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POR: JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO
La argentina Silvina María Romano, doctora en ciencias políticas publica en abril de dos mil veinticinco “Lawfare: la guerra por otros medios”. Inicia dicha obra dilucidando que el lawfare es la guerra por la vía legal. Es el uso de la ley como arma. Es una judicialización de la política dirigida a desestabilizar y deslegitimar a gobiernos y criminalizar a determinados sectores políticos (https://biblioteca-
Romano considera que es una guerra judicial-mediática, ya que opera por medio del aparato judicial, medios de comunicación y redes sociales. Recurriendo a la violencia, al Estado de Excepción y a la eliminación de la política, como espacio de dialogo y disputa del proyecto de gobierno. La primera consecuencia de ello es, la deslegitimación y desmoralización de determinados sectores de la política. Y la segunda consecuencia, fomentar la desconfianza hacía la política.
En el segundo capítulo, titulado “Geopolítica y comunicación: el lawfare en América Latina y el Caribe”, se contextualiza el lawfare como parte de la dinámica que articula la geopolítica y la comunicación en América Latina y el Caribe, en el proceso de expansión del capitalismo monopólico de posguerra hacía la periferia.
En el capítulo “Manufacturación del consenso en acción: la causa Lava Jato como laboratorio de lawfare regional”, se plantea el lawfare como manufacturación del consenso. La construcción del consenso en la opinión pública exige la articulación del gobierno, las corporaciones de los países centrales, los medios de comunicación concentrados, las voces de expertos, el uso del poder judicial con fines políticos y la sistemática espectacularización de la política.
En el capítulo “Persecución y proscripción política: del lawfare al lawfear, los casos de Argentina y Ecuador”, Romano describe la persecución política y la criminalización mediática, contra determinados sectores de la política de esos países.
En el capítulo “Lawfare y mujeres líderes: acoso y descalificación y criminalización como violencia política de género”, se revisa la violencia judicial contra mujeres en la “alta política” o en puestos de toma de decisión de alta responsabilidad y jerarquía. Romano exhibe los casos de Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala en Argentina, Paola Pavón y Gabriela Rivadeneira en Ecuador.
A modo de cierre se presenta el lawfare, como componente de la máquina de guerra del capital. El objetivo es, eliminar la posibilidad de cambio a “otro mundo posible” al capitalismo neoliberal. El lawfare es el uso de la ley como arma de “poder blando”, para cumplir objetivos militares. Funciona como herramienta de expansión imperial, por la desestabilización a gobiernos y sectores que cuestionan el orden neoliberal. Entra en la arena de opinión pública, al colocar al “enemigo político” en medios y redes sociales. La guerra contra un “otro político” necesita del poder judicial para darle una fachada de legalidad. La aniquilación se consuma con el apoyo de los medios de comunicación concentrados, manufacturando un consenso negativo contra determinados líderes, quitándoles credibilidad y apoyo popular.
El General Charles Dunlap formó parte del Cuerpo de Abogados Generales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, retomó el concepto de lawfare en el marco de la “guerra contra el terrorismo”. Concibe a la ley como un medio para conseguir un objetivo militar. Reinterpreta el concepto, advirtiendo lo útil que podría ser para Estados Unidos implementar el lawfare a su favor. El lawfare se comprende como parte de las guerras no convencionales, nuevas guerras o guerras hibridas hacia nuevas amenazas. Es una herramienta de poder blando.
En América Latina se asoció a la judicialización de la política, al activismo judicial, a la politización de la justicia y su vínculo con los derechos humanos, donde miembros de la sociedad civil se empoderan frente al Estado reclamando sus derechos, instrumentalizando un determinado marco legal. Empero, el lawfare se asoció a procesos de desestabilización y cambio de régimen. El lawfare es la continuación de la guerra psicológica que reconfigura el enemigo a aniquilar. Para Romano el lawfare es un nuevo Plan Condor para la región, donde juegan un rol fundamental las nuevas tecnologías de la comunicación.
Las estrategias de comunicación están orientadas a eliminar al enemigo. Se articulan alrededor de la corrupción con lo cual construye enemigos carentes de derechos, en un marco creciente de judicialización de la política y manipulación de la opinión pública.
Héctor Silva Avalos, periodista e investigador salvadoreño, en su artículo “El «Lawfare» de Bukele: cómo perseguir a los opositores y proteger a los aliados” indica que la “lucha contra la corrupción” que el presidente salvadoreño lanzó en junio de dos mil veintitrés, ha servido para emprender una purga interna y cuidar a sus íntimos (https://www.infobae.com/
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, responde a Bukele y ha enterrado investigaciones que involucran al presidente y a su círculo íntimo. Por el contrario, la punta de lanza de la campaña la dirigió hacía propiedades del expresidente Alfredo Cristiani. Y avisos de investigación a dos periodistas y un exmagistrado del supremo, críticos de Bukele.
Silva Avalos narra que Alejandro Muyshondt operaba como sicario cibernético, al que le encargaban campañas de desprestigio contra enemigos políticos del oficialismo. Hasta que manifestó que el diputado de Nuevas Ideas, Erick García, estaba implicado con el narcotráfico, fue arrestado y acusado de filtrar documentos a un expresidente y a periodistas. También, desaforaron al diputado García y terminó arrestado.
Señala Silva Avalos que los hombres y las mujeres más poderosos del gobierno permanecen fuera de la cruzada anticorrupción. Tal como el diputado Christian Guevara, la jefe de gabinete Carolina Recinos; el dirigente político José Luis Merino, uno de los principales padrinos políticos de Bukele; el asesor de imagen presidencial Porfirio Chica y el jefe de prisiones Osiris Luna.
Algunos analistas han observado patrones de la práctica de lawfare en El Salvador, en relación con la destitución de funcionarios judiciales y acciones en contra de la oposición política. Ejemplos de lawfare en El Salvador tenemos la destitución del Fiscal General anterior y la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, para controlar el poder judicial y eliminar obstáculos legales al gobierno. Casos de persecución judicial contra líderes de la oposición y críticos del gobierno, con procesos judiciales politizados, con el objetivo de silenciar la disidencia. Y el uso del poder legislativo y judicial, para socavar la independencia y la autonomía de instituciones estatales como el Tribunal Supremo Electoral.
El lawfare socava el Estado de Derecho, ya que la aplicación de la ley se vuelve subjetiva y politizada, en lugar de imparcial y objetiva. El uso del lawfare debilita la democracia, al eliminar a la oposición política y restringir la participación ciudadana. Puede llevar a la pérdida de confianza en instituciones y en el sistema legal, por la falta de transparencia y la politización de la justicia.
Los casos de Ruth Eleonora López y Enrique Anaya podrían ser considerados lawfare en el contexto de El Salvador. Sus detenciones y procesos legales en su contra podrían estar motivados por razones políticas, buscando silenciar voces críticas al gobierno.
La detención y proceso judicial contra Ruth López, defensora de derechos humanos, tiene características de persecución política. Su detención podría ser considerada un castigo anticipado. La detención de Anaya, abogado y crítico del gobierno, ha sido interpretado como un intento de silenciar voces críticas al gobierno. Tanto en Ruth López como en Enrique Anaya, hay un uso ilegítimo del sistema legal para fines políticos.
