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Saúl Méndez
Colaborador
El pasado 30 de enero, el Juzgado de Sentencia de San Vicente entregó el fallo absolutorio definitivo a favor de los líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, luego de varios meses de dilaciones y suspensiones del proceso. Por mayoría, el tribunal colegiado concluyó que no existían pruebas que sustentaran las imputaciones y absolvió penalmente a todos los procesados.
La Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) sostuvo que el proceso judicial fue “inventado para perseguir a los ambientalistas”, en represalia por su oposición a la reactivación de la minería metálica.
“El verdadero delito fue defender el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones, gravemente amenazadas por los proyectos extractivistas”, afirmó la organización.
ADES-Santa Marta también consideró que el caso constituyó una «burda manipulación» de la justicia restaurativa y transicional.
«La Fiscalía General de la República (FGR) decidió acusar falsamente a líderes de Santa Marta por supuestos delitos de la guerra, en vez de investigar las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército gubernamental y los grupos paramilitares contra la comunidad, que para evitar el exterminio tuvo que exiliarse en Honduras durante ocho años», denunció.
La comunidad recordó que los ambientalistas enfrentaron dos juicios por el mismo delito y en ambos casos fueron absueltos.
«Es un proceso totalmente inconstitucional. Se ha derrotado al régimen en su propia cancha, cometiendo este tipo de actos ilegales y aún así se les ha vuelto a derrotar», expresó.
«Es una acción eminentemente política, que está vinculada con el tema de la lucha contra la minería metálica. El fin es que la comunidad y el movimiento social se abstenga de oponerse a este proyecto», denunció.
«Al contrario, esto está dando más fortaleza al movimiento para seguir en esa resistencia en contra de la minería metálica», añade.
Asimismo, destacó que la absolución no habría sido posible sin el trabajo efectivo del equipo de defensa, ni sin el apoyo decidido del movimiento social salvadoreño y el respaldo de aliados internacionales.
No obstante, la comunidad afirmó que se mantiene en alerta, al considerar que el fallo absolutorio incluye un elemento “incoherente, absurdo y totalmente ilegal e injusto”.
“Pese a no existir condena penal, los jueces decidieron imponer una condena civil ‘en abstracto’ a algunos de los compañeros”, señalaron.
“¿Cómo es posible pretender obligar a alguien a pagar por los daños de un delito que no ha cometido? Rechazamos esa decisión y estamos valorando, junto al equipo de abogados, posibles acciones legales, sin descartar la apelación de esa parte del fallo”, expresaron en una rueda de prensa.
ADES-Santa Marta también denunció nuevas acciones de vigilancia y presunto acoso fiscal en Santa Marta, así como un posible intento de fabricar nuevos procesos judiciales.
“Durante las últimas semanas, supuestos investigadores policiales y fiscales han llegado a entrevistar a pobladores de la comunidad, afirmando que investigan las masacres cometidas por militares durante la guerra”, reveló la organización.
“Es la misma mentira con la que llegaron cuando estaban montando el caso que ahora está por cerrarse con la absolución de nuestros compañeros”, agregó.
«Sabemos que existe la amenaza de volver a demandar a los mismos compañeros que han salido libres con otro caso», advirtió.
Por otra parte, ADES-Santa Marta se refirió a otros casos de persecución política contra defensores de derechos humanos, activistas sociales y voces críticas que han sido silenciadas mediante la cárcel, según denunciaron.
“Exigimos la libertad inmediata de Ruth Eleonora López, Enrique Anaya, Fidel Zavala, Pepe Melara y otros dirigentes veteranos de la Alianza El Salvador en Paz; de Giovanni Aguirre y demás sindicalistas detenidos; del comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar; así como del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, quien fue testigo clave en la defensa de los líderes ambientalistas y esa podría ser una de las razones de su injusta detención”, concluyeron.
