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Mientras la bancada oficialista de Nuevas Ideas rechazó enviar a estudio una propuesta para reducir en 50% el Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicado a trabajadores durante 2026, tal como lo propuso la diputada opositora Claudia Ortiz, horas más tarde aprobó, con dispensa de trámite, una reforma que reduce los impuestos al contenido de alcohol en bebidas destiladas como whisky, gin, ginebra y otros licores.
Claudia Ortiz solicitó que la iniciativa fuera enviada a la comisión correspondiente para su análisis y discusión; sin embargo, la mayoría oficialista negó sus votos incluso para que el proyecto fuera estudiado.
En su propuesta, la legisladora argumentó que en los últimos años El Salvador ha experimentado un incremento sostenido en el costo de la vida, reflejado en el aumento de precios de alimentos, vivienda, transporte, servicios básicos y otros bienes esenciales.
Según el decreto presentado, este incremento “no ha sido acompañado de políticas fiscales compensatorias suficientes”, especialmente en lo referente a la imposición directa sobre las rentas del trabajo. Ortiz sostuvo que el actual esquema tributario grava el salario sin ajustes estructurales acordes con la realidad económica actual.
“El Impuesto sobre la Renta aplicado a las personas naturales por rentas del trabajo constituye una de las principales afectaciones al ingreso disponible de los trabajadores formales”, expuso la diputada en el documento, señalando que esto reduce la capacidad de las familias para cubrir necesidades básicas, ahorrar y sostenerse adecuadamente.
La iniciativa proponía que la reducción del 50% se aplicara exclusivamente sobre el monto del impuesto ya determinado conforme a la normativa vigente, es decir, después de deducciones y exenciones, sin modificar tablas, tramos ni procedimientos establecidos en la ley. La medida tendría carácter transitorio y aplicaría únicamente durante el ejercicio fiscal correspondiente, con el objetivo de compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo.
A pesar de ello, la propuesta no avanzó en el proceso legislativo.
Reforma fiscal para bebidas alcohólicas
Horas después, la agenda del pleno fue modificada y, con dispensa de trámite —sin discusión en comisión ni análisis previo— se aprobó una reforma a la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas.
La reforma modifica las alícuotas del impuesto específico por contenido de alcohol, reduciendo las tasas aplicables a ciertas bebidas destiladas. Entre los productos beneficiados se encuentran el whisky con grado alcohólico superior al 60%, el gin, la ginebra y otras bebidas clasificadas como “licores”.
Estas bebidas pasaron de pagar $0.16 centavos por grado de alcohol a una tasa que oscila entre $0.05 y $0.09 centavos por grado, dependiendo del contenido alcohólico.
El Gobierno justificó la reforma señalando que, debido a la evolución del comercio de estos productos y en cumplimiento de principios de comercio internacional como el de “trato de nación más favorecida” y “trato nacional”, era necesario homologar las tasas impositivas para bebidas destiladas que sean similares, directamente competidoras o sustituibles entre sí.
Según la explicación oficial, la medida busca evitar distorsiones en el mercado y asegurar condiciones equitativas entre productos nacionales e importados.
Críticas por el procedimiento
Claudia Ortiz cuestionó no solo el contenido de la reforma, sino también el procedimiento mediante el cual fue aprobada. Señaló que el documento fue entregado a los diputados poco antes de la votación, sin tiempo suficiente para comparar las modificaciones con la ley vigente.
“Se aprueba bajar los impuestos sobre el contenido de grado alcohólico al whisky, al gin y a otros licores, pero no se quiso ni siquiera estudiar una propuesta para reducir al 50% el impuesto sobre la renta para trabajadores y trabajadoras”, criticó la legisladora.
Ortiz lamentó que la Asamblea “legisle para bajar impuestos a los licores”, mientras se descarta discutir medidas que, a su juicio, aliviarían directamente la economía familiar.
Por su parte, la diputada oficialista Suecy Callejas respondió que la reforma fue leída en el pleno y que ese procedimiento era suficiente para su análisis antes de la votación.
