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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
El pasado sábado 7, don José Aristides Castro falleció por falta de atención médica oportuna.
El señor Castro fue al igual que aproximadamente 52,000 ciudadanos más en el país, y debido a la exposición que tuviera a pesticidas de riesgo en la costa del país, otra de las personas que desarrolló enfermedad renal crónica.
Nuestro país es en la región, el que mayor tasa de ERC – enfermedad renal crónica – tiene entre su población, derivado de las prácticas de agricultura intensiva que se adelantan en el país, las cuales suponen todas graves riesgos para la salud, a pesar de que podrían prevenirse con elementales medidas que sin embargo no son observadas por la gran industria agrícola del país.
Esto porque en el país se siguen utilizando materiales agrícolas que fueran desde los 60’s prohibidas en el resto del mundo, por el riesgo que suponen para la salud ambiental y humana, pero que acá se siguen usando porque implican un menor costo en la inversión para la agricultura industrial, cuyos costes inconfesados, las ERC, son referidos al estado, y la gran industria que se enriquece sin asumir su responsabilidad, sencillamente las evade, sin ningún retorno real para la sociedad salvadoreña, porque tampoco favorece la soberanía alimentaria.
Esto fue así desde los días en los que el país tuvo en el algodón su principal cultivo, y se sigue haciendo ahora, con la caña de azúcar, y con completo menosprecio de los trabajadores y jornaleros, cuya salud y la de sus familias están en primera línea.
Tomemos en cuenta para comprender la gravedad del problema, los siguientes datos:
– Guatemala tiene 9,000 casos de pacientes activos con ERC.
– Honduras tiene 4,000 casos de pacientes activos con ERC.
– Nicaragua tiene 4,800 casos de pacientes activos con ERC
– Costa Rica tiene 6,482 casos de pacientes activos con ERC
Datos según OMS.
Estás cifras suponen un escalofrío por lo crudo que evidencia el menosprecio que por los operarios el gran capital tiene en el país, no dejando ninguna duda de que son vistos como material descartable.
Material humano de desecho.
Porque en el país tampoco hay fuentes de empleo o educación de calidad que permita a la población opciones reales.
Pero además, porque el sistema de salud pública se ve impelido de cumplir con su obligación constitucional, en consecuencia con los recortes presupuestarios que padece [al sistema de salud pública se le recortaron hasta $1,170,4 mill. en el pasado ejercicio, apostando en cambio por la telemedicina, concentrando en el hospital El Salvador, donde su personal es en su mayoría extranjero, el mayor porcentaje de recursos -26 millones -], mientras se despidió hasta diciembre de 2025, a 3,600 elementos del personal de salud, entre los cuales hay 250 especialistas.
Todo mientras se aumentó un 6% al presupuesto del ejército, un 8% a comunicaciones de la presidencia y se privó al país de un plan de salud integral.
En cambio, la fiesta continúa, y más salvadoreños sufrirán en silencio este abandono.
