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Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino
“En el marco del Día Interamericano del agua, la sequía golpea el acceso al agua y a la alimentación de la población en El Salvador”, dijo William Murcia, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua. Esto recuerda la “necesidad de realizar todas las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua”.
Sobre la obligación del Estado, Murcia añadió que al garantizar este derecho humano al agua, también debe fortalecer su saneamiento, a un costo justo y de forma equitativa con el fin de asegurar una vida digna a todas y todos los salvadoreños.
“El acceso al agua es en América Latina un problema de justicia económica, pues es la región con más reserva de agua dulce y con una población menos numerosa que en otras regiones con menos agua”, afirmó en el Día Interamericano del Agua denominado “Agua, Derechos Humanos y Gobernabilidad Elementos de la Concertación Social”.
Las organizaciones que integran la Alianza, reiteraron que Naciones Unidas (ONU) reconoció el año 2010 el agua como un “derecho humano”. La Ley General de Recursos Hídricos, aprobada hace 2 años, y a uno de vigencia aún está estancada sin dar respuesta a la crisis hídrica que impacta a poblaciones empobrecidas.
“Nos preocupa la inadecuada aplicación e inobservancia de la Ley General de Recursos Hídricos y de la normativa ambiental vigente. Promueven el desarrollo de proyectos corporativos con impactos ambientales e hídricos en los cuales no se aplica el principio de precaución para evitar daños ambientales”, sostuvo Rodolfo Calles, de la Alianza contra la Privatización del Agua.
Calles lamentó “la falta de capacidad técnica” para el adecuado monitoreo, seguimiento y sanción de las actividades que violenten la normativa ambiental e hídrica en el país, que termina creando un “clima de impunidad” que sólo beneficia a sectores que hacen del “ambiente negocio o mercancía”, así como el incumplimiento de otros contenidos de dicha normativa.
“No se ha completado la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), aún están pendientes los nombramientos del representante de la sociedad civil y los 3 de organismos Zonales de Cuenca (art. 20 de LGRH)”, afirmó.
“Los Organismos Zonales de Cuenca son entes técnicos administrativos de la ASA a nivel de zonas, que ejecutarán acciones encaminadas en la planificación, coordinación y facilitar la gestión integral de los recursos hídricos (arts.28 y 29 LGRH)”, citó Calles.
Otra de las inquietudes expresadas por la Alianza es la suscripción urgente de un Convenio o Tratado Transfronteriza sobre la protección de las cuencas hidrográficas de la actividad minera metálica, como el proyecto Cerro Blanco, que amenaza varios cuerpos de agua del país como el lago de Güija y el río Lempa, y que aún el gobierno guarda silencio.
La falta de elaboración de un informe anual del estado hídrico, así como la falta de determinación del caudal ambiental, es para la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua debilidades que imposibilitan la gobernanza efectiva y la aplicación de la justicia hídrica.
Para el ambientalista Luis González esta falta de información y operatividad gubernamental de la ASA , “es preocupante”, porque ha brindado autorizaciones de uso de agua sin hacer una determinación del caudal de acuíferos que puede generar impactos negativos en la población.
“Debe haber un Sistema de Información Hídrica, es decir, un sistema que recopile los diferentes usos, ya sea para consumo humano, la gestión hidroeléctrica, el sector agropecuario o para la industria y comercio. Este sistema manejara cuánta agua cae por medio de lluvias, cuánta de esta se infiltra y está disponible para sus diversos usos”, explicó González.
González señaló que entre los usos más importantes a priorizar es para el mantenimiento de estos ecosistemas que estarán a disposición para la fauna y flora del área. No obstante, esto puede ser variable a partir de las diferentes cuencas hidrográficas del país.
“Algunas cuencas hidrográficas tendrán mayor demanda de agua como una -Área Protegida- que tiene mayor número de animales y biodiversidad o porque el tipo de suelo o del acuífero son más someros (superficiales) y por esto es más rápido su desabastecimiento por los diferentes usos”, afirmó.
“Esto lo tienen que determinar biólogos, hidrólogo y geólogos en cada una de las cuencas y el Ministerio de Medio Ambiente, que cuenta con un Observatorio Ambiental, y cuenta con toda la información técnica y científica para poder hacer este tipo de determinaciones en conjunto con la Autoridad Salvadoreña del Agua y debería contar con otros sectores para que sea integral”, opinó González.
Este Sistema de recolección de información hídrica, consideró González, estará incompleta sin la participación de las Unidades Ambientales de las municipalidades y la sociedad civil en territorios por la falta de datos sobre otros “usos del agua”, que no han sido registrados geográficamente por entidades gubernamentales y que muchas veces estas son ilegales.
“En esos están los pozos de puntera que utiliza la industria cañera, que no son reportados y pueden provocar una disminución en un acuífero, entonces, se puede hacer un cálculo sobre la cantidad de agua, pero en la realidad no es así”, reiteró.
“En la medida que haya participación de las municipalidades, de las Unidades Ambientales y de las Juntas Comunitarias de Agua, se podrá determinar cuáles son los usos. Y dejar un caudal adecuado para que el ecosistema pueda sobrevivir”, expresó González.
El país es azotado por el fenómeno de El Niño, que ha traído sequías y pérdidas de granos básicos, y el Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado desde su Observatorio Ambiental que la lluvia acumulada de enero a julio en el país llegó a los 586.6 milímetros, un 29% menos al promedio regular que es de 887.2mm, para este 2023.
“Los números oficiales son escasos y la información con la que contamos es de primera mano, dado por las personas de las comunidades y la observancia de cómo la gente se abastece frente a la escasez del agua en sus comunidades y hogares”, replicó Amalia López, también de la Alianza.
“No hay que irnos lejos, ahí en San Salvador Sur tenemos comunidades que reciben agua una vez, cada 15 días porque sus pozos son de mala calidad y tienen menos agua. A esta gente la ANDA no les hace caso o no les ofrece un servicio adicional con este derecho humano”, mencionó.
Amalia López comentó que en el Barrio San Jacinto existe una comunidad a la que se le secó el pozo y la ANDA no les ha dado una respuesta institucional, por tanto, han recurrido a comprar el agua a diario de un camión cisterna, que no son casos aislados o pocos.
“Claro, es preocupante esta situación y más cuando la Ley General de Recursos Hídricos habla del derecho humano al agua, pero a nivel operativo la ASA, la ANDA y otras instancias relacionadas no han hecho nada por resolver este problema a la población”, manifestó.
“Si hacemos cuentas, sólo el 40% de la población recibe agua de la ANDA, el otro 25% lo sirven las Juntas de Agua, entonces ¿cuanta gente queda sin abastecimiento de agua por cañería en El Salvador?.
La ANDA tampoco tiene un reporte que nos diga cuántas horas al día le sirve a cada comunidad, y no podemos promediarlo porque depende de la región en la que se habita y las condiciones geográficas de su comunidad”, acotó López.
En este sentido, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua demandó el cumplimiento a la finalidad expresada en el artículo 4, literal “g” para que la ASA promueva la participación activa y corresponsable de la sociedad salvadoreña con un enfoque de género y cree un mecanismo para tal fin.
Y que al retomar la gestión y protección de cuencas estás estén vinculadas a la Política Nacional de los Recursos Hídricos y al Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, según el art. 31 de la LGRH.
Y piden, además, que se actualice el Reglamento Especial de Cánones de la Ley General de Recursos Hídricos, retomando las exigencias de la Juntas Comunitarias de Agua en cuanto al canon por el uso del agua, vertidos y responsabilidades vinculadas al saneamiento.
