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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Venimos a dejar a un grupo de jóvenes al portón del centro de formación El Despertar, venían a su primer retiro espiritual; a la mañana siguiente, oímos un bombazo que creímos que era pólvora por las fiestas de San Antonio Abad, ese 20 de enero de 1979; pero no, era el martirio del padre Octavio Ortiz”, recordó Ana Morena Méndez, de las Comunidades Eclesiales de Base.
Las organizaciones Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la Fundación Mundubat realizaron la Segunda Edición de la Ruta de la Memoria Histórica, como homenaje a las víctimas del conflicto armado.
Resguardada por calles estrechas e intrincadas se encuentra el histórico Centro de Formación “El Despertar”, que fue allanado por agentes de la Guardia Nacional, la madrugada del 20 de enero de 1979, quienes derribaron el portón con una tanqueta para ingresar y masacrar al sacerdote Octavio Ortiz y a los jóvenes Ángel Morales, David Caballero, Jorge Gómez, Roberto Orellana y David Robles.
“Junto a mi hermana, Anita, salimos corriendo porque nos considerábamos responsables de los muchachos, pero ya no dejaban pasar desde el pasaje Alemán. Luego, cerraron el lugar y la Guardia Nacional convocó a los medios de comunicación y manipuló los crímenes, afirmando que fue un enfrentamiento, poniendo armas en las manos de los jóvenes asesinados, colocándolos en el techo de la clínica para simular el ataque, diciendo que era nido de guerrilleros. El padre Octavio Ortiz fue el primero en ser asesinado, solo levantó sus manos y trató de detener el ingreso de los guardias -y ellos respondieron- pasándole la tanqueta en su cabeza, le deshicieron el rostro, pero quien desmintió toda esa mentira fue monseñor Óscar Romero”, reseñó Ana Morena.
Las personas defensoras de derechos humanos, a lo largo de la historia en el país, han sido perseguidas, amenazadas, discriminadas, estigmatizadas y asesinadas, consideró Ana Méndez, quien proviene de las Comunidades Eclesiales de Base, que generó toda una generación de cristianos comprometidos a representar una Iglesia católica, liberadora, ecuménica, solidaria y de puertas abiertas, en una época de represión estatal, que ejercían gobiernos militares en combinación con la clase de poder económico y político.
La Ruta de la Memoria Histórica -explicó José Lazo, de la Asociación Pro Búsqueda- se ha convertido en un memorial que honra la vida de tantas víctimas secuestradas, desaparecidas y asesinadas durante el conflicto armado interno de los años ochenta, que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz, en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, que puso fin al enfrentamiento armado.
“El año pasado nuestra Ruta de la Memoria fue a la Iglesia El Rosario, la Plaza Cívica y Catedral Metropolitana; este año, motivados por el 9 de diciembre, el Día Internacional del Derecho a Defender Derechos, y a fin de honrar esos hombres y mujeres que entregaron su vida por el ideal de una sociedad democrática, realizamos esta actividad visitando el Centro de Formación El Despertar, el monumento a los jóvenes mártires de la Masacre del 30 de julio de 1975, y la Universidad de El Salvador (UES), lugares que guardan una riqueza histórica y que deben ser dignificados”, señaló Lazo.
Actualmente, a 41 años de la masacre de El Despertar, Ana Méndez reflexionó sobre la preservación de la memoria y continuar el camino de los mártires. “Me siento comprometida con todas esas personas que han muerto aquí, en San Antonio Abad; se imaginan, fueron gente mejor que yo, que pudieron ser madres, padres, profesionales y ciudadanos, pero dieron su vida por estas miserias de libertad y democracia que se ha logrado en este país, que ha costado su sangre”, dijo.
De la Ruta de la Memoria Histórica quedan fuertes ecos de esa lucha social por los derechos humanos de la población, como narró Jaime García, quien era estudiante universitario en la Masacre del 30 de julio de 1975, reconociendo la entrega “generosa” de esa juventud universitaria.
