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Así lo afirma Human Rights Watch en un comunicado de prensa difundido la semana pasada. Pero no solo esta organización internacional que vela por los derechos humanos lo advierte, sino que muchas a escala mundial.
El 20 de mayo, los diputados de Nuevas Ideas y aliados aprobaron la Ley de Agentes Extranjeros que, en principio, busca expropiar el 30 % de los fondos que las organizaciones de la sociedad civil organizada de El Salvador, conocidas como oenegés, reciben de otras organizaciones o gobiernos.
Esta medida económica del Gobierno no solo afectará a las oenegés, sino, fundamentalmente, a las comunidades, que son las que se benefician de los proyectos que realizan las organizaciones de la sociedad civil en las zonas más vulnerables. Bukele, con esta ley, no solo castiga a las organizaciones, a sus trabajadores, a sus técnicos, sino principalmente a los pobres, que gracias a los proyectos de la cooperación extranjera son beneficiados con proyectos de todo tipo.
Es importante destacar que las oenegés llegan a los lugares donde el gobierno jamás llegó ni llegará, porque allí, los pobres no se divierten con las luces led, porque no tienen ni energía de forma regular.
Esta relidad la señala de forma clara Leslie Schultz, representante y directora del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS): “Si la Ley de Agentes Extranjeros se implementa, las comunidades vulnerables van a pagar el precio. Porque pueden cerrar oenegés, universidades y medios de comunicación independientes con el intento de callar el pensamiento, la voz crítica, cortar las libertades, suspender permanente el debido proceso, la presunción de inocencia y manipular la justicia, y no se puede permitir”.
Esto es lo que Bukele no ha aclara ni aclarará, porque, al fin y al cabo, eso no le importa; no le importan los beneficios que reciben los pobres de la cooperación extranjera, lo que quiere es censurar, si no es que eliminar, a las oenegés.
Y es que el fondo de la Ley de Agentes Extranjeros es eso lo que busca. Censurar a las oenegés, censurar al periodismo independiente, al periodismo investigativo, y no importa si los pobres reciben o no beneficios, bien por los proyectos, bien por la información libre que los haga pensar.
Veamos dónde está la censura: el artículo 9 dice, en su inciso “b”: “Se prohíbe a los sujetos obligados conforme a esta ley: Realizar actividades para fines políticos u otros, con el fin de: alterar el orden público que pongan en riesgo o amenace la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país”.
El literal “f” del mismo artículo prohíbe: “Transmitir o hacer que se transmita en El Salvador, cualquier material informativo físico, electrónico, digital, para o en interés de un mandante extranjero, sin colocar en dichos materiales informativos la etiqueta que indique que el mismo se transmite en nombre de un mandante extranjero o es financiado por este último”.
En este artículo y en esos dos incisos está la esencia de la ley: callar a las organizaciones, docilizarlas, evitar que emitan opiniones, evitar que se movilicen, evitar que organicen a las población, además de la afectación económica como está apuntado arriba.
Este mismo lunes llevamos un reportaje de diversas zonas donde las oenegés desarrollan proyectos de beneficio comunitario, en el que ni los representantes de las organizaciones, ni los beneficiarios quisieron que se citaran sus nombres, por temor a alguna represalia del Gobierno. Esto es comprensible, pero lamentable.
Y como dijo el diputado de ARENA, Francisco Lira, en un programa de televisión, “hemos regresado a los años 80”, cuando la libertad de expresión, la libertad de opinión estaba vedada.
Y como también dice la APES, cuando se atenta contra la libertad de expresión, se atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho. Pobrecito El Salvador y su suerte.
