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El inciso tercero del artículo 159 de la Constitución de la República reza: “La Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarán adscritas a ministerios diferentes. La Seguridad Pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y AJENO A TODA ACTIVIDAD POLÍTICA (Las mayúsculas son nuestras). Por qué hacemos énfasis en la parte resaltada?, pues hay indicios que por presiones, la Policía podría estar cayendo o pisando el límite de lo profesional e independiente a la actividad política, lo cual, además de peligroso por el clima de intolerancia y de odio entre la sociedad salvadoreña, provocado o alimentado desde las máximas autoridades, comenzando por Casa Presidencial.
Se ha lanzado el mensaje, por ejemplo, que una parte de la población, a la que identifican como el 3% está a favor de las pandillas, de los delincuentes, de la violencia, mientras que la mayoría está contra ellos. Tras el vil asesinato de dos agentes policiales y un oficial, el martes de la semana recién pasada en una colonia de la Ciudad de Santa Ana, el presidente Nayib Bukele fustigó a los defensores de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a quienes calificó de “sinvergüenzas”, por no pronunciarse o condenar el hecho, al mismo tiempo que lo hacía el gobierno. Las organizaciones pro derechos humanos, por supuesto, condenaron el hecho, pero reiteraron que no están de acuerdo con el método implantado por el Gobierno en su guerra contra las pandillas, pues de esa forma se llevan justos por pecadores, además del no cumplimiento de otros preceptos internacionales, los cuales El Salvador ha suscrito.
Y es que, que los organismos nacionales e internacionales le recuerden al gobierno que no debe olvidar la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos, entre otros suscritos con la ONU y la OEA, no es estar a favor de la delincuencia. A los defensores de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, les preocupa que en el marco de la guerra contra las pandillas, y la utilización del Estado de Excepción con tal propósito, hayan asesinado en el interior de al menos dos centros penales a 40 personas capturadas en las redadas, y que de acuerdo con los familiares no tenían que ver con las estructuras de los grupos terroristas, así llamados maras y pandillas.
Tanto el 3% como el 97%, con el que identifica el presidente Nayib Bukele a la oposición y a sus seguidores, están en contra de las pandillas, porque son grupos delincuenciales que le han hecho mucho daño a prácticamente toda la sociedad, pero sobre todo, a los más pobres, porque aunque no se diga, los que más han sufrido por el fenómeno de las pandillas y maras han sido los pobres, residentes en colonias populares, en las comunidades. Y son en esas comunidades y barrios populares, estigmatizadas, por cierto, donde la autoridad ha hecho las grandes redadas, de ahí que entre los 40 mil supuestos pandilleros hay un 1% que no lo son, y así lo ha reconocido el mismo presidente Bukele, pero que fueron víctimas de las redadas.
Y ha sido precisamente el método de la redada a la que se oponen, principalmente los veladores de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Y exigir que el gobierno garantice la vida de los capturados, y no le pase como les ha ocurrido a esos 40 salvadoreños que murieron en las prisiones es lo que les preocupa a los defensores de los derechos humanos. Y así como se preocupan de la muerte de civiles inocentes, también se preocupan de la muerte de un policía o un soldado, por ser los depositarios de la seguridad de cada uno de los salvadoreños.
Dicho lo anterior, como un contexto, volvemos a los párrafos iniciales que han motivado este editorial. Y es que en la cuenta oficial de una de las redes sociales de la PNC, se publicó la foto de un delincuente que supuestamente participó en el asesinato de tres de los policías ocurrido el martes, en la que aparece el actual secretario general del FMLN, y otra con una dirigente histórica del FMLN, con la siguiente leyenda: “Hoy, en la casa en la que se refugiaba en Panchimalco (en referencia a Wilfredo Preza, perfilado como cabecilla de un grupo delincuencial), hallamos dinero de la extorsión, una pistola y evidencia de su vinculación al FMLN”.
Este mensaje de la PNC es muy delicado, porque los seguidores del Gobierno pueden darle una lectura distinta y peligrosa al mensaje. Además, está claro que en las redadas han caído miles de personas que en sus casas también guardan prendas partidarias, incluso de Nuevas Ideas, sin exponerlas como tal, pues no es la función de la policía. La policía debe capturar y con la Fiscalía presentar el caso al Juez, y si la Fiscalía considera que hay que investigar en otra dirección, debe hacerlo.
La PNC no debe actuar para afectar a un partido político, ni callar para favorecer a otros, porque eso es violar la constitución, es desnaturalizar su institucionalidad, es violar el mandato de ser “ajeno a todo actividad política”.