“Éramos el País de la Sonrisa, teníamos un concurso de belleza de Miss Universo, pero también el gobierno del coronel Arturo Armando Molina había intervenido la Universidad de El Salvador, relegando los estudios de miles de jóvenes, un militar ignorante que solo sabía reprimir. La represión inició en Occidente, en el campus de la UES, agrediendo a las organizaciones estudiantiles; entonces, aquí en San Salvador, autoridades, docentes y estudiantes toman la decisión de salir en manifestación pacífica para denunciar este hecho violento.
Era el miércoles 30 de julio de 1975 que saldría de la Facultad de Jurisprudencia hacia el Parque Libertad, íbamos con mantas, consignas y canciones. Se nos unieron los estudiantes del MERS y caminamos, a la altura del Externado San José aparecieron agentes de la Policía Nacional, Policía de Hacienda y la Guardia Nacional y comenzaron a disparar a jóvenes indefensos.
Hubo médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que los asesinaron cuando trataron de ayudar a los estudiantes que saltaban el muro del ISSS”, narró.
En la última etapa del recorrido, en los contornos de la Universidad de El Salvador (UES), se recordó las tomas arbitrarias de los gobiernos militares y asesinatos de estudiantes dentro de los muros del Alma Mater, que aún demandan verdad y justicia; y la agenda pendiente que tiene el Estado salvadoreño con respecto a las víctimas que, a cuatro años de la derogación de la Ley de Amnistía, aún persiste con fuerza la impunidad.
“La memoria es resistencia”, dijo Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, luego de que el acto en la tercera etapa de la Ruta de la Memoria Histórica haya sido realizado en las afueras del campus universitario, debido a la negativa de la rectoría que argumentó disposiciones del COVID-19 y una reunión de autoridades universitarias.
“Es paradójico que muchachos con 16 o 17 años, que ofrendaron sus vidas, y que tratemos este día de honrar su memoria, a las víctimas, vuelven a quedar afuera, pero debemos aplicar resistencia y que no caiga en el vacío la lucha de esos jóvenes”, sostuvo.
En cuanto a la ley de Justicia Transicional y Reparación a Víctimas, García señaló que esta normativa se encuentra actualmente en un limbo jurídico, luego de que la Asamblea Legislativa la aprobara en febrero del presente año y que, en marzo, el presidente Nayib Bukele vetó, reconociendo que algunos artículos eran inconstitucionales y, sobre todo, los referidos al indulto y el vacío sobre los bienes personales de los victimarios para reparar a las víctimas, así como, la no judicialización y sanción.
“Estamos viendo cómo a jóvenes a los que imputan delitos, por pertenecer a pandillas, son sentenciados por 60 y 500 años. Y estamos en una pelea, con una Ley de Justicia Transicional, en los que asesinaron a cientos de miles de personas, torturadas y desaparecidas, les dicen que si son mayores de 60 no van responder por sus actos, ni guardar prisión. Un Estado democrático no puede mirar sin vergüenza a esos jóvenes que condena a 500 años, y está liberando a genocidas. La revisión de la sentencia de la Sala de lo Constitucional (CSJ) de la derogación de la Ley de Amnistía, se pudo comprobar que ni la Fuerza Armada entregó los archivos, ni que el Ejecutivo cumplió su promesa de dar a conocer esa información, y mucho menos la Asamblea Legislativa, que no formuló la ley con estándares nacionales e internacionales que diera acceso a justicia a las víctimas, porque está más preocupada de lo que digan de ellos, que emitir leyes que se respeten”, acotó García.
De la Fiscalía General de la República se acumulan 180 casos, con solo cinco fiscales a cargo, lo que consideró Eduardo García “una triste Fiscalía, con un pírrico personal de cinco fiscales, con casos tan complejos como las masacres de las cuales no han podido investigar ninguno. Y que solo ha podido judicializar dos casos: la Masacre de El Mozote –que consideró- el más emblemático, porque al abrir esa puerta de justicia al caso de El Mozote le darían entrada a todas las víctimas de otras masacres. Por eso hablamos de Estado, un poder Judicial doblegado al poder militar y el poder Ejecutivo aliado a este, y un poder legislativo que rinde pleitesía al poder militar, para no ser judicializados”, reafirmó García.
