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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
César Artiga forma parte del Grupo Impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador, integrado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil y comunidades que defienden los derechos ambientales.
“El Acuerdo de Escazú es un instrumento clave para nosotros, como organizaciones, en muchos aspectos, pero destacamos la defensa de las personas que defienden derechos ambientales”, dijo Artiga, en entrevista exclusiva a Diario Co Latino.
-¿Cuál es la postura del Gobierno ante el Acuerdo de Escazú?
El Gobierno se maneja en una ambigüedad que nos genera incertidumbre; por una parte, hay un diálogo aunque no tan fluido -como nosotros consideramos debería ser-; nos encontramos, por el otro lado, su negativa a dar a conocer cuál es su postura oficial frente al Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, el ciudadano presidente, Nayib Bukele, quien tenía su turno para dar su discurso en las Naciones Unidas (ONU) este jueves 23 de septiembre (ayer), lo ha suspendido, no sabemos por qué, solo que CAPRES ha pedido que se cambie la fecha y mañana es el último día (hoy) para que Escazú se firme y nosotros le habíamos hecho el llamado que anunciara en su discurso su decisión con el Acuerdo de Escazú. Sabemos que el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y la CEPAL han estado instando al Gobierno del presidente Bukele sobre la importancia de la firma de Escazú; sin embargo, la dimensión ambiental está ausente del discurso presidencial.
-¿Cómo vendría a fortalecer a personas defensoras ambientales el Acuerdo de Escazú?
Hablando con el embajador de la UE en el país, cuando me preguntó qué era lo clave para El Salvador, ‘la firma del Acuerdo de Escazú’, le respondí precisamente, que el país tiene una legislación muy débil, además de una institucionalidad pública deficiente en todo sentido en materia de protección ambiental y que muchas de las figuras que establece Escazú no están contempladas en nuestras leyes.
-¿Cómo afecta a las personas defensoras?
Una persona defensora de derechos ambientales en El Salvador no tiene ningún instrumento jurídico en la legislación nacional, ni siquiera para poner una denuncia; pero, si el Acuerdo de Escazú se firma y ratifica, se convierte en ley de la República y mandata al Estado salvadoreño a adecuar su legislación para responder a lo establecido en el Acuerdo. Tendríamos un instrumento de protección a personas defensoras de derechos ambientales, hay muchos casos de violencia en el país que están relacionados a esta defensa social. Pero se encubren o invisibilizan con el tema de las pandillas. Y, así, asesinan a alguien y dicen que fueron estos grupos y no investigan realmente a los autores. Además, no tenemos un protocolo de denuncia, no tenemos un protocolo de investigación de personas defensoras, entonces el elemento principal de Escazú sería ese: una legislación que los proteja por su trabajo en defensa del medioambiente.
-¿Qué otros derechos se incluyen en el Acuerdo de Escazú?
Este Acuerdo de Escazú serviría para avanzar en la democracia, en la gobernanza ambiental. ¿Por qué? porque en El Salvador no se habla de esta gobernanza, que es la manera en cómo se toman las decisiones en materia ambiental. Hay una diferencia significativa entre Gobernabilidad y Gobernanza.
-¿Cuál es?
La primera la representan las instituciones del Estado, que son las que toman decisiones de acuerdo a los mandatos de ley que les establece. Y en la gobernanza participamos los ciudadanos y ciudadanas; es decir, ninguna decisión que se adopte en materia ambiental, que no pase por un proceso de participación pública, desde sus etapas iniciales y todo su proceso de toma de decisiones no sería válida. Las decisiones en materia ambiental deben contemplar el criterio del “derecho a la participación”, que incorpora a la ciudadanía. Hay muchos instrumentos de derechos humanos que hablan del principio de participación y en el Acuerdo de Escazú se habla de derechos de acceso.
–¿Cuáles son esos accesos?
Esos derechos que establece el Acuerdo de Escazú son tres: información ambiental, participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental. Entonces, este principio se convierte en un derecho y debe ser respetado, como la participación social en la toma de decisiones que afectarían al país y que en este momento no tenemos ese asidero legal.
–¿Cómo una consulta?
¿Tiene que ver con la consulta? Sí, porque si las personas no participan de la decisión, no puede considerarse que está sustentada en los principios y en los derechos que estable el Acuerdo de Escazú. Sabemos que hay un recomendable de todas las instancias de la consulta interna, que hizo el Ejecutivo, que dan una opinión favorable para que se firme y no sabemos su demora porque tiene el documento desde marzo pasado. Es una decisión política de Gobierno y, por ahora, no tiene prioridad en su agenda de trabajo la dimensión ambiental, no es reconocida como importante. En el contexto de la llamada recuperación económica o reapertura económica, se habla -sobre todo- de recuperar el sistema productivo, casi no se habla del aspecto social y el ambiental, pues está ausente en el discurso y las discusiones.
