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La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó -la noche del jueves- la captura del exministro de Justicia y Seguridad, el general David Munguía Payés, acusado por delitos que se habrían cometido durante la tregua entre pandillas en el año 2012, durante la presidencia de Mauricio Funes Cartagena, a quien también acusan de los mismos delitos que le acumulan al exministro. Al general Munguía Payés lo acusan de “agrupaciones ilícitas”, “actos arbitrarios” e “incumplimiento” en el marco de la tregua entre las principales pandillas del país, declaradas posteriormente por la Corte Suprema de Justicia como “organizaciones terroristas”.
Es cierto que la tregua entre las pandillas, ahora organizaciones terroristas, se dio en el marco de una secretividad y, por lo tanto, opacidad, que solo el Gobierno y muy pocas organizaciones de la sociedad civil respaldaron. Como lo dijimos en su oportunidad, quizá lo negativo de la tregua fue no haber anunciado a la sociedad en general que se realizaría, y cuáles iban a ser los beneficios para la sociedad. Cuando un periódico digital reveló detalles de la tregua y los “beneficios” que los jefes de las pandillas habrían obtenido, el Gobierno del presidente Funes no tuvo más que aceptar la tregua y anunciar que el Gobierno “la facilitó”.
La tregua permitió una reducción de casi el 50 % de homicidios en el año 2012, con respecto a los del año anterior, 2011, que fueron 4,271, es decir, entre 60 y 70 por cada 100,000 habitantes. Al final de 2012, los homicidios sumaron 2,594. Esta drástica baja fue vendida por el gobierno de Funes como un triunfo de su Gobierno, y gracias a la “facilitación” del Gobierno.
La Iglesia entró dividida al apoyo de la tregua, a excepción del obispo castrense monseñor Fabio Colindres, que fue mediador, así como el Nuncio Apostólico, León Kalenga, que la apoyaban, el resto de los jerarcas católicos, prácticamente, la “excomulgaron” y asumieron el discurso de los más feroces críticos de la tregua, tanto de la oposición política como empresarial y social. Algunas otras denominaciones religiosas como la Luterana, Episcopal y una que otra evangélica estaban a favor de la tregua, pues eso permitía que su trabajo pastoral a favor de las comunidades lo hicieran con menos riesgo.
Pero la tregua fue abortada, solo duró un año, y luego vinieron las matanzas entre pandilleros y se elevaron las extorsiones con los consiguientes asesinatos de pequeños empresarios por no pagar o retrasarse con el pago de la extorsión. Y no bastó con que la tregua se viniera abajo, pese a que tenía el respaldo del OEA, y en alguna medida de la ONU, así como algunas embajadas, como la de Inglaterra y Alemania, entre otros. El discurso que ganó para desbaratar la tregua fue pernicioso, como el aprovechamiento de la tregua de algunas clicas de las pandillas, pero, por los efectos inmediatos, como la reducción de homicidios, si hubiera sido acompañada por la sociedad civil, y si el Gobierno hubiese actuado con más transparencia seguramente los resultados hubieran sido mejores y permanentes.
No bastó con desbaratar la tregua, luego vinieron las acusaciones. Uno de los interlocutores entre las pandillas, el excomandante guerrillero Raúl Mijango está preso por este motivo, aunque, de acuerdo con otras acusaciones, también se habría involucrado con criminales y habría terminado cometiendo delitos. Y otros también están en proceso por el tema de la tregua.
El procesamiento judicial contra el general Munguía Payés, quien siempre actuó como testigo a favor de los procesados en la tregua, se originó de la sentencia de un juez, quien prácticamente le ordenó a la fiscalía procesar al exministro y al expresidente Funes. Esperemos a que la Fiscalía General de la República presente todas las pruebas de los tres delitos contra Munguía Payés, pues si no lo hace, sería estar judicializando la tregua, y la tregua per se no debería perseguirse penalmente, solo si, para “facilitarla”, se hubieran cometidos delitos.
