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Daniel Trujillo
@DiarioCoLatino
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó su informe del estado de las investigaciones de casos de presunto enriquecimiento ilícito, sin embargo, el mismo fue señalado por algunos magistrados y adujeron que la entidad no muestra avances al respecto, según indica el acta de la sesión de Corte Plena del pasado 29 de junio.
La magistrada de la Sala de lo Penal, Doris Rivas Galindo, le dijo al jefe de Probidad, Carlos Pineda, que es necesario proporcionar información sobre lo que se trabaja actualmente y que se necesitan datos totales, pero que lo expuesto en esa reunión no es suficiente y no se presenta una “radiografía del Departamento”.
La funcionaria añadió en su intervención que los esfuerzos que se dice hace Probidad no se reflejan en el documento y de ahí la importancia de verificar los resultados en relación con la cantidad de casos que ingresan.
Además, la magistrada penalista señaló que actualmente la Sección no tiene la capacidad para estipular tiempos, por lo que deben establecerse y generarse indicadores de cumplimiento.
Según el acta, Rivas Galindo consideró que no puede decirse que no se le ha ayudado a Probidad, porque se le ha brindado apoyo de parte de la Presidencia de la CSJ, la Comisión (interna del órgano de Justicia) y la Corte Plena.
“Es necesario que se refleje lo acumulado y lo que va quedando del año”, reza parte del acta de la sesión de ese día. La magistrada de la Sala de lo Civil, María Luz Regalado, añadió durante la reunión que el documento elaborado por la Sección no refleja cuántos casos tiene realmente y que habría que colocar en el documento datos estadísticos.
“Es necesario algo más sencillo y más claro y deben emplearse formas estadísticas para brindar los datos”, expresó la magistrada, según lo escrito en el acta de la sesión de ese día en la Corte.
El acta solamente indica que en el Pleno de la Corte se realizan una serie de observaciones sobre el informe y continúan las intervenciones de los magistrados.
En el documento también está plasmada la intervención del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, quien dijo que se incluyen en la agenda los casos que se concluyen, en la medida que se tiene toda la información. Recalcó que hay más de 100 funcionarios a los que se ha pedido investigar por presunto enriquecimiento ilícito y está pendiente determinar la cronología.
“También temas pendientes de discusión, como situaciones particulares que se presentan desde mil novecientos noventa y cuatro y continúan siendo funcionarios, de lo cual hay pendiente de discutir si se investiga todo o solo lo del período”, detalla lo dicho por el magistrado Blanco y que está plasmado en el acta de la sesión de Corte Plena.
El jefe de Probidad señaló que la capacidad instalada de la unidad que dirige no permite avanzar en determinados casos, pero se han tomado en cuenta los criterios establecidos por la Corte Suprema como son los de antigüedad, de relevancia y los casos notorios de posible enriquecimiento ilícito.
