Jeannette Aguilar, quienes han denunciado presiones o procesos judiciales en el contexto de su trabajo.
Otro apartado del documento aborda lo que denomina “criminalización como persecución política”, donde se describen procesos judiciales o acusaciones que, según los investigadores, habrían sido utilizadas para desacreditar o limitar la actividad pública de determinadas personas.
El estudio también examina la situación de personas consideradas prisioneras políticas o perseguidas por su actividad pública. En este apartado se menciona el caso el excalde Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, así como otros actores vinculados a movimientos sociales o a organizaciones comunitarias.
Otro capítulo analiza casos de persecución contra personas con protección internacional o vinculadas a la defensa de derechos humanos. Entre ellos se mencionan a la abogada Ivánia Cruz y al activista Fidel Zavala.
El informe también dedica un apartado a lo que denomina persecución contra personas consideradas críticas u opositoras. En esta sección se citan casos como el de la abogada constitucionalista Berta María De León y el jurista Enrique Anaya.
Según los autores del estudio, el patrón común en muchos de estos casos es la combinación de procesos judiciales, campañas de desprestigio en redes sociales y presiones institucionales.
El informe sostiene que la criminalización del disenso tiene efectos que van más allá de los casos individuales. De acuerdo con los investigadores, la persecución de voces críticas puede generar un efecto inhibidor en el debate público, ya que otras personas podrían optar por limitar su participación política o sus opiniones para
La discusión sobre la existencia o no de persecución política se ha convertido en uno de los principales debates sobre la situación democrática en el país. Mientras organizaciones de derechos humanos advierten sobre riesgos para las libertades públicas.
El informe de Cristosal se suma a pronunciamientos internacionales que han advertido sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, especialmente en el contexto del régimen de excepción y de las reformas constitucionales impulsadas en los últimos años.
