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José M. Tojeira
Con el agua estamos en deuda. Fuente de salud y vida, y al mismo tiempo causa de destrucción y muerte en ocasiones, no hemos sabido aprovecharla ni pensarla de cara a nuestro futuro. No hemos querido suscribir el acuerdo de Escazú ni tenemos una política del agua que garantice un futuro digno para todos. Hay mucha gente que carece de acceso adecuado al agua y también personas en riesgo ante luvias intensas y temporales. Colonias de clase media que se asientan sobre importantes acuíferos acaban convirtiéndose en los usuarios absolutos del agua. Ésta a su vez es comercializada por las empresas constructoras y restringida para quienes viven al otro lado de las plumas que vigilan la entrada a las colonias.
La construcción masiva de viviendas en Valle del Ángel es un buen ejemplo de la depredación empresarial de un bien que debe ser de uso común y no privado. Defendiendo el acceso al agua potable y segura como un “derecho humano básico, fundamental y universal”, el Papa Francisco denunciaba la tendencia a privatizarla. Pero en nuestro país la tendencia a la privatización del agua permanece. E incluso el agua de todos se ve amenazada de una peligrosa y amplia contaminación, si se prosigue sin revocar la ley de minería y se instala entre nosotros alguna de esas empresas mineras depredadoras del medioambiente.
En contraste con nuestra situación, esta semana del 24 al 30 de Agosto, se celebra la semana mundial del agua. Para América Latina el tema es impotante. En nuestro subcontinente encontramos un tercio del agua superficial del mundo. Sin embargo, la relación con el agua no es la ideal. Entre 2000 y 2019, más de 150 millones de personas latinoamericanas fueron afectadas por desastres vinculados al agua o a su carencia, sean inundaciones, sequías o tormentas.
También entre el Norte de México y el Sur de Chile y Argentina, 160 millones de personas viven en zonas urbanas expuestas a inundaciones. Una investigación de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, financiada por la fundación Rokefeller, analizó la situación de 188 países con respecto a las amenazas del cambio climático. 65 de ellos están en riesgo extremo. Y de ellos, 30 están en América Latina. Nosotros somos uno de ellos. Y dentro de los 30 países latinoamericanos, estamos entre los siete de mayor riesgo.
El estudio cruza dos elementos que resaltan la vulnerabilidad: las dificultades provenientes de la ubicación geográfica y la organización social, y las dificultades de obtener crédito para recuperarse del desastre. Por nuestra ubicación geográfica, por la falta de preparación preventiva del desastre y por la dificultad para adquirir préstamos dada nuestra elevada deuda, nos encontramos entre los 7 países latinoamericanos más vulnerables ante los desastres climáticos. De poco sirve consolarnos diciendo que estamos mejor que Haití, Venezuela, Guatemala u Honduras.
Tomar en serio la prevención es necesario. Ver, desde hace más de 40 años, esas montañas peladas en las inmediaciones de Apopa, sin que hasta el presente se haya hecho un esfuerzo serio por reforestarlas, es todo un síntoma del abandono y la inercia en la que nos movemos en la prevención medioambiental.
El agua, como el aire, es un bien común y un derecho humano básico. La escasez de agua o su encarecimiento comercial dificultando el acceso, sería un atentado contra la vida humana. Por eso el acceso al agua sana es un derecho inalienable que toda persona puede reclamar. En un país con lluvia más que suficiente para el consumo y el riego, como lo es el nuestro, el agua solamente se convierte en problema porque no se ha ni cuidado ni trabajado el acceso amplio y saludable a la misma. Y si se convierte en problema destructivo en algunos momentos del año, es también por lo mismo. Hemos sido lentos y remisos para prevenir lugares de asentamiento humano, no hemos cuidado los cauces de nuestros ríos ni tampoco los bordos adecuados.
El Papa Francisco decía en su carta encíclica sobre el medio ambiente que “este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. Prevenir los efectos del deterioro del agua y el medio ambiente es defender los derechos de muchos. Perseguir o encarcelar a quienes defienden el agua o el medio ambiente es y será siempre una pésima decisión.
